Los hondureños conocen bien el costo humano de la corrupción. En 2022 visitamos un hospital móvil multimillonario destinado a aumentar la capacidad de tratamiento del Covid-19, algo que era de una necesidad vital. Sin embargo, las camas estaban pegadas unas a otras y las unidades no tenían ventilación. Los médicos nos dijeron que los módulos que componían el hospital parecían diseñados para propagar el virus en lugar de detenerlo.
Ese hospital móvil era uno de los siete que Honduras adquirió en una compra teñida de corrupción. En uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe, investigaciones de la fiscalía apuntan a la malversación de millones de dólares destinados a combatir la pobreza en zonas rurales y enfermedades como el dengue en la última década.
La corrupción sistémica priva al gobierno de fondos que podrían destinarse a salud, educación, agua potable, vivienda y otros derechos. También afecta peligrosamente funciones esenciales de las instituciones públicas y socava el Estado de derecho. Sus efectos nocivos influyen en la decisión de miles de hondureños de emprender el peligroso viaje hacia el norte en busca de una nueva vida.
Honduras tiene la oportunidad de empezar a romper esa dinámica mediante la creación de una comisión internacional anticorrupción. Un intento anterior, iniciado en 2016 por la presión ciudadana, fue en cierto modo víctima de su propio éxito. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, conocida por sus siglas en español, MACCIH, y respaldada por la Organización de los Estados Americanos, llevó a cabo investigaciones que afectaron intereses poderosos. Tras una reacción corporativa del Congreso, el entonces presidente Juan Orlando Hernández se rehusó a extender su mandato en 2020.
Durante la campaña presidencial de 2021, Xiomara Castro prometió recrear una comisión internacional anticorrupción. A casi dos años de su toma de posesión, su gobierno ha avanzado muy lentamente.
En diciembre de 2022, firmó un memorándum con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear la comisión, con el objetivo de investigar casos de alto perfil, proponer cambios legislativos y de políticas, y capacitar a funcionarios hondureños para reforzar la lucha contra la corrupción. El memorándum expiró el 15 de diciembre y acaba de ser renovado.
En septiembre, el gobierno de Castro presentó a la ONU una propuesta sobre el mandato y las funciones de la comisión. Pero el gobierno todavía debe nombrar a un equipo para negociar esos detalles con la ONU. El gobierno también tiene pendiente redactar una resolución para que la Asamblea General de la ONU autorice al secretario general a seguir adelante con la instalación de la comisión.
Honduras y la ONU deberían tener en cuenta no sólo la experiencia anterior de la MACCIH, sino también de la comisión internacional respaldada por la ONU que operó en Guatemala entre 2007 y 2019, conocida como CICIG. Sus investigaciones pusieron al descubierto más de 120 tramas de corrupción en los tres poderes del Estado y provocaron la renuncia y la detención en 2015 de los entonces presidente y vicepresidenta del país.
Una de las lecciones de Guatemala es que, en respuesta a las investigaciones, autoridades contraatacaron con la apertura de procesos espurios contra el personal nacional de la CICIG. Es importante que el personal de la comisión que funcione en Honduras tenga protección para evitar represalias similares.
Otra lección clave de la experiencia de Guatemala es que los términos de creación de la comisión deben permitirle dar prioridad a los casos de corrupción más graves y perjudiciales.
La misión anterior en Honduras halló evidencias serias de corrupción, pero sus casos se estancaron en los tribunales y pocos acabaron en condenas. Esa experiencia subraya que una comisión internacional no funciona en solitario. Por muy comprometido, diligente y honesto que sea su personal, está condenada al fracaso si el resto del sistema judicial se desmorona o está dominado por intereses políticos.
Este año, el gobierno de la presidenta Castro trabajó con el Congreso para derogar ciertas leyes que habían dificultado la lucha contra la corrupción. Pero los obstáculos persisten, incluida una ley que, con un lenguaje amplio, prohíbe cualquier tipo de sanción contra los diputados por acciones realizadas “en el ejercicio de sus funciones”.
En otros aspectos, las perspectivas de lucha contra la corrupción han empeorado bajo el gobierno de la presidenta Castro.
En junio, Gabriela Castellanos, directora de la principal organización hondureña contra la corrupción—el Consejo Nacional Anticorrupción—recibió amenazas tras publicar un informe sobre nepotismo en el gobierno y abandonó el país. Castellanos regresó al cabo de un mes, comprometiéndose a luchar contra la corrupción a pesar de los riesgos.
Una amnistía impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, destinada a personas acusadas “por motivaciones políticas”, ha sido utilizada para desestimar casos de corrupción contra docenas de funcionarios que sirvieron durante la presidencia de su marido, Manuel Zelaya.
Los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron seleccionados a partir de una lista preparada por una junta que evaluó sus méritos, lo que fue un paso positivo. Pero el Congreso repartió los puestos, permitiendo a los partidos políticos elegir a magistrados que consideraron afines a sus intereses.
Ahora los partidos políticos están intentando hacer lo mismo con la elección de los titulares de la fiscalía. Los diputados no lograron nombrar a un nuevo fiscal general antes de septiembre, cuando finalizó el periodo del anterior. En noviembre, una comisión del Congreso compuesta por diputados favorables al gobierno nombró a un fiscal general y a un fiscal adjunto “interinos”, una medida que algunos expertos condenaron por subordinar al Ministerio Público al partido de gobierno.
Estos hechos son un mal presagio. Para tener un impacto duradero, cualquier comisión deberá promover reformas al sistema de justicia, otorgándole una mayor independencia frente a las maniobras políticas.
El gobierno ha dado escasa información al público sobre el proceso para crear la comisión. Tampoco entabló un diálogo con la sociedad civil sobre las facultades de la comisión ni sobre cómo debería funcionar. Esto ha sido un error.
Las autoridades deben tratar la lucha contra la corrupción no como un proyecto partidista sino como un esfuerzo colectivo para mejorar la vida de todos los hondureños, y deberían consultar sobre el proceso con la mayor cantidad posible de sectores de la sociedad.
Lo que no funcionará, si Honduras quiere terminar con la corrupción, es seguir las prácticas de siempre: negociaciones oscuras y bajo un manto de secretismo para amañar el sistema de justicia con el objetivo de recompensar a aliados e investigar y castigar a enemigos.
En una América Central azotada por el robo de fondos públicos, la presidenta Castro tiene la oportunidad de ser recordada por haber dado un paso crucial en la lucha contra la corrupción. Debe actuar con rapidez para crear una comisión internacional anticorrupción y promover los cambios legislativos y políticos necesarios para que tenga éxito. Acercándose a la mitad de su mandato, el tiempo se le acaba.
