(Nueva York) – La Asamblea Legislativa de El Salvador ha ignorado sin ningún reparo el plazo de un año que la Corte Suprema le concedió para crear un procedimiento de reconocimiento legal del género que evitaría que se discriminara a las personas trans, señalaron hoy Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS.
En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador determinó que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y ordenó a la Legislatura que, dentro del plazo de un año, creara un procedimiento que permitiera a las personas trans cambiar los nombres que figuran en sus documentos de identidad. Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS exhortaron a la Asamblea Legislativa a actuar para aprobar un proyecto de ley existente que cumpliría con lo dispuesto en esa sentencia de la Corte y con estándares internacionales de derechos humanos que exigen que las personas trans puedan modificar sus nombres y notaciones de género en sus documentos mediante un procedimiento administrativo sencillo, eficiente y económico.
“El incumplimiento por la Asamblea Legislativa del plazo dispuesto por la Corte Suprema es grave, no solo porque parece desestimar los derechos de las personas trans, sino también el sistema de contrapesos democráticos y el Estado de derecho, que han sido atacados por el Presidente Nayib Bukele y sus aliados”, afirmó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “La Legislatura debería cumplir con urgencia la decisión clara que adoptó la Corte a favor del reconocimiento del género, lo que ayudará a reducir las desventajas que las personas trans enfrentan con respecto a la realización de sus derechos sociales, económicos y políticos”.
En julio de 2022, Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS publicaron un informe en el cual se puso en evidencia la discriminación generalizada que las personas trans experimentan como resultado de la discrepancia que existe entre su género y lo que figura en sus documentos de identidad. Los investigadores se concentraron en la discriminación en los ámbitos sanitario, laboral, electoral y bancario. Concluyeron que la falta de documentos precisos, lo que a menudo se combina con prejuicios contra las personas trans, provoca situaciones de humillación, hostigamiento y trato dispar hacia las personas trans en estos sectores.
En agosto de 2021, un grupo de legisladores, en colaboración con organizaciones trans, presentaron una propuesta de Ley de Identidad de Género por la cual se crearía un procedimiento de reconocimiento legal del género; sin embargo, el proyecto está paralizado en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea. En mayo de 2021, legisladores de esa comisión bloquearon un proyecto de ley similar presentado en 2018, que según ellos era “no acorde a la realidad”. La medida recibió severas críticas de activistas trans.
Según Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS, la falta de acatamiento por parte de la Asamblea Legislativa a la orden de la Corte Suprema relativa a la reforma para el reconocimiento del género y la falta de la adopción de proyectos legislativos pertinentes forma parte de un patrón mucho más amplio de debilitamiento de las instituciones democráticas y de la independencia judicial que son necesarias para defender los derechos humanos en El Salvador.
Desde que Nuevas Ideas, el partido del Presidente Bukele, obtuvo la supermayoría en las elecciones legislativas de febrero de 2021, ese partido y sus aliados han tomado medidas drásticas para vulnerar aún más la independencia judicial y el Estado de derecho.
El 1 de mayo de 2021, destituyeron en forma sumaria y reemplazaron a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema supuestamente por haber obstaculizado la respuesta a la pandemia del gobierno. Esa misma noche, los legisladores destituyeron al fiscal general, que había estado investigando acusaciones de corrupción contra altos funcionarios públicos y señalamientos de un pacto entre la gestión del Presidente Bukele y pandillas.
El 30 de junio de 2021, la Asamblea designó a cinco nuevos jueces para la Corte Suprema, en violación del proceso establecido en la Constitución y el propio reglamento interno de la Asamblea. El derecho salvadoreño permite que cada órgano legislativo recientemente constituido designe a cinco magistrados para la Corte Suprema, pero la Asamblea ha designado a 10 de un total de 15.
En septiembre de 2021, se sancionaron leyes que permitieron a la Corte Suprema y al fiscal general remover a jueces y fiscales de más de 60 años de edad y que ampliaron su facultad de trasladar a jueces y fiscales a nuevos puestos.
En septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscaría la reelección en 2024, apoyándose en una sentencia dictada en 2021 por la nueva composición de la Sala de lo Constitucional que se apartó de la jurisprudencia asentada que interpretaba que la Constitución prohibía la posibilidad de reelección inmediata.
Elegir selectivamente cuáles son las decisiones de la Corte Suprema que se está dispuesto a cumplir y debilitar el sistema de contrapesos opera en detrimento de los derechos humanos de todos los salvadoreños. La aparente reticencia del poder ejecutivo y del poder legislativo de reafirmar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) coloca a esas personas en una situación de especial vulnerabilidad, señalaron Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS.
Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, se han frenado varias iniciativas establecidas durante la gestión anterior orientadas a promover la inclusión de las personas LGBT, o estas no se han implementado.
En 2010, el gobierno había establecido una Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social, que se ocupaba de capacitar a empleados públicos (incluidos policías) sobre identidad de género y orientación sexual, y de realizar investigaciones sobre cuestiones LGBT a nivel nacional. En junio de 2019, el Presidente Bukele disolvió la secretaría y la Dirección de Diversidad Sexual fue absorbida por una Unidad de Género que ya existía en el Ministerio de Cultura, renombrada Unidad de Género y Diversidad. La medida fue criticada por activistas LGBT, quienes señalaron que muy pocas de las graves cuestiones de seguridad y discriminación que les inquietaban podrían abordarse adecuadamente dentro del ámbito de la cultura.
En septiembre de 2021, el Presidente Bukele manifestó que la reforma constitucional respaldada por el gobierno no reconocería legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo.
En septiembre de 2022, el Ministerio de Educación de El Salvador despidió al director del Instituto Nacional de Formación Docente y anunció una “reestructuración” de esa institución debido a que el Instituto había aprobado un segmento en un programa televisivo de educación a distancia iniciado durante la pandemia, que explicaba el concepto de orientación sexual. Desde el ministerio señalaron que la información no era “apegada a la realidad [salvadoreña]”. Esto representó un revés para la educación integral en sexualidad en El Salvador, que puede contribuir a promover la comprensión y reducir la violencia contra minorías sexuales y de género.
En diciembre de 2022, El Salvador suspendió su participación en el Core Group LGBTI de la ONU, un grupo de Estados cuyo objetivo declarado es trabajar en el marco de las Naciones Unidas para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, en especial, las personas LGBT e intersexuales, con especial atención en la protección contra la violencia y la discriminación.
Las personas LGBT en El Salvador necesitan urgentemente políticas públicas que reafirmen sus derechos. En 2017, el gobierno salvadoreño reconoció que las personas LGBT en ese país enfrentan “tortura, tratos inhumanos o degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso, gran parte de ella cometida, incluso, por agentes de seguridad pública”. En un informe de Human Rights Watch de 2021 se confirmó la evaluación del gobierno salvadoreño y se llegó a la conclusión de que las personas LGBT, en especial, las personas trans, enfrentaban un alto nivel de violencia y marginación económica, en parte debido a la falta de reconocimiento legal del género.
Cada vez más países de América Latina cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, que ofrecen procesos administrativos sencillos basados en la autodeclaración. La presidenta de la vecina Honduras anunció que el país haría las reformas necesarias para asegurar este derecho, en cumplimiento del pronunciamiento histórico que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 en un caso relacionado con Honduras.
En 2017, la Corte Interamericana, encargada de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó en una opinión consultiva que los Estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal del género sencillos y eficientes sobre la base de la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni estigmatizantes. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha exhortado a los gobiernos a garantizar los derechos de las personas trans, incluido el derecho al reconocimiento legal de su género.
“Si la Asamblea Legislativa de El Salvador tiene un compromiso genuino con los derechos humanos y el Estado de derecho, debe acatar la decisión de la Corte Suprema sin demora y crear un procedimiento de reconocimiento legal del género, que reafirme nuestra autodeterminación, nuestra dignidad y nuestra libertad”, señaló Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS. “Las personas trans lo venimos exigiendo desde hace años y mientras no se establezca ese procedimiento, seguiremos siendo objeto de violencia y discriminación”.
