Hoy, 25 de septiembre de 2023, es una fecha en la que todo podría haber cambiado para los habitantes de la isla Gardi Sugdub, frente a Panamá. En esta isla pequeña y hacinada, las inundaciones y el aumento del nivel del mar plantean una amenaza existencial. Desde hace más de una década, la comunidad indígena Guna que vive allí sueña con reubicarse a un lugar en tierra firme, fuera de peligro, y las autoridades de Panamá les han asegurado su apoyo. De hecho, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió en varias ocasiones que, para esta fecha, habría finalmente 300 nuevas viviendas terminadas para la comunidad.
Sin embargo, hoy llegó finalmente el día y ni una sola persona se ha mudado. Los funcionarios del Ministerio de Vivienda han postergado nuevamente la fecha de traslado, esta vez al 29 de febrero de 2024. Como lo informó en julio Human Rights Watch, este retraso es apenas el más reciente de una larga sucesión de promesas incumplidas a esta comunidad. La población de Gardi Sugdub no puede sobrevivir solamente con promesas. Es preciso que el gobierno se atenga a lo prometido para que la comunidad pueda reubicarse de manera digna y reconstruir sus vidas en un terreno más elevado y seguro. El nuevo emplazamiento debe proteger los derechos de las personas a la vivienda, el agua, la salud, la educación y la cultura, y a un nivel adecuado de vida.
Aunque estas condiciones todavía no se han generado, si las autoridades pertinentes aplican las medidas adecuadas, podrían lograrse para febrero de 2024. Las personas de Gardi Sugdub —y la comunidad internacional— esperan ansiosamente.
Gardi Sugdub no es un caso aislado. Muchas de las demás comunidades costeras de Panamá que lidian con el aumento del nivel del mar podrían necesitar trasladarse, y en todo el mundo cientos de otras comunidades estarán en una situación similar. La experiencia de Gardi Sugdub muestra que la reubicación planificada es un proceso complejo y no exento de riesgos, que lleva mucho tiempo. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Pero no tiene por qué ser así. De aquí en adelante, es fundamental que, a nivel nacional, la planificación se haga de un modo que respete los derechos. Ello requiere de políticas que estén basadas en los principios de derechos humanos de no discriminación y consentimiento informado, financiamiento suficiente y apoyo a lo largo del tiempo.
Todos los países que tengan litoral deben abordar seriamente el problema de la reubicación planificada de las comunidades que se enfrentan al aumento del nivel del mar. Los gobiernos, incluido el de Panamá, deben adoptar medidas ahora para evitar violaciones previsibles de los derechos en el futuro. Cumplir con lo prometido a la comunidad de Gardi Sugdub es un paso indispensable.
