Esta semana, el Parlamento de Georgia votará un nuevo proyecto de ley que introduce sanciones penales contra los activistas y grupos no gubernamentales que se nieguen a registrarse como "agentes extranjeros".
Las personas o grupos tendrán que registrarse como agentes extranjeros si operan bajo la "influencia:, vagamente definida, de un patrocinador extranjero o reciben financiación de éste y realizan "actividades políticas" en interés de dicho patrocinador.
También se les exige que presenten a las autoridades declaraciones financieras anuales detalladas y dos copias de cualquier declaración pública. Los individuos y grupos registrados también deben marcar sus declaraciones públicas como procedentes de un "agente extranjero".
¿Te suena? Pues bien, el nuevo proyecto de ley, que probablemente sustituirá a la ley de "influencia extranjera" aprobada el año pasado, ha provocado enormes protestas en las calles de Georgia desde su presentación.
¿Qué ocurre si los activistas y las organizaciones no cumplen este nuevo proyecto de ley represivo?
Sólo hay opciones erróneas: O aceptas ser estigmatizado como "agente extranjero" o te enfrentas a multas penales de miles de euros. Incluso podrías enfrentarte a hasta cinco años de cárcel.
Así que el proyecto de ley no sólo viola los derechos humanos fundamentales, sino que probablemente obligará a la sociedad civil de Georgia a exiliarse o a abandonar por completo su trabajo.
El partido gobernante responsable de este proyecto de ley, Sueño Georgiano, está sumiendo al país en una crisis de derechos humanos cada vez más profunda.
En su rápido declive hacia el autoritarismo, que se aceleró tras la decisión de noviembre de 2024 de abandonar la adhesión del país a la UE, ha provocado protestas públicas masivas en todo el país, que continúan hoy en Tiflis.
El gobierno respondió a estas protestas en 2024 con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma contra manifestantes en su mayoría pacíficos. La policía golpeó, detuvo y torturó a cientos de manifestantes.
Desde entonces, ha modificado el código penal y administrativo con medidas abusivas que incluyen elevadas multas y penas de cárcel por "insultar verbalmente" a funcionarios públicos y autorizan a la policía a detener "preventivamente" a una persona durante 48 horas si previamente ha estado implicada en una infracción administrativa.
Aunque todas estas enmiendas son muy problemáticas, las disposiciones del nuevo proyecto de ley violan claramente las obligaciones contraídas por Georgia en virtud de múltiples tratados de derechos humanos para defender los derechos a la libertad de asociación y de expresión.
En pocas palabras: si se aprueba esta ley, podría ser el fin de la sociedad civil de Georgia.
No permitamos que este proyecto de ley se apruebe en el Parlamento, es una opción falsa para Georgia.
