En noviembre próximo, los votantes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles tendrán la oportunidad de promover el derecho humano a la vivienda en una urbe donde más de 41.000 personas, una de las cifras más altas del país, actualmente no tienen vivienda, y muchas más se enfrentan a inseguridad habitacional. La Medida ULA procura abordar esta crisis gravando las transacciones inmobiliarias de alto valor con el objeto de financiar viviendas asequibles que se precisan en forma acuciante. Human Rights Watch apoya enérgicamente este enfoque racional para responder a la situación de las personas sin vivienda.
Los proveedores de servicios, las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en cuestiones relacionadas con la vivienda asequible y las organizaciones de derechos de inquilinos colaboraron para redactar la Medida ULA, basándose en la experiencia adquirida sobre lo que se necesita para influir en la crisis de la falta de vivienda. Desde entonces, más de otras 200 organizaciones se han sumado a la convocatoria para respaldar esta iniciativa.
La Medida ULA establecería un impuesto de entre el 4 % y el 5,5 % sobre la venta de inmuebles que tengan un valor superior a USD 5 millones. El dinero recaudado mediante este impuesto se usaría de inmediato para comprar y construir más viviendas asequibles permanentes, brindar subsidios para alquiler o en efectivo a adultos mayores de bajos ingresos y personas con discapacidad, y ofrecer recursos legales a quienes enfrenten la posibilidad de desalojo.
La crisis de vivienda en Los Ángeles es el resultado de que el gobierno, en todos los niveles, no toma en serio el derecho a la vivienda, y tiene también un origen discriminatorio. La constitución de California exige llevar a cabo un referéndum a nivel local antes de que en una comunidad puedan construirse proyectos de vivienda pública, una situación que cabe atribuir a los temores alarmistas acerca del valor de la propiedad y la integración. Esta dificultad ha contribuido a que en el estado se hayan consolidado décadas de políticas sobre vivienda discriminatorias desde el punto de vista racial. La misma Los Ángeles tiene un historial de discriminación por motivos racistas en lo que respecta a la vivienda, lo cual ha favorecido que la zona metropolitana de la ciudad sea una de las menos asequibles y con mayor segregación racial del país.
La vivienda es un derecho humano. Todos los niveles gubernamentales tienen la responsabilidad de asegurar el acceso universal a la vivienda permanente asequible y de adoptar medidas para prevenir que haya personas sin vivienda. La Medida ULA es una iniciativa impulsada por la comunidad que, en caso de aprobarse, contribuiría a que Los Ángeles sea un lugar mejor, más seguro y más equitativo.
