(Washington, DC) - La decisión de la Corte Suprema de Chile de negarle la inmunidad a Augusto Pinochet frente al juicio por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado constituye una victoria importante para la justicia, señaló hoy Human Rights Watch. La Corte decidió, con un escaso margen de nueve votos a favor y ocho en contra, confirmar el fallo de un tribunal inferior que dictaminó que el ex dictador podría ser enjuiciado por abusos cometidos en los setenta.
"El fallo de hoy supone un paso importante para pedir responsabilidades a Pinochet por los abusos que cometió su régimen", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Ya no puede servirse de su condición de ex jefe de Estado para protegerse de la justicia", agregó.
El 28 de mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió que se levantase la inmunidad de Pinochet para que fuera juzgado por secuestro, asociación ilícita y tortura. El caso fue presentado por los familiares de 20 víctimas de la “Operación Cóndor”, una operación conjunta de los regímenes militares de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en los setenta que consistía en la colaboración para “desaparecer” a disidentes, así como secuestrarlos y trasladarlos a sus países de origen para torturarlos, interrogarlos y encarcelarlos.
Ya se había levantado la inmunidad de Pinochet en 2000 para que fuera juzgado por el asesinato de 57 presos políticos y la “desaparición” de otros 18 después del golpe militar de 1973 (el caso de la “Caravana de la Muerte”). Sin embargo, dicha decisión era aplicable solamente a ese caso concreto y, en julio de 2002, la Corte Suprema detuvo el juicio alegando que las pruebas médicas demostraban que Pinochet, que ahora tiene 88 años, sufría un deterioro mental irreversible y progresivo.
La Corte Suprema citó esta sentencia cuando rechazó en dos ocasiones los intentos de los abogados de víctimas de Pinochet de que se le retirara la inmunidad para que fuera juzgado por otros casos. La primera ocasión, en diciembre de 2002, fue el caso del asesinato del General Carlos Prats. La segunda, en octubre de 2003, estuvo relacionada con el secuestro y las “desapariciones” en el caso “Calle Conferencia”. Sin embargo, en un fallo sorprendente dictado en mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que era prematuro decidir sobre la condición mental de Pinochet antes de que se iniciara su enjuiciamiento por el caso de la Operación Cóndor. Aceptó el argumento de los abogados de los familiares de que la evaluación de su aptitud para someterse a juicio correspondía al juez que juzgara el caso, mientras que la cuestión de la inmunidad tenía que dilucidarse exclusivamente sobre la base de si la acusación era creíble y estaba bien sustentada. Ésta es ahora la posición de la Corte Suprema.
Las esperanzas de los familiares habían aumentado cuando se supo que el juez Sergio Muñoz, encargado de investigar el origen de la fortuna que Pinochet guardaba en cuentas bancarias secretas en Estados Unidos, había interrogado al ex dictador en su casa, así como a miembros de su familia. Es más, otro juez, Juan Carlos Urrutia, ha ordenado la comparecencia de Pinochet para testificar sobre la muerte del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por soldados en Santiago a los pocos días del golpe militar.
