(Nueva York) — Human Rights Watch aplaudió hoy la decisión de la judicatura mexicana de detener a Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino que ha sido acusado de abusos violentos a los derechos humanos durante la dictadura militar de Argentina. Según el fallo judicial, hecho público el sábado, los funcionarios españoles que solicitaron la detención de Cavallo tienen ahora 60 días formalizar la petición de extradición.
La detención de Cavallo se produjo poco después del arresto y detención el 6 de agosto en Roma de otro ex militar argentino, el mayor retirado Jorge Olivera. Aunque Olivera está detenido conforme a una orden internacional de captura dictada por un juez francés, ha sido acusado también de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura. El procesamiento de Cavallo depende de la competencia del juez español Baltasar Garzón, conocido por su procesamiento de ex dictador chileno Augusto Pinochet, mientras que el caso de Olivera está en manos del juez francés Roger Le Loire.
"Después de tantos años de impunidad por los crímenes del régimen militar argentino, es alentador ver a estos dos hombres detenidos y enfrentados a una verdadera posibilidad de procesamiento," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "Estos casos son una prueba más de que el procesamiento de Pinochet ha creado un ambiente favorable para el juicio penal de graves violaciones a los derechos humanos."
Cavallo y Olivera son los primeros argentinos arrestados en el extranjero por crímenes de derechos humanos cometidos en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Cavallo fue detenido en Cancún el jueves 24 de agosto, cuando intentaba partir en avión a Buenos Aires. Hasta el momento de su detención, vivía en México donde ocupaba el cargo de director del Registro Nacional de Vehículos (Renave). Olivera, que vive en Argentina, fue detenido en el aeropuerto de Roma cuando regresaba de unas vacaciones junto a su esposa.
Según el auto de procesamiento de noviembre de 1999 dictado por el juez español Garzón, Cavallo, conocido por el nombre de Miguel Ángel Cavallo, era un teniente de Fragata destacado en la notoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, durante el régimen militar. El auto señala que entre enero de 1977 y octubre de 1978, Cavallo perteneció al sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2, un grupo involucrado activamente en el secuestro y tortura de personas consideradas izquierdistas por el ejército. En el auto se cita a Cavallo como uno de los participantes en la tortura de Thelma Jara de Cabezas, y la ejecución de Mónica Jáuregui y Elba Delia Aldaya.
Olivera está acusado del secuestro y desaparición de la ciudadana francesa Marianne Erize, el 15 de octubre de 1976 en la provincia de San Juan. En esa época, era presuntamente un agente de inteligencia dentro del Regimiento 22 del Ejército. El senador argentino José Luis Gioja, cuyas declaraciones aparecieron en los diarios Página 12 y Clarín, afirma que Olivera participó en su tortura cuando era un preso político en San Juan en 1976.
En Argentina se están realizando asimismo progresos importantes en el procesamiento de los abusos cometidos durante la "guerra sucia," señaló Vivanco. Se ha detenido a una serie de oficiales militares, entre ellos el presidente de la primera Junta Militar, en relación con los procesamientos por los niños "desaparecidos". Según las Abuelas de la Plaza de Mayo, más de 200 niños fueron separados de personas "desaparecidas" durante la dictadura militar. Los niños fueron secuestrados junto con sus padres o nacieron en los centros de detención clandestinos durante el cautiverio de sus padres. Las leyes de amnistía que impiden el procesamiento de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar excluyen específicamente estos casos.
En el informe de 1984 de la comisión de la verdad de Argentina (CONADEP) se citan 8.961 personas desaparecidas durante la dictadura militar, y se señala que esta cifra no es exhaustiva. Aunque en los ochenta se procesó penalmente a algunos oficiales de alto rango por estos abusos, la gran mayoría de los criminales militares fueron protegidos por las leyes de amnistía nacionales, mientras que los indultos decretados por el entonces Presidente Menem en 1989 y 1990 pusieron en libertad a los que habían sido condenados. "La lucha por la justicia en Argentina ha sido constante desde entonces," explicó Vivanco. "Los procesamientos actuales, tanto en Argentina como en el extranjero, han reavivado la esperanza de que se haga justicia."
