Europa sufre un grave retroceso en derechos humanos. La manera en la que responda sus instituciones determinará si sigue siendo lo que fue
La amenaza es real. Se han incorporado recientemente a las coaliciones gobernantes de Austria e Italia una serie de líderes populistas radicales que promueven políticas destinadas a desmantelar las salvaguardias para los derechos humanos. El Partido de la Libertad y la Liga Norte usan sus posiciones para promover políticas basadas en el odio y la intolerancia. Pero en ambos países, al menos de momento, la complejidad de las coaliciones gobernantes les ha puesto difícil destruir instituciones democráticas.
En Hungría y Polonia, sin embargo, los partidos populistas radicales están en el poder en solitario. La Fidesz y el Partido Ley y Justicia (PiS) han aprovechado la oportunidad para debilitar el Estado de derecho y otros contrapesos democráticos de su poder.
En Polonia, el PiS de Jaroslaw Kaczyski está en proceso de acelerar su purga del poder judicial del país, la última red de protección frente a los abusos de quienes gobiernan, con absoluto desprecio de las actuaciones en curso en Bruselas y Luxemburgo, y de la indignación de su propia ciudadanía. Se restringen cada vez más los derechos de las personas a tomar pacíficamente la calle y a expresar sus opiniones.
Por su parte, el partido gobernante de Hungría acelera el ritmo de las 'reformas' para despojar a las personas de derechos y libertades que, una vez desaparecidos, será difícil recuperar. Budapest ha limitado la capacidad del Tribunal Constitucional del país para hacer rendir cuentas al Gobierno. La Fidesz también ha atacado a la vibrante sociedad civil y a la comunidad académica del país. En los últimos dos años, el Gobierno ha introducido una versión de la tristemente famosa ley rusa sobre 'agentes extranjeros' para estigmatizar a los grupos de derechos humanos que reciben financiación de otros países y ha criminalizado actividades legítimas relacionadas con la migración. Otros cambios legales recientes limitan la capacidad de las personas para protestar pacíficamente, criminalizan a las personas sin hogar y menoscaban aún más la independencia del poder judicial. El objetivo es limitar la capacidad de la ciudadanía húngara para agruparse y hacer oír sus voces.
Las autoridades de Polonia y Hungría justifican estas medidas con las victorias electorales de sus partidos. Pero ganar unas elecciones no da a ningún Gobierno un cheque en blanco para desintegrar las protecciones de los derechos humanos.
La respuesta de los Gobiernos e instituciones de Europa al desvergonzado autoritarismo de Hungría -una amenaza existencial a un orden basado en derechos- es lamentablemente débil. Durante años, han acogido, halagado y advertido al Gobierno de Hungría, siempre en vano. Ahora, mientras aumenta en una serie de países de la UE la influencia de quienes pretenden abiertamente desmantelar las protecciones de los derechos humanos, es mucho lo que está en juego, no sólo para la ciudadanía de cualquier Estado miembro, sino también para todas las personas que consideran a la UE su hogar.
La Comisión Europea hizo lo correcto cuando, en respuesta a la crisis judicial de Polonia, aplicó el mecanismo previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, cuya finalidad es servir de salvaguardia para los valores fundamentales de la Unión. Ahora depende de los Gobiernos de ésta garantizar que el ataque contra el sistema judicial de Polonia tiene consecuencias graves.
Pero la mayor prueba del compromiso de la UE con los derechos humanos y el Estado de derecho se producirá en apenas unos días, el 12 de septiembre, cuando los y las representantes elegidos tengan la oportunidad de actuar sobre Hungría. A diferencia de lo ocurrido con Polonia, la Comisión Europea no se ha ocupado de Hungría con la aplicación del artículo 7, por lo que serán los miembros del Parlamento Europeo quienes tengan la responsabilidad de usar sus votos para poner en marcha este procedimiento. El artículo 7 es una medida que debe aplicarse cuando los principios fundamentales de la UE se ven gravemente amenazados. Eso es lo que está pasando hoy en Hungría, al igual que en Polonia.
En definitiva, una votación para aplicar el artículo 7 no es un ataque contra Hungría ni contra la ciudadanía húngara, diga lo que diga el Gobierno. Antes bien, sería una votación para hacer cumplir los valores y derechos fundamentales de la UE, y un llamamiento a Hungría para que vuelva al camino común que los respeta y protege.
La decisión del Parlamento Europeo de aplicar el artículo 7 exige una mayoría de dos tercios y la votación será ajustada. Lamentablemente, hasta la fecha, muchos partidos democristianos parecen más preocupados por mantener su posición política dominante en el Parlamento que por defender los valores democráticos centrales de la UE. Su grupo político, conocido como Partido Popular Europeo (EPP), es el más numeroso del Parlamento.
Con la celebración de nuevas elecciones parlamentarias el año que viene, puede que a los miembros del EPP les preocupe el hecho de que necesitan los votos de la Fidesz húngara para mantener su mayoría parlamentaria. Pero si los parlamentarios del EPP rechazaran la actuación de la UE sobre Hungría para dar prioridad a su poder político, en última instancia sólo menoscabarán el orden basado en derechos que deberían hacer respetar. Sería un error de cálculo catastrófico que, además, se volverá contra ellos.
Varios parlamentarios y parlamentarias de centro derecha, incluidos los democristianos austriacos y neerlandeses y Fine Gael, de Irlanda, han manifestado que apoyarían la aplicación del artículo 7 en Hungría o ya han votado en ese sentido en las comisiones del Parlamento Europeo. Por desgracia, muchos otros continúan siendo preocupantemente ambiguos. La mayoría de quienes están viendo los toros desde la barrera son miembros de los mayores partidos de centroderecha europeos dentro del EPP, incluidos los 29 miembros de la Unión Demócrata Cristiana alemana, los 20 republicanos de Francia y los 17 miembros del Partido Popular español.
Es hora de que los líderes democristianos muestren dónde están respecto a los principios fundamentales de Europa. Ya no hay margen para las evasivas: deben mostrar liderazgo.
Tras el último ataque contra el poder judicial en Polonia, la presidenta del Tribunal Supremo polaco Malgorzata Gersdorf se comprometió "a permanecer unidos en la defensa de la democracia y de unos tribunales independientes". Del mismo modo, en toda Hungría hay muchas personas que siguen defendiendo los derechos humanos. La pregunta ahora es: ¿tendrán los líderes democristianos de Europa el temple necesario para mantenerse a su lado?
