Su Excelencia Dr. Alejandro Toledo
Presidente de la República del Perú
Presidencia de la República
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1, Perú
Estimado Sr. Presidente,
Me dirijo respetuosamente a Su Excelencia para expresarle la profunda preocupación de Human Rights Watch por las futuras operaciones aéreas antinarcóticos en Perú. Tenemos entendido que el gobierno de Estados Unidos está intentando restaurar un programa conjunto destinado a interceptar aeronaves sospechosas de transportar drogas ilícitas. Quisiéramos instarle respetuosamente a que rechace dicho programa si éste conllevara el empleo ilegítimo de la fuerza letal contra civiles.
Como bien sabrá Su Excelencia, las normas internacionales sobre la aplicación de la ley limitan estrictamente el empleo de la fuerza letal contra sospechosos que se dan a la fuga. El artículo 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptadas en 1990 por el Octavo Congreso de las Nacio nes Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente) sólo permite el uso intencional de la fuerza letal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida". Las armas de fuego sólo pueden emplearse contra presuntos delincuentes "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro de muerte inminente o lesiones graves" o de "una seria amenaza para la vida" y sólo en caso de que "resulten insuficientes medidas menos extremas".
Nos inquieta profundamente, por lo tanto, la posibilidad de que un nuevo programa aéreo antidroga en Perú pueda violar estas normas al autorizar el derribo de aeronaves que se nieguen a acatar los procedimientos de identificación o desatiendan las órdenes de aterrizar. A no ser que estas aeronaves planteen una amenaza real de muerte o lesiones graves para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o terceras partes, no pueden considerarse objetivos legítimos de la fuerza letal.
Le hemos planteado estas preocupaciones reiteradamente al gobierno estadounidenses. En una carta al Presidente George W. Bush de julio de 2001, por ejemplo, explicamos como el uso de la fuerza letal en las operaciones aéreas antidroga en Perú había constituido una violación del derecho internacional. Lamentablemente, sin embargo, parece que el gobierno de Estados Unidos está intentado ahora eludir responsabilidades por estas violaciones en lugar de ponerles freno. Un nuevo programa en el que se encargue todo el trabajo a pilotos peruanos podría hacer que recayera toda la culpa en el gobierno peruano por las violaciones que se producirían inevitablemente.
Es importante destacar que cualquier programa de este tipo sería totalmente inaceptable aunque incorporara medidas destinadas a evitar "errores" tales como el derribo de un avión que transportaba a una familia de misioneros norteamericanos el año pasado. El espacio aéreo donde se desarrollan las intercepciones de la operación antidroga suele estar surcado por aeronaves que transportan a hombres de negocios, misioneros, turistas y otros civiles respetuosos de la ley; lo que hace que la implementación de cualquier medida de este tipo sea peligrosa, en el mejor de los casos. Pero aunque se puedan evitar "errores" en el futuro, el derribo de una aeronave que no plantea ninguna amenaza inminente contra la vida humana sigue siendo una violación del derecho internaciona l, independientemente de la carga que contenga.
Aunque las autoridades políticas se refieren comúnmente a las iniciativas antidroga en términos de "guerra contra las drogas", es importante tener en cuenta que esta caracterización es runa metáfora por na turaleza. El esfuerzo por frenar el tráfico de drogas no es una guerra, es una labor de aplicación de la ley, y debe estar guiado por las normas relativas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se puede disparar contra los sospechosos como si fueran combatientes en un conflicto armado, por muy fundadas que sean las sospechas de que están involucrados en una actividad ilícita.
El propio Perú ya ha adoptado este principio fundamental en sus esfuerzos por poner freno a la delincuencia callejera y los estallidos de violencia durante las manifestaciones. Le insto respetuosamente a que no comprometa ahora este principio en nombre de la lucha contra las drogas. De la misma manera que su gobierno nunca permitiría la ejecución sumaria de personas que venden drogas en la calle, sería inconcebible que permitiera el derribo sumario de aeronaves con presuntos narcotraficantes.
Aprecio la atención prestada a este asunto importante. Y estaría muy agradecido de tener la oportunidad de poder discutirlo en más detalle con Su Excelencia durante mi visita a Lima la próxima semana.
Aprovecho la ocasión para hacerle partícipe de mi más alta consideración.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo
cc: Embajador Allan Wagner, Ministro de Relaciones Exteriores
cc: Sr. Néstor Popolizo, Encargado de Negocios, Embajada de Perú en Washington, D.C.
cc: Sr. Richard Brown, Encargado de Negocios, Embajada de Estados Unidos en Lima, Perú
