Este año, los cubanos podrían tener la posibilidad de hacer algo que muy rara vez han hecho: emitir un voto genuino. El gobierno, que casi nunca consulta a su población, afirma que los cubanos podrán opinar, a través de un referéndum, con respecto a si las parejas del mismo sexo, una minoría, pueden contraer matrimonio.
El gobierno de Cuba tiene antecedentes ampliamente conocidos de violar el derecho de sus ciudadanos a votar en elecciones libres e imparciales y a participar en asuntos públicos. El Partido Comunista, el único reconocido en el país, gobierna desde la revolución de 1959 sin haberle otorgado a los ciudadanos la opción de votar para que sus líderes dejen el cargo, o incluso de poder protestar contra sus acciones.
Pero ahora, las autoridades están sometiendo derechos fundamentales a una pugna política entre defensores de la igualdad y la no discriminación y quienes están del otro lado, que en algunos casos tildan equivocadamente al trabajo de los anteriores como “ideología de género”.
Sin duda, que se incluya el matrimonio igualitario en el texto preliminar del Código de las Familias, que ha sido objeto de “consulta popular” desde febrero, es un paso positivo. El Código incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género, con lo cual abre la posibilidad de matrimonios entre personas del mismo sexo.
La versión preliminar del Código de las Familias también fortalece los derechos de la mujer en la normativa interna al reafirmar sus derechos sexuales y reproductivos y reivindicar la distribución equitativa del trabajo doméstico y las tareas de cuidado. Asimismo, amplía los derechos de niños y niñas, por ejemplo, al consagrar su derecho a ser escuchados y a la integridad física, así como el principio de autonomía progresiva, a fin de permitir que los niños participen en las decisiones que los afectan, según su edad y grado de madurez.
Sin embargo, el derecho de las parejas del mismo sexo a no sufrir discriminación ha resultado una de las disposiciones más controvertidas del Código.
El proceso de “consulta popular” terminó el 30 de abril y el borrador se someterá a referéndum más adelante este año. Existen motivos serios para dudar de que el plebiscito respete íntegramente los derechos de los votantes. Dado que el gobierno de Miguel Díaz-Canel controla todos los poderes y limita gravemente la libertad de expresión, que se respete o no la voluntad del pueblo en las urnas será en últimas una decisión del régimen.
También es preocupante que se someta a votación popular los derechos fundamentales, en este caso de parejas LGBT. En Cuba, esto sucede luego de que se llevaran a cabo protestas en 2019 en repudio a que en un nuevo texto constitucional se redefiniera el matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo. En respuesta a esta reacción, el gobierno retiró esa disposición del borrador, que se aprobó ese mismo año, y postergó la cuestión del matrimonio igualitario al referéndum sobre el Código de las Familias.
Otros países han realizado referéndums o consultas similares. Irlanda (que estaba legalmente obligada a realizar un referéndum para reformar la constitución) y Australia reconocieron los derechos de las parejas del mismo sexo cuando los ciudadanos votaron por muy amplia mayoría a favor del matrimonio igualitario. Los referéndums en Bermudas y Taiwán rechazaron la posibilidad del matrimonio para las parejas del mismo sexo (si bien la legislatura de Taiwán lo aprobó posteriormente).
Los referéndums pueden ser un elemento importante de una democracia y, en algunos casos, pueden contribuir a romper situaciones de inercia política en la reivindicación de derechos y la promoción de políticas que sean respetuosas de los derechos fundamentales. Sin embargo, en última instancia, el reconocimiento de los derechos de minorías, incluidas las personas LGBT, no puede depender del voto popular. Eso sería una afrenta a la dignidad humana de personas que ya están marginadas y sufren violencia y discriminación, y podría exponer sus vidas e identidades a un debate, escrutinio y evaluación públicos innecesarios y perniciosos.
¿Qué diríamos si el referéndum fuera acerca de si una minoría religiosa puede practicar su religión abiertamente? ¿O sobre si debiese protegerse a una minoría étnica frente a discriminación? Esto se consideraría un escándalo moral. No debería haber diferencias cuando lo que está en juego es el derecho de las parejas del mismo sexo a no sufrir discriminación.
Más grave aún, fuentes oficiales y medios de noticias sugieren que la votación podría ser ajustada. Esta posibilidad se ve agravada debido a que la Iglesia católica sostiene que el Código de las Familias ataca “la naturaleza de la familia” y constituye “ideología de género”. La iglesia Evangélica y otras iglesias también han repudiado disposiciones del Código por estos motivos.
La “ideología de género” es un término vacuo e impreciso que se suele emplear en alusión a una supuesta conspiración gay y feminista que pretende trastocar los valores tradicionales. Movimientos y políticos de extrema derecha en todo el mundo, incluido Jair Bolsonaro de Brasil y Ron Desantis en Florida, han difundido desinformación para popularizar el término, el cual emplean para atacar los derechos de las personas LGBT, de niños y niñas y de las mujeres. Sin embargo, lo que en Cuba están llamando “ideología de género” es, en verdad, una cuestión de igualdad de género.
Cuba debería mejorar con urgencia su penosa situación de derechos humanos, entre otras medidas, permitiendo que los cubanos participen en elecciones periódicas libres e imparciales. Este plan de realizar un referéndum es profundamente errado. Si bien la voluntad popular debe orientar las políticas públicas, está no debe determinar si corresponde respetar derechos humanos ampliamente reconocidos de forma internacional. En vez de trasladar esta obligación al electorado, las autoridades cubanas deberían reconocer los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, incluso si eso no se logra a través de un referéndum.
