(Washington DC) - Un nuevo informe elaborado por expertos forenses a petición de Human Rights Watch identificó graves deficiencias en la atención hospitalaria y la posterior investigación de la muerte bajo custodia de un alto ex asesor de seguridad del gobierno de El Salvador, señaló hoy Human Rights Watch.
El 9 de agosto de 2023, las fuerzas de seguridad detuvieron a Alejandro Muyshondt, entonces asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, poco después de que acusara públicamente a funcionarios afines a Bukele de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Desde el momento de su detención, Muyshondt fue mantenido incomunicado y sometido a desaparición forzada. Murió bajo custodia el 7 de febrero de 2024, a los 46 años de edad. El Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) y su Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) analizaron más de 2.000 páginas del historial hospitalario de Muyshondt. Su análisis revela importantes vacíos en los registros médicos, incluyendo falta de evidencia que respalde diagnósticos oficiales, así como serias deficiencias en la investigación sobre su muerte.
“El análisis de los expertos revela fallas profundamente preocupantes tanto en la atención médica proporcionada a Alejandro Muyshondt como en la investigación posterior a su muerte”, expresó Juanita Goebertus Estrada, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Estos hallazgos se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador”.
El Grupo Independiente de Expertos Forenses es un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los malos tratos y las ejecuciones ilegales. El Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, una coalición de 167 centros de rehabilitación en 76 países, es el principal centro mundial de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los malos tratos. Máximo Duque, cirujano y especialista en medicina y antropología forense, y James Lin, coordinador del Grupo de Expertos y profesor universitario, redactaron el informe.
En los días previos a su detención, Muyshondt había utilizado las redes sociales para acusar a Erick García, legislador del partido de gobierno, de lavado de dinero y narcotráfico. Asimismo, implicó en actos de corrupción a Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Bukele. Posteriormente, García fue detenido, sometido a un proceso judicial y finalmente condenado a cinco años de prisión por falsificación de documentos oficiales. Sanabria permanece en su cargo. Hasta la fecha, las autoridades no han hecho pública ninguna información sobre investigaciones en su contra.
Según el testimonio proporcionado a Human Rights Watch por un familiar, desde el momento de su detención, Muyshondt estuvo incomunicado y las autoridades se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional. Un defensor público comunicó a su familia que Muyshondt no participó en una audiencia celebrada el 25 de agosto de 2023, en la que un juez ordenó su detención provisional. Muyshondt fue acusado de delitos relacionados con supuestas filtraciones de información al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), que presuntamente habían permitido a Funes, condenado por corrupción y otros delitos, evadir la justicia. Funes se encuentra prófugo en Nicaragua desde 2016.
El 4 de diciembre, un juez rechazó una petición de la madre de Muyshondt para obtener información sobre el paradero y el estado de salud de su hijo. El juez, cuya decisión fue revisada por Human Rights Watch, alegó “motivos de seguridad nacional” y decretó la “reserva total” del caso.
Los registros del hospital indican que Muyshondt falleció el 7 de febrero de 2024. Según estos documentos, padecía múltiples problemas de salud como meningitis, hemorragia cerebral, fallo multiorgánico y cáncer de estómago. Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que, aunque los registros hospitalarios “estarían completos”, “carecen de pruebas de laboratorio y radiológicas necesarias para confirmar estas condiciones”.
Los médicos diagnosticaron a Muyshondt una hemorragia cerebral, que puede ser resultado de un traumatismo incluyendo como consecuencia de malos tratos o torturas. Sin embargo, los expertos señalaron que el historial médico no incluía “ninguna imagen radiológica que establezca que el Sr. Muyshondt sufría una hemorragia cerebral y si esta condición era el resultado de una enfermedad o un traumatismo”. Asimismo, determinaron que los estudios presentados “no confirman el fallo multiorgánico, ya que no muestran signos de insuficiencia renal o hepática significativa”.
Los expertos también concluyeron que el “nivel de desorganización” del registro hospitalario “representa una deficiencia significativa en el proceso de atención hospitalaria, ya que impide que el paciente, la familia u otras personas puedan comprender y hacer un seguimiento de la condición de salud del individuo y del tratamiento y cuidados proporcionados”.
Human Rights Watch revisó una copia del certificado de defunción de Muyshondt, que señala como causa de muerte “edema pulmonar”. El documento indica que la causa de muerte es “preliminar”, y que se encuentra “pendiente de estudio”. Además, indica que se realizó un examen post mortem (autopsia). Sin embargo, según un familiar, la familia no ha sido informada de estudios posteriores ni ha recibido copia del informe de la autopsia.
Los expertos forenses determinaron que la investigación sobre la muerte de Muyshondt no se ajustó al Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas, un conjunto de estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. El informe de los expertos incluye recomendaciones para las autoridades salvadoreñas, entre ellas proporcionar el informe de la autopsia y los registros de la investigación a la familia y, si esta lo solicita, exhumar el cadáver para realizar nuevos estudios.
La muerte de Muyshondt ocurre en un contexto de violaciones generalizadas de derechos humanos en El Salvador que no han sido investigadas ni judicializadas, señaló Human Rights Watch.
Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha suspendido ciertos derechos constitucionales, incluyendo garantías del debido proceso, para abordar la violencia de las pandillas. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones masivas y han cometido violaciones del debido proceso, torturas y malos tratos a detenidos, incluyendo contra niños, niñas y adolescentes.
Según la organización centroamericana de derechos humanos Cristosal, al menos 261 detenidos han muerto en prisión durante el régimen de excepción. Human Rights Watch ha documentado que en varios casos las circunstancias de las muertes sugieren responsabilidad estatal.
Los gobiernos deberían expresar, tanto pública como privadamente, su preocupación por la situación de derechos humanos en El Salvador, incluso durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que examinará la situación en el país.
“La falta de voluntad del gobierno para proporcionar respuestas claras sobre lo que le ocurrió a Muyshondt y a decenas de personas que han muerto bajo custodia exige un mayor escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en El Salvador”, dijo Goebertus.
