Tengo el honor de dirigirme a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, en nombre de Human Rights Watch, para expresar nuestra preocupación sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el actual régimen de excepción.
El Salvador ha enfrentado durante décadas una crisis de violencia perpetrada por organizaciones criminales, principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Estas organizaciones han aterrorizado a las comunidades a través de la extorsión, el asesinato, el reclutamiento de menores y otros crímenes atroces. Como ha documentado Human Rights Watch, los gobiernos anteriores no implementaron estrategias efectivas para abordar esta violencia y proteger los derechos a la vida y la integridad física de los salvadoreños.
En respuesta a una escalada de violencia en marzo de 2022, el gobierno del Presidente Nayib Bukele anunció una “guerra contra las pandillas” y la Asamblea Legislativa, dominada por los aliados de Bukele, aprobó un régimen de excepción que aún sigue vigente. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han realizado cientos de operativos masivos en comunidades de bajos ingresos que han resultado en la detención de más de 83,000 personas. Desde la adopción de estas medidas, la tasa de homicidio ha disminuido significativamente, y las personas que hemos entrevistado en distintas zonas del país reportan sentirse más seguras de la violencia por parte de pandillas.
Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Una reciente investigación de Human Rights Watch, titulada “Su hijo no existe aquí”, documenta graves violaciones de derechos humanos contra niños y niñas de 12 a 17 años. El equipo de investigación visitó los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Cuscatlán, analizó documentos oficiales y realizó más de 90 entrevistas con diversos actores, incluyendo víctimas de abuso, jueces, policías y expertos en seguridad. También le solicitamos en reiteradas ocasiones información oficial al gobierno, pero en la mayoría de los casos no recibimos respuestas sustantivas por parte de las autoridades.
Nuestra investigación documentó decenas de detenciones de niños y niñas. En muchos casos, las detenciones parecen haberse basado en la apariencia física de las personas y en denuncias anónimas, y no en evidencia creíble. En entrevistas con Human Rights Watch, varios agentes de policía dijeron que muchas detenciones fueron impulsadas por una política de “cuotas”, que exigía a los agentes detener a cierto número de personas por día.
Estas detenciones arbitrarias han impactado especialmente a los jóvenes de comunidades ya afectadas por la pobreza y la exclusión social, muchos de los cuales fueron previamente víctimas de la violencia de las pandillas.
Nuestro informe también documenta casos de torturas y tratos inhumanos, incluyendo quemaduras, golpizas, asfixias y simulacros de ejecución. Además, documentamos prácticas de castigo colectivo donde niños y niñas eran sometidos a represalias por el comportamiento de otros detenidos, una práctica que constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos por su naturaleza arbitraria y degradante.
Asimismo, las autoridades en El Salvador han incumplido con su deber de proteger a los niños y niñas de la violencia ejercida por otros detenidos, incluyendo casos de violencia sexual.
Los testimonios de menores que permanecieron en centros de detención durante 2022 y 2023 revelan condiciones deplorables: celdas sobrepobladas e insalubres, falta de alimentación adecuada, así como restricción o negación total de acceso a medicamentos, atención médica y educación. En algunos casos, los niños fueron detenidos junto con adultos.
El gobierno y diversas fuentes señalan mejoras progresivas en las condiciones de los centros de detención juvenil, atribuidas parcialmente a la intervención de organizaciones humanitarias y embajadas extranjeras. Sin embargo, las autoridades han rechazado en la práctica las solicitudes de Human Rights Watch para verificar estas condiciones in situ, a pesar de su ofrecimiento inicial de que permitirían el acceso a nuestros investigadores.
El análisis de expedientes judiciales revela graves violaciones al debido proceso y las garantías judiciales de los niños detenidos, incluyendo sentencias basadas exclusivamente en testimonios policiales no corroborados, así como la práctica de presionar a los menores para que se declaren culpables en procedimientos colectivos.
Las últimas cifras oficiales disponibles, de enero de 2024, indican que 3.319 niños fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. De estos, se informó que 841 permanecían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena. Sin embargo, muchos de los niños liberados continúan siendo estigmatizados por parte de las fuerzas de seguridad, quienes amenazan con volver a detenerlos.
No hay indicios de que el gobierno de El Salvador esté investigando de manera creíble a las fuerzas de seguridad implicadas en abusos cometidos durante el régimen de excepción. En una carta enviada a Human Rights Watch después de la publicación de nuestro informe, el gobierno rechazó investigar los casos que documentamos. Al mismo tiempo, las autoridades no han garantizado una rendición de cuentas genuina por las atrocidades cometidas por las pandillas.
El Congreso y el gobierno de EE.UU. pueden tomar medidas específicas para promover políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos para abordar la violencia de las pandillas en El Salvador.
El Congreso debería condicionar cualquier financiamiento a entidades gubernamentales salvadoreñas implicadas en abusos, incluyendo la policía y la fuerza armada, a progresos significativos para prevenir e investigar abusos. El gobierno de EE.UU. debería también aumentar el apoyo a medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil, quienes juegan un papel crítico en la promoción de la democracia y los derechos humanos en el país.
El Congreso y el gobierno de EE.UU. deberían instar a las autoridades salvadoreñas a crear un mecanismo de revisión de los casos de detención ocurridos durante el régimen de excepción, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas. El gobierno salvadoreño debería priorizar el procesamiento de los líderes de alto nivel de las pandillas, así como aquellos responsables por crímenes violentos.
Los salvadoreños no deberían verse obligados a elegir entre la seguridad y otros derechos fundamentales.
