(Washington, D.C.) - Human Rights Watch recibió con satisfacción hoy el fallo judicial argentino que invalida las leyes de amnistía que han impedido el procesamiento de atrocidades cometidas en el país durante la dictadura militar. Al declarar la "inconstitucionalidad e invalidez" de las leyes de obediencia debida y de punto final, el juez federal Gabriel Cavallo ha adoptado una medida importante para poner fin a casi dos décadas de impunidad por crímenes contra la humanidad.

"El fallo judicial refleja el consenso internacional sobre que los responsables de los crímenes más atroces no pueden protegerse con amnistías generales," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Significa que se está viniendo abajo el muro de la impunidad en Argentina."

La Junta Militar de Argentina, que se mantuvo en el poder de 1976 a 1983, fue responsable de crímenes contra la humanidad, entre ellos la tortura, el asesinato y la desaparición sistemática. En el informe de 1984 de la comisión de la verdad argentina se citan 8.961 nombres de personas desaparecidas bajo la dictadura militar, y se señala que esta cifra no es exhaustiva.

Un serie de oficiales de alto rango, entre ellos miembros de la Junta Militar, fueron procesados penalmente y condenados en los ochenta por estos abusos. Sin embargo, la gran mayoría de los responsables militares se vieron cubiertos por las leyes de amnistía nacionales, mientras que los indultos decretados por el entonces Presidente Menem, en 1989 y 1990, pusieron en libertad a los que habían sido condenados.

Once ex oficiales del ejército, entre ellos el Presidente de la primera Junta Militar, han sido detenidos recientemente en conexión con los juicios relacionados con los niños desaparecidos, una categoría de delitos no cubierta por las leyes de amnistía. El caso que está siendo procesado por el Juez Cavallo se cita a una niña de ocho meses, Claudia Victoria Poblete, que fue presuntamente detenida por los militares junto con sus padres, Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete, en 1978. Aunque los acusados en este caso podían ser procesados por el robo de una niña, hasta ahora no podían ser juzgados por la desaparición y tortura de sus padres.

"La decisión de anular la amnistía aumentará la esperanza de que se haga justicia en este caso y en otro similares," dijo Vivanco.