(Santiago de Chile) - Ocho años después de que Chile recobrara la democracia, las restricciones legales a la libertad de expresión son más extensas que en ningún otro país democrático del hemisferio occidental, según un informe publicado hoy por Human Rights Watch.

En el informe de 250 páginas, Human Rights Watch acusa a los dirigentes del gobierno de no reformar las leyes autoritarias sobre la libertad de expresión impuestas por los militares, así como algunas leyes previas al régimen militar. "Si se rasguña un poco sobre la superficie de la democracia, se puede encontrar una profunda desconfianza en el debate público," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Los líderes civiles siguen atemorizados ante la enorme influencia de Augusto Pinochet en la sociedad chilena, un legado de sus 17 años de dictadura."  
 
El General Pinochet, que entregó el gobierno a los civiles en 1990, fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, por los cargos de crímenes de lesa humanidad formulados por un juez español.  
 
La Ley de Seguridad del Estado de 1958 castiga las críticas duras a las autoridades gubernamentales, los jefes militares, los jueces de la Corte Suprema e incluso los miembros del Congreso. Dichas críticas se consideran una ofensa contra el orden público, sancionable con hasta cinco años de cárcel. Desde 1990, ocho políticos y 15 periodistas han sido detenidos y procesados en virtud de esta ley, que constituyó una herramienta importante para que el General Pinochet persiguiera a sus críticos en materia de derechos humanos.  
 
El Congreso y los miembros de la judicatura también han interpuesto varias demandas basadas en la Ley de Seguridad del Estado. Un ex ministro de Pinochet fue objeto de una condena en 1996 por insultos al Congreso, un caso que está siendo considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. "Esta ley reprime el debate público, independientemente de quién inicia el procesamiento,"dijo Vivanco, quien instó al Presidente Frei a buscar la inmediata revocación de la ley.  
 
Además, varios artículos del Código de Justicia Militar limitan las críticas de carácter político. Por ejemplo, los tribunales militares son los encargados de juzgar el crimen de sedición, lo que priva a los críticos civiles del derecho a ser juzgados por una corte imparcial e independiente. Las leyes vigentes permiten que los jueces prohiban cualquier cobertura periodística de los procedimientos judiciales sobre casos penales polémicos, y por lo tanto que se oculten las posibles deficiencias en las investigaciones y los procesos judiciales.  
 
En el informe se denuncia que los jueces aplican la ley al pie de la letra, pero no tienen en cuenta principios básicos de derechos humanos. "En los últimos años, hemos podido ver como los jueces establecían una jerarquía de derechos constitucionales, en la que la libertad de expresión quedaba constantemente por debajo de otros derechos, como el honor o la intimidad,"dijo Vivanco. Los jueces emplearon este argumento para censurar un libro que se puede adquirir libremente en el resto del mundo (Inmunidad diplomática del periodista Francisco Martorell) y una película exhibida ampliamente fuera del país (La última tentación de Cristo de Martin Scorsese).  
 
La censura cinematográfica, aunque es menos importante hoy en día que durante el gobierno militar, sigue estando contemplada explícitamente en la Constitución y está a cargo de una agencia no democrática que opera mayormente en secreto, el Consejo de Calificación Cinematográfica. Recientemente, la televisión chilena ha estado en el centro del debate público debido a la impopularidad de las restricciones que afectan al cable, que llega actualmente al 25 por ciento de los hogares chilenos. Entre estas restricciones se encuentran tanto las estrictas regulaciones gubernamentales sobre las emisiones en las que aparece sexo y violencia, como la política editorial de los operadores locales, que cortan habitualmente los programas y las películas de las compañías internacionales de cable.  
 
En el informe de Human Rights Watch se concluye que la autocensura es un fenómeno generalizado en la televisión, debido en parte a que el organismo gubernamental de control de la televisión aplica estrictamente regulaciones mal definidas sobre la moral. Además, Human Rights Watch declaró que los directores del canal público, Televisión Nacional, han sacrificado cada vez más el pluralismo en aras de las opiniones inofensivas, lo que dificulta la posibilidad de encontrar programas televisivos con un verdadero contenido crítico.