Cenoya Silva, una mujer indígena yanomami de la comunidad Parima B, en una zona remota del estado Amazonas en Venezuela, esperó casi tres meses para poder ver a su hijo Borges Sifontes, de 16 años, y su hijasto Gabriel Silva, de 19, que se encuentran confinados en un hospital militar en Caracas, a 800 kilómetros de su comunidad.
Sifontes y Silva son testigos de un enfrentamiento que tuvo lugar el 20 de marzo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la población indígena. Según informaron medios y organizaciones de derechos humanos, cuatro personas indígenas fueron asesinadas tras un altercado por el acceso a internet. El Fiscal General anunció que se investigaría la conducta de la FANB durante los hechos, pero abogados que representan a los familiares señalaron que la investigación está paralizada y que no hay detenidos.
Sifontes quedó gravemente herido a causa de disparos recibidos durante el incidente. Fue sometido a tres cirugías a nivel local hasta que las autoridades lo trasladaron a Caracas. Estaba previsto que le realizaran una cuarta cirugía, pero no hay información acerca de si esta se llevó a cabo.
Desde abril a finales de junio no se permitió que Sifontes y Silva reciban visitas de familiares ni de organizaciones de derechos humanos, según lo informó el abogado Olnar Ortiz de la ONG Foro Penal.
Ortiz ha recibido amenazas por representar a la familia.
El informe más reciente de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Venezuela pidió que se lleve a cabo una investigación “independiente, imparcial, pronta, exhaustiva, eficaz, creíble y transparente” de lo ocurrido, pero en Venezuela no hay independencia judicial y es común que las violaciones de derechos humanos queden en la impunidad.
La Alta Comisionada también instó a las autoridades a abordar las “causas subyacentes” del incidente del 20 de marzo.
Venezuela no ha protegido a la comunidad yanomami de la violencia, el trabajo forzado ni la explotación sexual por parte de quienes desarrollan la minería ilegal. Human Rights Watch ha documentado abusos aberrantes —incluyendo amputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos— perpetrados por grupos que controlan las minas de oro ilegales en la zona
En las selvas del Amazonas y el Orinoco, en el sur de Venezuela, la minería ilegal ha provocado deforestación y contaminación de la aguas, y el desplazamiento de las comunidades indígenas.
La organización ambiental SOS Orinoco informa que existen vastos asentamientos de personas dedicadas a la minería ilegal en la selva de Sierra Parima. La organización también informa que personas dedicadas a la minería ilegal de Brasil —llamadas garimpeiros— y agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas a menudo trabajan juntas en actividades de tráfico ilegal.
Durante el 50.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrolla en Ginebra este mes, los Estados deben exhortar a Venezuela a que libere a Sifontes y a Silva de inmediato. A su vez, los países deben establecer garantías para impedir que ingrese a su territorio el oro venezolano asociado con daños ambientales y abusos contra pueblos indígenas. Asimismo, las compañías deberían cerciorarse de no estar contribuyendo a abusos en sus cadenas de suministro de oro.
