Una coalición de organizaciones y personas feministas y queer de la India ha publicado un informe sin precedentes que vincula la oposición estatal y religiosa al matrimonio igualitario con la opresión de las mujeres, las personas queer y las personas transgénero a través del control parental.
El informe se difunde en un momento en que la Corte Suprema de la India está escuchando la exposición de alegatos finales en un caso vinculado con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si bien el debate que tiene lugar en la India sobre el matrimonio igualitario se ha planteado en los medios nacionales e internacionales casi exclusivamente como una cuestión que atañe a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, los autores del informe lo consideran un tema de familia, dado que la corte se está expidiendo sobre si las personas adultas pueden decidir frente a la posibilidad de constituir una familia por elección a través del matrimonio.
El informe “Our Own Hurt Us the Most: Centering Familial Violence in the Lives of Queer and Trans Persons in the Marriage Equality Debates” [Los nuestros son quienes más nos lastimaron: Incorporar la cuestión de la violencia familiar en la vida de las personas queer y trans como un eje central de los debates sobre matrimonio igualitario] se enfoca en la violencia y la discriminación contra mujeres queer y personas transgénero. Describe la violencia física y sexual, la negación de los derechos a la tierra y a la propiedad conforme a políticas sobre herencia “orientadas a familias heterosexuales”, y sus deseos profundos de formar y proteger “familias por elección” que sean más seguras que aquellas en las cuales nacieron. Las conclusiones se basan en una audiencia a puertas cerradas sobre la violencia contra las personas queer y transgénero, en las cuales la mayoría de quienes hablaron eran mujeres queer y hombres trans.
El informe afirma que la oposición gubernamental al matrimonio entre personas del mismo sexo “no solo va en contra de las personas queer y trans”, sino que forma parte de una intención más amplia de impedir que las mujeres y los hombres trans accedan a su derecho a prestar consentimiento libre y pleno a contraer matrimonio, incluidos los matrimonios entre personas de distintas religiones y diferentes castas, lo cual es fundamental para que puedan obtener mayor poder, acceso a la tierra y autonomía.
En febrero, un informe de Human Rights Watch sobre violencia y discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ+) determinó, a nivel global, que las prácticas de matrimonio forzado y coercitivo eran las violaciones de derechos humanos más apremiantes que afectaban a las mujeres queer. La investigación incluyó entrevistas con 66 activistas LBQ+ de 26 países, y arribó a la conclusión de que la práctica de obligar a mujeres queer a conformar parejas heterosexuales para contraer matrimonio está profundamente ligada a leyes y políticas que violan sus derechos a la tierra, a la herencia y a la propiedad.
Los gobiernos deberían abrir un canal de consulta con quienes defienden los derechos humanos de mujeres y personas queer con el objeto de reformar o abolir los sistemas patriarcales de control, incluidas todas las leyes que violan el derecho de las mujeres queer y los hombres trans a prestar su consentimiento libre y pleno al matrimonio, como así también las leyes discriminatorias en materia de herencia y derecho a la propiedad.
