El conflicto sirio vuelve a los titulares, con el estallido de importantes combates en el norte del país durante la semana pasada, y el renovado temor a nuevas atrocidades contra la población civil.
El 27 de noviembre comenzó una ofensiva sorpresa dirigida por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), grupo armado islamista que controla la mayor parte de la provincia siria de Idlib. Luchan junto a facciones de un grupo llamado Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldado por Türkiye.
Juntas, estas fuerzas antigubernamentales se apoderaron rápidamente de grandes franjas de territorio bajo control del gobierno sirio, incluida la gran ciudad de Alepo y la campiña circundante. Además, al parecer han tomado algunas zonas que habían estado bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias, dirigidas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos.
La nueva ofensiva también está avanzando hacia el sur. Los informes de esta mañana dicen que han rodeado la estratégica ciudad de Hama, bajo control gubernamental.
En respuesta, el gobierno sirio ha prometido montar una contraofensiva. Ha estado llevando a cabo ataques aéreos en las provincias de Idlib y Alepo junto con las fuerzas rusas.
Sólo en Idlib se han producido más de 50 ataques aéreos, que han afectado al menos a cuatro centros de salud, cuatro escuelas, dos campos de desplazados y una estación de suministro de agua. Al parecer, otro ataque aéreo gubernamental alcanzó la entrada del Hospital Universitario de Alepo.
La población civil no ha tardado en sufrir las consecuencias de estos nuevos combates.
Hasta el 3 de diciembre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informaba que los ataques en Idlib y el norte de Alepo, tanto por parte de grupos armados de la oposición como de las fuerzas gubernamentales sirias, habían causado la muerte de 69 civiles, entre ellos 26 niños, y 228 heridos. El 4 de diciembre, la Red Siria de Derechos Humanos había registrado 149 muertes de civiles.
Decenas de miles de sirios se han visto desplazados desde que comenzó la escalada de las hostilidades el 27 de noviembre. Se han producido graves interrupciones en los servicios básicos y en el suministro de ayuda.
Lo que suceda a continuación en este conflicto es una incógnita, pero el comportamiento de ambas partes en el pasado es motivo de gran preocupación.
Está documentado que los grupos opositores someten a malos tratos a las minorías religiosas y étnicas y a las mujeres en las zonas bajo su control. También se sabe que maltratan a las personas detenidas, lo que hace temer por el bienestar de los combatientes enemigos capturados.
Por otro lado, el gobierno sirio y su aliado Rusia también han sido responsables de atrocidades en los últimos 13 años de hostilidades. Esto incluye repetidos ataques sirios y rusos contra infraestructuras civiles, que pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad.
La tortura generalizada y sistemática de decenas de miles de personas por parte de las fuerzas gubernamentales sirias está ampliamente documentada y constituye crímenes de lesa humanidad.
En los últimos ocho días de nuevos combates, la comunidad internacional ha pedido a las partes que respeten las leyes de la guerra. También se han visto varias promesas de las partes en conflicto.
Pero lo que hace falta, más que palabras, son responsabilidades. Mientras los perpetradores sigan saliendo impunes de las atrocidades, es probable que sigan cometiéndolas.
Como afirma Adam Coogle, de HRW: "Sin una justicia creíble, no parece que el sufrimiento que han padecido los sirios vaya a llegar a su fin, independientemente de quién controle el país".
Sólo en Idlib se han producido más de 50 ataques aéreos, que han afectado al menos a cuatro centros de salud, cuatro escuelas, dos campos de desplazados y una estación de suministro de agua. Al parecer, otro ataque aéreo gubernamental alcanzó la entrada del Hospital Universitario de Alepo.
