El Estado mexicano de Jalisco debe realizar una investigación exhaustiva de las denuncias sobre detenciones arbitrarias, tratos inhumanos e incluso torturas, contra las personas detenidas después de la marcha de protesta del 28 de mayo en Guadalajara.

Human Rights Watch ha recibido informaciones confiables de los detenidos sobre brutalidad policial y otros graves abusos por parte de los agentes de seguridad para obtener por la fuerza confesiones auto-incriminatorias de los manifestantes.

"La manifiesta y prolongada conducta abusiva de los policías contra los manifestantes en Guadalajara permite suponer que contaban con anuencia en algún nivel de mando de las fuerzas de seguridad", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Si el Gobernador Ramírez Acuña está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su Estado, debe asegurarse que la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias sean exhaustivamente investigadas y los responsables sancionados".

El viernes 28 de mayo en Guadalajara, miles de personas celebraron una marcha de protesta con motivo de la clausura de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. En la tarde, un grupo de manifestantes se separaron de la marcha y se enfrentaron con la policía antimotines, al parecer arrojándoles piedras, botellas y palos. La policía respondió con gases lacrimógenos y empezó a detener a los manifestantes. Horas después de culminada la marcha, la policía realizó una redada en los alrededores del lugar de la protesta, deteniendo a personas que se encontraban sentadas en parques públicos, en autobuses, caminando por las calles o cuando eran atendidas en la clínica de la Cruz Roja.

Funcionarios oficiales informaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que fueron capturadas 111 personas. De ellas, 59 fueron puestas en libertad sin cargos durante las siguientes 24 horas. Los demás estuvieron privados de la libertad durante el fin de semana. Se han formulado cargos contra 49 personas por supuesta participación en los disturbios. De este grupo, 19 aún permanecen en prisión.

"Evidentemente las autoridades del Estado de Jalisco tienen el deber de investigar a quienes hayan violado la ley durante los disturbios del 28 de mayo", dice la carta. "Sin embargo, la policía estatal y otros funcionarios también tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los detenidos de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución de México".

Norberto Ulloa Martínez, estudiante universitario de 26 años que participó en la marcha, dijo a Human Rights Watch:

El domingo me llevaron solo a una habitación con cuatro policías. Me dieron puñetazos y patadas en la cabeza, la espalda, las piernas y amenazaron con matarme si no firmaba la confesión que habían redactado. Uno de ellos, que llevaba una pistola, me dijo: "si no firmas, te mato". Entonces firmé la declaración.
Karen Vásquez, estudiante universitaria guadalajareña de 20 años, manifestó a Human Rights Watch que la policía sometió a humillación sexual a las detenidas. "Nos enviaron a la habitación en grupos de dos. Teníamos que quitarnos toda la ropa para el registro y después nos obligaron a hacer sentadillas mientras miraban."

En un testimonio escrito entregado a Human Rights Watch, José Martí, un residente de Guadalajara de 20 años, dijo que le habían golpeado repetidamente durante más de dos días:

Nos golpearon amenazándonos que en la declaración teníamos que mencionar que fuimos culpables de los disturbios . . . que golpeamos a policías, de lo contrario no pararían de golpearnos.
Human Rights Watch instó al Gobernador Ramírez Acuña a procurar que se realicen investigaciones imparciales y exhaustivas de los abusos cometidos durante y después de los disturbios del 28 de mayo y a enjuiciar a los responsables. También lo instó a establecer políticas que garanticen que todo policía o funcionario estatal investigado por tratos crueles, inhumanos o degradantes sea suspendido inmediatamente del servicio. Con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, Human Rights Watch le recomendó al Gobernador de Jalisco advertir a la fuerza pública que el trato brutal y la tortura no se tolerarán bajo ninguna circunstancia, y que los funcionarios que incurran en estas prácticas serán destituidos de sus cargos y estarán sujetos a investigaciones penales.