Esta semana, la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está en juego por una petición extraordinariamente modesta: celebrar un debate sobre un reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los abusos en la región china de Xinjiang. Los Estados miembros no estarían obligados a adoptar una posición sobre los temas ni sobre el gobierno en cuestión, ni siquiera a buscar un resultado concreto. Pero el debate es una oportunidad para mantenerse unidos y garantizar que el Consejo cumple su mandato mínimo.
El 31 de agosto, la Alta Comisionada publicó un informe en el que se describía una campaña sistemática del gobierno chino para atacar a los uigures y a otras minorías predominantemente musulmanas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de religión y expresión y a disfrutar de su propia cultura. El informe se basa en gran medida en los propios documentos políticos del gobierno chino para demostrar que la amplia represión de las autoridades en Xinjiang es discriminatoria tanto en su propósito como en sus efectos. Concluye que el alcance de estas violaciones puede constituir crímenes internacionales, “en particular crímenes contra la humanidad”, que requieren “la atención urgente de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas y del sistema de derechos humanos”.
A pesar del compromiso expreso de las autoridades chinas con el diálogo, han hecho todo lo posible por suprimir el informe de la Alta Comisionada e impedir el debate sobre su contenido.
Si este planteamiento se impone, socavaría la integridad institucional del Consejo de Derechos Humanos al colocar la situación de los derechos humanos en un país de forma exclusiva fuera del escrutinio internacional. El Consejo tiene el mandato explícito de debatir las violaciones de los derechos humanos cometidas por cualquier Estado. Permitir que un solo gobierno escape al escrutinio de algunas de las peores violaciones del derecho internacional no solo significará fallar a las víctimas y a los supervivientes, sino también alentar a los abusadores y crear un peligroso doble rasero.
El Consejo de Derechos Humanos debe ser capaz de debatir todas las cuestiones de derechos humanos. Cuando los Estados miembros del Consejo decidan si votan a favor de esta iniciativa, deben tener en cuenta la integridad del Consejo y las implicaciones para los derechos en todo el mundo si un país poderoso tiene garantizada la impunidad.
