La educación es fundamental para el desarrollo de niños y niñas y un poderoso catalizador para mejorar su vida. La legislación internacional sobre derechos humanos garantiza a todas las personas el derecho a la educación. Pero para muchos es una sorpresa saber que el marco internacional de derechos humanos solo garantiza explícitamente el derecho inmediato a la educación primaria gratuita, aunque sabemos que una niña o un niño que solo recibe educación primaria no está preparado para prosperar en el mundo actual.
Los niños y niñas que participan en la educación desde el nivel preescolar hasta el secundario tienen mejor salud, mejores perspectivas laborales y mayores ingresos cuando son adultos. Y son menos vulnerables a la explotación y el abuso, incluido el trabajo y el matrimonio infantil.
Todos los países se han comprometido políticamente a través de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas a proporcionar para 2030 tanto el acceso universal a la educación preescolar, como a la educación secundaria gratuita para todos los niños y niñas. Sin embargo, el mundo parece estar encaminado a fracasar en estos objetivos, y menores merecen algo más que otra ronda de promesas no vinculantes.
Por estas razones, Human Rights Watch cree que es hora de tomarles la palabra a los países que asumieron estos compromisos y ampliar el derecho a la educación en virtud del derecho internacional. Se debe reconocer explícitamente que todos los niños y niñas deben tener derecho a la educación en la primera infancia, incluyendo al menos un año de educación preescolar gratuita, así como el derecho a la educación secundaria gratuita.
No somos los únicos en creer en esto.
En 2019, la Organización Mundial para la Educación Preescolar y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación se reunieron con expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para compartir su investigación, concluyendo que el marco de derechos humanos legalmente vinculante no especificaba adecuadamente que el derecho a la educación debe comenzar en la primera infancia, antes de la escuela primaria.
En diciembre de 2021, la UNESCO –la organización de las Naciones Unidas para la educación— concluyó que, a la luz de las tendencias y los retos del siglo XXI, el derecho a la educación debía replantearse, y que reconocer la educación de la primera infancia como un derecho legal a nivel internacional “permitiría a la comunidad internacional exigir responsabilidades a los gobiernos y garantizar que se realizan las inversiones adecuadas”.
En 2022, estas chispas empezaron a prender.
En junio, varios expertos internacionales en derechos del niño y derechos humanos pidieron la ampliación del derecho a la educación en el derecho internacional, para reconocer el derecho de todos los niños y niñas a la educación preescolar y secundaria gratuitas. En septiembre, Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz y defensora de la educación, y Vanessa Nakate, activista medioambiental juvenil, fueron algunas de las más de medio millón de personas de todo el mundo que firmaron una carta abierta del movimiento cívico mundial Avaaz, en la que se pedía a los líderes mundiales que crearan un nuevo tratado mundial que protegiera el derecho de los niños y las niñas a la educación gratuita, desde la enseñanza preescolar hasta la secundaria.
Argentina y España anunciaron su compromiso de apoyar la idea en la cumbre de la ONU sobre la transformación de la educación, celebrada en septiembre. En octubre, la principal experta independiente en educación de la ONU recomendó que el derecho a la educación de la primera infancia se consagrara en un instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante. Y el año terminó con una nota alta: los ministros de Educación y las delegaciones reunidas en la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia, celebrada en noviembre en Uzbekistán, adoptaron la nueva “Declaración de Tashkent”, en la que acordaron mejorar los marcos jurídicos para garantizar que el derecho a la educación “incluya el derecho a al menos un año de educación preescolar gratuita y obligatoria de calidad para todos los niños”.
¿Qué ocurrirá entonces en 2023? Todas las partes interesadas se dirigirán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para ver si los países miembros acuerdan iniciar el proceso para comenzar a redactar dicho tratado. Al menos la mitad de los países ya garantizan al menos un año de educación preescolar o secundaria gratuita en virtud de sus propias leyes y políticas nacionales. Esto incluye a países de renta baja y media de todo el mundo. Esto significa que habría un gran número de países potencialmente dispuestos a firmar un tratado de este tipo cuando se apruebe.
Incluso cuando los derechos humanos están bajo amenaza en todo el mundo, es fundamental que el movimiento de derechos humanos no se ponga a la defensiva. Promover positivamente el fortalecimiento y el avance de las normas de derechos humanos tiene un papel fundamental en la configuración y la mejora del futuro. Garantizar las mejores condiciones para que los niños y niñas accedan a una educación de calidad, inclusiva y gratuita –y, por tanto, para que desarrollen su personalidad, su talento y sus capacidades mentales y físicas, y se preparen para una vida responsable en una sociedad libre— es el tipo de programa positivo de derechos humanos que todos los países deberían apoyar en 2023.
