(Nueva York) - El procesamiento contra dos generales por graves violaciones a los derechos humanos durante la "guerra sucia" en México es un avance positivo hacia el establecimiento de responsabilidades penales, dijo hoy Human Rights Watch. Sin embargo, el hecho de que este caso vaya a ser juzgado por un tribunal militar pone en entredicho el éxito del proceso.
Como anunciaron el 27 de septiembre funcionarios del Gobierno, un juez militar ha dictado órdenes de detención contra el brigadier general Arturo Acosta Chaparro y el general Francisco Quirós Hermosillo, ambos encarcelados actualmente por delitos de narcotráfico, así como contra el mayor retirado Francisco Barquín. Los tres oficiales se enfrentan a cargos de homicidio relacionados con la desaparición de 143 personas durante su detención por el ejército en la década de los setenta.
"Al formular cargos contra estos oficiales, el ejército mexicano ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de su papel en los abusos del pasado", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Sin embargo, el juicio de los casos de este tipo debe corresponder en realidad a las cortes civiles".
El sistema de administración de justicia mexicano deja actualmente en manos de las autoridades militares la investigación y el procesamiento de los abusos cometidos por el ejército. Este sistema provoca que graves violaciones queden sin castigo. Una deficiencia importante del sistema de justicia militar es su falta de transparencia, que impide que los civiles supervisen el progreso de las investigaciones. Otro problema grave es su subordinación a las fuerzas armadas como institución, y su falta de responsabilidad ante las autoridades civiles.
En 2001, Human Rights Watch publicó un informe, "Injusticia Militar: La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército", en el que se examinaba el problema de las violaciones de los derechos humanos por parte del ejército en el estado de Guerrero. A pesar de la existencia de pruebas creíbles de abusos cometidos por soldados, los casos languidecieron sin que se adoptaran medidas efectivas.
Aunque el actual fiscal general militar insiste en que su oficina se ha comprometido a investigar los abusos, su capacidad para hacerlo se ve considerablemente menoscabada por un temor generalizado al ejército que disuade las víctimas y testigos civiles de suministrar información a las autoridades militares. Los civiles que han reclamado investigaciones de los presuntos abusos denunciaron represalias contra ellos.
"Cuando se trata de los abusos a los derechos humanos, México no puede esperar que el ejército se vigile a si mismo", dijo Vivanco. "Es una fórmula para garantizar que nadie rinda cuentas".
