(Jerusalem) – Grupos armados palestinos perpetraron una agresión letal el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de varios cientos de civiles israelíes y dio lugar a contraataques israelíes en los que murieron cientos de palestinos, indicó Human Rights Watch al publicar un documento de preguntas y respuestas sobre las normas de derecho internacional humanitario que se aplican a las hostilidades en curso. Hasta el 8 de octubre, los ataques de grupos armados palestinos habían cobrado la vida de más de 677 ciudadanos israelíes y extranjeros, incluidos civiles, según fuentes israelíes citadas por las Naciones Unidas. Los posteriores ataques aéreos israelíes sobre Gaza tuvieron un saldo de al menos 413 palestinos muertos, informó el Ministerio de Salud palestino en Gaza.
Hamás y otros grupos armados palestinos penetraron el vallado que separa Gaza e Israel y atacaron a comunidades israelíes circundantes, irrumpieron en viviendas, presuntamente dispararon a civiles en forma masiva y tomaron como rehenes a decenas de civiles israelíes que llevaron a Gaza. Según se informa, lanzaron más de 3.000 proyectiles de manera indiscriminada hacia poblados israelíes.
“La matanza deliberada de civiles, la toma de rehenes y los castigos colectivos son crímenes atroces que no tienen justificación”, expresó Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. “Los ataques ilegales y la represión sistemática en los que ha estado sumida la región por décadas no cesarán si se ignoran los derechos humanos y no hay rendición de cuentas”.
Las autoridades israelíes han reprimido de manera sistemática a los palestinos durante décadas y, desde 2007, han impuesto un confinamiento asolador a la población de Gaza. El 7 de octubre, el ministro de Energía de Israel anunció que las autoridades israelíes ya no suministrarían electricidad a los 2,2 millones de habitantes de Gaza.
Las acciones presuntamente deliberadas de grupos armados palestinos contra civiles, los ataques indiscriminados y la toma de civiles como rehenes constituyen crímenes de guerra conforme al derecho internacional humanitario. La interrupción del servicio eléctrico a Gaza por las autoridades israelíes y otras medidas punitivas contra la población civil de Gaza equivaldrían a un castigo colectivo ilegal, constitutivo de crimen de guerra. El derecho de los conflictos armados se aplica a todas las partes en un conflicto, independientemente de la legalidad de su decisión de librar una guerra o de los desequilibrios de poder que haya entre las partes.
Los ciudadanos palestinos en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) han enfrentado en los últimos tiempos un grado de represión que posiblemente no tenga precedentes. Durante los primeros nueve meses de 2023, las autoridades israelíes mataron a más palestinos en Cisjordania que en cualquier otro año desde que las Naciones Unidas empezaron a registrar las muertes de manera sistemática en el año 2005. En octubre, el número de palestinos que, sobre la base de información secreta, se encontraban en detención administrativa sin que se hubieran presentado cargos ni iniciado juicios en su contra, alcanzó el mayor número en 30 años. El cierre ilegal de Gaza por parte de Israel, incluida la prohibición generalizada de la posibilidad de viajar a los residentes palestinos que viven en esta franja de 40 por 11 kilómetros (25 por 7 millas), y que contempla solo pocas excepciones, hace poco inició su 17o año.
La opresión sistemática por parte del gobierno israelí en los TPO, combinada con actos inhumanos cometidos contra palestinos como parte de una política orientada a mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos, equivalen a los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución, conforme lo concluyó anteriormente Human Rights Watch.
En rondas de hostilidades anteriores, Human Rights Watch documentó violaciones graves del derecho de guerra por parte de fuerzas israelíes y de grupos armados palestinos. Israel ha llevado a cabo en repetidas ocasiones ataques aéreos indiscriminados que mataron a decenas de civiles —incluso familias enteras— y ataques contra civiles o infraestructuras civiles, incluida la destrucción de torres de viviendas y comercios en Gaza, sin que hubiera objetivos militares evidentes en los alrededores.
Grupos armados palestinos han lanzado miles de proyectiles indiscriminados en actos que violan el derecho de guerra y constituyen crímenes de guerra. Durante años, Human Rights Watch ha pedido que los grupos armados palestinos cesen estos ataques ilegítimos, incluso en un intercambio reciente de misivas con autoridades de Hamás.
En 2021, la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, inició una investigación formal sobre crímenes graves cometidos en Palestina, que es parte en el Estatuto de Roma de la CPI. Los combates actuales ponen de relieve la necesidad urgente de que haya justicia y de que la Fiscalía de la CPI acelere su investigación sobre crímenes graves cometidos por todas las partes en Palestina, apuntó Human Rights Watch.
“Si hemos aprendido algo de escaladas anteriores, es que mientras haya impunidad por abusos graves, seguirá habiendo más represión y derramamiento de sangre de civiles”, afirmó Shakir.
