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Estudiantes en un salón de clases en San Salvador, El Salvador, 7 de abril de 2021.  © AP Photo / Víctor Peña

El gobierno de “Nuevas Ideas” del presidente Nayib Bukele parece no estar tomando en cuenta el potencial de la educación en sexualidad para promover el entendimiento y reducir la violencia contra las minorías sexuales y de género. Esta postura no es innovadora, sino más bien una idea anticuada y prejuiciosa.

El Ministerio de Educación de El Salvador despidió recientemente al director del Instituto Nacional de Formación Docente y anunció una “reestructuración” de esa institución. ¿El motivo? El Instituto había aprobado un segmento de Aprendamos en casa —un programa televisivo de educación a distancia que comenzó durante la pandemia— que explicaba el concepto de la orientación sexual.

El ministerio señaló que la información no se “apegaba a la realidad [salvadoreña]”.  Más tarde, el sitio web del Instituto se volvió inaccesible y actualmente muestra un mensaje de error.

El segmento, que estaba destinado a estudiantes de octavo grado, mostraba imágenes animadas de niños y niñas jugando, andando en motocicletas y escuchando música. El narrador definía la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad empleando términos básicos y acordes a la edad de los destinatarios. El programa no hacía más que brindar la información más elemental sobre las variaciones naturales de la sexualidad humana.  

A pesar del intento del ministerio de ignorar a las personas lesbianas, gais y bisexuales, todas estas personas forman parte de la “realidad salvadoreña”. El presidente Bukele lo reconoció cuando en 2014 se autodefinió como un “héteroaliado” y se refirió a la lucha por los derechos LGBT como “la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo”. Asimismo, la Corte Suprema determinó que la constitución protege contra la discriminación por motivos de orientación sexual en 2009 y de identidad de género en 2022. 

¿Por qué el gobierno ha decidido censurar información esencial sobre la orientación sexual? Esto no resulta lógico si se atienden las posibilidades que ofrece dicha educación para reducir los altos niveles de violencia que enfrentan las personas LGBT.

En enero de 2021, Human Rights Watch publicó un informe sobre la violencia contra las personas LGBT que limita sus elecciones de vida y las impulsa a irse de El Salvador. La organización COMCAVIS TRANS concluyó anteriormente que esta inseguridad también da lugar al desplazamiento interno de personas LGBT. Las personas transgénero son especialmente vulnerables.

La educación integral en sexualidad, a la que tienen derecho los niños y las niñas, podría contribuir a reducir esta violencia si es basada en los derechos y acorde con la edad. Puede brindar a las personas jóvenes los conocimientos para formar una visión positiva de las diferentes sexualidades, tanto de la propia como la de sus pares. Diversos expertos han determinado que este tipo de educación puede contribuir a prevenir la discriminación y la violencia contra las minorías sexuales y de género.

Lamentablemente, las autoridades salvadoreñas parecen no tener interés en desarrollar el potencial pleno de la educación. Además de la censura al programa Aprendamos en casa por el gobierno, la Asamblea Legislativa omitió en forma explícita toda referencia sustancial a la orientación sexual y la identidad de género en la Ley “Crecer Juntos” que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes salvadoreños.

La legislatura también atenuó el contenido del artículo de esa ley sobre educación integral en sexualidad al observar que las familias tienen “un rol fundamental y primario” de brindar este tipo de educación, lo cual representa un retroceso respecto de un proyecto anterior en el cual ese rol lo compartían “la familia, la sociedad y el Estado”. Cuando se asigna a la familia la responsabilidad “primaria” de impartir esta educación, el resultado esperable es el fracaso. Algunas familias probablemente no tengan el tiempo, la formación ni la información necesaria para transmitir dicha educación.

Censurar la información sobre orientación sexual e identidad de género no es una “nueva idea”: es una idea antigua y arraigada en el prejuicio. Las autoridades salvadoreñas deben cumplir con su responsabilidad internacional de educar a los jóvenes en materia de sexualidad y género, y no sobrecargar a los padres relegando en ellos la responsabilidad “primaria” de hacerlo. Esta información puede ayudar a reducir la violencia contra las personas LGBT al promover la tolerancia y la aceptación. Eso es lo que precisa la realidad salvadoreña.

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