Cuando los investigadores de Human Rights Watch entrevistan a víctimas y testigos de abusos, los entrevistados suelen pedir permanecer en el anonimato. Se puede entender por qué. Viven con miedo -miedo justificado- a las consecuencias que podría tener hacer pública su información.
No cabría esperar que los periodistas tuvieran esa preocupación. Al fin y al cabo, todos los días comparten información con su propio nombre. O, al menos, no se puede esperar eso de los periodistas de un Estado miembro de la Unión Europea. Se supone que viven en un sistema que defiende los valores democráticos y los derechos humanos, como la libertad de expresión.
Por eso, quizá el punto más revelador de nuestro nuevo informe sobre la libertad de prensa en Grecia es que muy pocos periodistas con los que hablamos estaban dispuestos a ser identificados. Temen las represalias. Y es comprensible.
Grecia vive hoy una crisis de libertad de prensa. Es también una crisis del Estado de derecho y una amenaza para la democracia.
Desde que el actual gobierno asumió el cargo en julio de 2019, el entorno para la información periodística independiente se ha vuelto cada vez más hostil. Nuestra nueva investigación documenta el acoso por parte de funcionarios del gobierno, así como la intimidación, la vigilancia y las demandas abusivas.
Podría decirse que el ejemplo más conocido fue a partir de 2022, cuando se sospechó fuertemente que el gobierno había utilizado el software espía Predator para atacar a periodistas, y a otros.
Pero no fue un caso aislado.
Los periodistas nos describieron -de nuevo, la mayoría de forma anónima- sus pruebas o fuertes sospechas de vigilancia estatal. Algunos nos contaron que estaban siendo objeto de programas espía. Otros citaron herramientas más anticuadas, como las escuchas telefónicas.
Estas acciones y amenazas del gobierno no sólo suscitan serias preocupaciones en relación con la privacidad y la libertad de expresión. También causan escalofríos en la información.
¿Cómo pueden los periodistas hacer su trabajo de búsqueda de información cuando tanto ellos como sus fuentes tienen que preocuparse de que alguien les escuche?
A esta sombría situación se suma la elevada concentración de la propiedad privada de los medios de comunicación en Grecia. Unos pocos individuos poderosos, muchos de ellos vinculados al partido gobernante, controlan muchos medios de comunicación.
En cuanto a los medios de comunicación públicos, la situación es igual de mala, si no peor. El gobierno ha socavado la independencia tanto de la radiotelevisión estatal como de la agencia estatal de noticias.
Otro problema importante es la utilización del sistema judicial contra los periodistas. Esto se hace principalmente a través de demandas abusivas, una forma de represalia, a menudo llamadas SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation).
La amenaza de una SLAPP, junto con el resto del acoso y la intimidación, lleva a los periodistas a contenerse. La autocensura está muy extendida.
El público es la víctima final. Su derecho a la información está minado y la democracia se debilita.
Por supuesto, las cosas no deberían ser así, especialmente en un Estado miembro de la Unión Europea que se ha comprometido a defender los valores democráticos y los derechos humanos.
La Comisión Europea tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de estos valores fundamentales. Tiene que implicarse más para ayudar a hacer retroceder la crisis de los medios de comunicación en Grecia.
Los periodistas nunca deberían tener miedo de denunciar.
