El gobierno quebranta activamente el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos y coarta la libertad de expresión y de reunión. Jueces y fiscales se enfrentan a procedimientos disciplinarios por defender el Estado de derecho. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos de la mujer y la migración han visto reducida su financiación estatal. La comunidad LGBT de Polonia ha sido atacada regularmente por el partido gobernante, declarando algunas ciudades "zonas libres de LGBT". Los guardias fronterizos polacos deniegan sistemáticamente el acceso al asilo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y devuelven sumariamente a los solicitantes de asilo a Bielorrusia. Las investigaciones penales sobre un programa secreto de detención de la CIA en territorio polaco están paralizadas.

 

 

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