El mes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo al gobierno de Israel que tenía que "tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de los servicios básicos y la ayuda humanitaria que se necesitan urgentemente" en Gaza. Se trataba de una orden jurídicamente vinculante, e Israel debía informar sobre su cumplimiento en el plazo de un mes.
Hoy, un mes después, Israel no la ha cumplido.
El gobierno de Israel sigue obstruyendo la prestación de servicios básicos y la entrada y distribución en Gaza de combustible y ayuda vital. De hecho, en las últimas semanas las autoridades israelíes han permitido incluso la entrada de menos camiones en Gaza y menos misiones de ayuda en el norte de Gaza que en las semanas anteriores a la orden del Tribunal Mundial.
Como hemos destacado anteriormente en este boletín, la militarización de la hambruna y el castigo colectivo de la población son crímenes de guerra.
Las órdenes judiciales se produjeron en el contexto del "caso de genocidio" contra el gobierno de Israel en la CIJ, un tribunal independiente con sede en La Haya. En diciembre, el gobierno de Sudáfrica presentó el caso, alegando que, tras los ataques del 7 de octubre dirigidos por Hamás contra civiles israelíes, Israel ha cometido atrocidades contra el pueblo palestino que violan la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Las obligaciones hacia los civiles no son recíprocas. El hecho de que los combatientes dirigidos por Hamás cometieran crímenes de guerra contra civiles israelíes no justifica los crímenes de guerra israelíes contra civiles palestinos.
La determinación final sobre la cuestión del "genocidio" puede tardar años, pero en enero, el tribunal dictó "medidas provisionales" para hacer frente a la situación inmediata. Citando las "condiciones catastróficas" de Gaza, el tribunal dictó órdenes jurídicamente vinculantes, incluida una orden para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria.
El derecho internacional humanitario es claro en este caso: una potencia ocupante es responsable del bienestar de la población ocupada. Como potencia ocupante en Gaza, Israel está obligado a velar por el bienestar de la población de Gaza y a garantizar que se satisfacen sus necesidades humanitarias. Y en cualquier situación de conflicto armado, las partes beligerantes están obligadas a facilitar el rápido suministro de ayuda humanitaria a la población civil.
El gobierno de Israel hace caso omiso de estas obligaciones legales y desacata abiertamente la orden jurídicamente vinculante del Tribunal Mundial. Es un desafío directo al sistema internacional basado en normas.
Mientras las autoridades israelíes sigan incumpliendo sus obligaciones para con los 2,3 millones de palestinos de Gaza, la única esperanza real es que otros países presionen al gobierno de Israel para que no sólo facilite, sino que proporcione activamente ayuda vital.
Con tantas vidas en juego, deben utilizar todas las formas de influencia política y económica, incluidas las sanciones individuales y la suspensión de las transferencias de armas, para presionar al gobierno israelí para que cumpla el derecho internacional.
