(Bruselas) – Los líderes nacionales y de la Unión Europea (UE) no abordaron graves problemas de derechos humanos que se manifestaron en la región en el contexto de la crisis económica y política de 2012, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial de 2013. Human Rights Watch documentó problemas de derechos humanos que existen en la UE y destacó diversos acontecimientos ocurridos en 10 estados miembros y cambios en la política de la UE en materia de migración, asilo, discriminación e intolerancia, y lucha contra el terrorismo.

Ante el deterioro de los derechos en Hungría y otras regiones, las instituciones y los estados miembros de la UE no han logrado en gran medida cumplir los compromisos establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, sobre todo cuando los afectados fueron grupos marginados o segregados como los romaníes, los migrantes y personas que piden asilo, comprobó Human Rights Watch. Algunos tribunales europeos y nacionales respondieron de manera más contundente, al igual que el Consejo de Europa, el organismo regional encargado de vigilar la situación de los derechos humanos. En un informe sobre derechos fundamentales en la UE publicado en diciembre, el Parlamento Europeo instó a que la UE adoptara medidas más efectivas para poner fin a abusos ocurridos dentro de su territorio, incluida una aplicación más rigurosa de los procedimientos de infracción de la Comisión Europea.

“Resulta llamativo que muchos de los cambios positivos de este año se hayan producido como resultado de sentencias judiciales en vez de decisiones de líderes políticos”, dijo Benjamin Ward, subdirector de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Si Europa piensa realmente ejercer su liderazgo en lo que respecta al reconocimiento de derechos en el exterior, sus gobiernos deben comenzar a adoptar medidas positivas para proteger los derechos en el ámbito interno.

En su informe de 665 páginas, Human Rights Watch evaluó los avances conseguidos en materia de derechos humanos en más de 90 países durante el año pasado, incluido un análisis de la situación luego de la Primavera Árabe. El interés de los nuevos gobiernos en que se respeten los derechos será determinante para que la Primavera Árabe pueda ser el origen de democracias genuinas en vez de simplemente propiciar el mismo autoritarismo de siempre bajo una nueva máscara, indicó Human Rights Watch.

Los ciudadanos sirios que escapan de la violencia en su país se encontraron en Europa con un sistema de protección totalmente azaroso, según comprobó Human Rights Watch, en el cual Alemania otorgó medidas de protección temporal, mientras que Grecia detuvo y en algunos casos deportó a estas personas. Si bien hubo modestos avances en las acciones para asegurar y mejorar las normas comunes europeas sobre asilo, numerosas personas que pidieron asilo, entre ellas niños que no estaban acompañados por adultos, debieron afrontar obstáculos durante el proceso, recibieron condiciones de acogida deficientes, y fueron objeto de detenciones rutinarias y procesos sumarios de retorno en algunos países de la UE, especialmente Grecia, expresó Human Rights Watch.

En algunos casos, países como el Reino Unido privilegiaron las acciones contra el terrorismo por sobre el reconocimiento de ciertos derechos. Países que han tenido complicidad en torturas ocurridas en el extranjero o han estado implicados en abusos cometidos por la CIA, como el Reino Unido, Rumania, Polonia y Lituania, se mantuvieron renuentes a la posibilidad de que sus funcionarios rindan cuentas por su actuación.

El problema de la intolerancia es materia de profunda preocupación, y diversos expertos del Consejo de Europa advirtieron en mayo que la recesión económica y las medidas de austeridad estaban propiciando la violencia contra inmigrantes. En Grecia, un partido neonazi consiguió varios escaños en el parlamento en junio, si bien en otros países los partidos extremistas no tuvieron el mismo éxito. En muchos casos, la policía y la justicia en Grecia, Italia, Hungría y también otros países no respondieron con firmeza ante actos de violencia contras migrantes y minorías, incluida la población romaní, que representa la minoría más numerosa de Europa y ha sido tradicionalmente discriminada en toda la región.

“La relación entre la crisis económica, la intolerancia y el apoyo a partidos extremistas es compleja”, aseveró Ward. “Sin embargo, combatir la violencia y la discriminación es un paso crucial para impedir que se siga desintegrando aún más el tejido social”.

Principales acontecimientos de 2012
El deterioro de la situación de derechos humanos en Hungría pone en evidencia la débil respuesta de las instituciones de la UE frente a abusos ocurridos dentro de sus fronteras. A lo largo del año, el gobierno húngaro ignoró reiteradamente las recomendaciones de la UE y el Consejo de Europa en ámbitos como libertad de medios de comunicación e independencia del poder judicial. No tuvo en cuenta una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre jubilación obligatoria de jueces. Pero más allá de esta sentencia, la UE no aplicó las herramientas políticas y jurídicas a su disposición, incluso en casos en que era evidente que Hungría no tenía intención de cumplir sus recomendaciones.

Si bien la cantidad de embarcaciones con migrantes se redujo respecto de 2011 –un año durante el cual se registró una cifra récord de cruces y muertes en el mar – para fin de año más de 300 migrantes y personas que pedían asilo, incluidos ciudadanos sirios, habían muerto en las aguas mientras intentaban llegar a la costa de Europa. Los estados miembros de la UE no cumplieron las recomendaciones formuladas por el Consejo de Europa en un informe publicado en Abril, en el cual se denunció un “repertorio de omisiones” que redundaron en la muerte de 63 migrantes que se trasladaban en una embarcación en abril de 2011, mientras tenía lugar el conflicto en Libia y existía una fuerte presencia de la OTAN en el Mediterráneo.

Luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaran varios pronunciamientos sobre el tema, los estados miembros de la UE se comprometieron a reformar el Reglamento Dublín II (que integra las normas relativas a asilo de la UE) para impedir que se traslade a otro país de la UE a quienes pidan asilo, cuando existen riesgos de que estas personas reciban allí un trato inhumano o degradante. Sin embargo, las reformas mantuvieron la regla general según la cual corresponde al primer país de ingreso en la UE analizar los pedidos de asilo, lo cual supone una carga desproporcionada para países ubicados en las fronteras de la UE, particularmente Grecia, cuyo sistema de asilo presenta falencias crónicas pese a las iniciativas de reforma y donde existen condiciones de detención inhumanas y degradantes.

Una encuesta llevada a cabo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea mostró que los romaníes en la región todavía vivían en condiciones de indigencia y exclusión social, y que los migrantes de esta población eran desalojados sistemáticamente de campamentos informales en Italia y Francia. Una campaña implementada en Francia durante el verano para desalojar y deportar a romaníes migrantes fue repudiada enérgicamente por expertos de la ONU en cuestiones de vivienda, derechos de migrantes, derechos de minorías y racismo, mientras que la Comisión Europea señaló únicamente que continuaría examinando la situación. Rumania efectuó desalojos forzados de romaníes sin ofrecer a estas personas alternativas de vivienda adecuadas. Tan sólo en la ciudad de Baia Mare, varios cientos de romaníes podrían ser desalojados inminentemente de asentamientos informales.

Se observó una aplicación de criterios selectivos étnicos por policías y oficiales de frontera en varios países de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos y España. En octubre, un tribunal administrativo de apelaciones de Alemania dejó sin efecto el pronunciamiento de un tribunal inferior que justificaba el uso de criterios raciales durante controles para detectar migrantes en situación irregular. El gobierno francés dio marcha atrás en su compromiso de poner fin a los abusos ocurridos durante controles de identidad, como la selección de personas en función de criterios étnicos, y propuso reformas insatisfactorias.

No han sido los gobiernos sino la justicia la que consiguió algunos avances para que los responsables de abusos cometidos en el marco de acciones contra el terrorismo rindan cuentas por sus actos. En diciembre, el TEDH determinó que Macedonia era responsable por la detención ilegal, la tortura y el traslado ilegítimo en 2003 de Khaled El Masri, un ciudadano alemán entregado en forma extrajudicial a Afganistán, mientras se encontraba bajo custodia de la CIA. En septiembre, el máximo tribunal italiano confirmó la condena dictada en rebeldía contra 23 ciudadanos estadounidenses por el secuestro y la entrega extraordinaria a Egipto en 2003 del ciudadano egipcio Abu Omar, y dispuso que cinco agentes de inteligencia italianos anteriormente absueltos en una instancia inferior debían recibir un nuevo juicio.

En enero, el gobierno del Reino Unido frenó una investigación para establecer la complicidad de este país en torturas y entregas extraordinarias ocurridas en el extranjero que había sido fuertemente criticada por falta de independencia y autoridad suficientes, alegando que se habían iniciado nuevas investigaciones penales para determinar la complicidad en entregas extraordinarias a Libia efectuadas con fines de tortura. No resulta claro si la nueva investigación propuesta tendrá autoridad suficiente para esclarecer la verdad. Las investigaciones efectuadas en Polonia, Rumania y Lituania sobre la posible colaboración con el programa de entregas extraordinarias de la CIA avanzaron lentamente y sin conseguir resultados significativos, en tanto en septiembre el Parlamento Europeo emitió una resolución condenando la falta de transparencia y la invocación del secreto de Estado para impedir que los responsables rindan cuentas por sus acciones en forma pública.