Mañana los tribunales de Nicaragua han programado una farsa de juicio contra siete críticos del gobierno y líderes de la oposición, todos encarcelados arbitrariamente desde junio de 2021. Se trata del último de una serie de procesos contra personas detenidas bajo cargos absurdos que se encuentran en prisión desde hace meses.
El juicio constituye una burla a la justicia: se trata de un juicio colectivo, sin garantías de debido proceso, en el cual los detenidos son procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y en el que probablemente todos recibirán condenas exprés, a pesar de que las acciones que supuestamente justifican los cargos reflejan el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Desde el 1 de febrero, al menos 14 personas han sido declaradas culpables de “menoscabar la integridad nacional” en juicios celebrados a puertas cerradas en la cárcel “El Chipote”, y no en juzgados públicos, como lo exige el derecho nicaragüense. Los juicios se realizaron en horas y concluyeron con duras penas de varios años de prisión.
A fines de enero, el Ministerio Público anunció que se reanudarían los juicios contra los detenidos, a quienes llamó “criminales y delincuentes”. Los procesos se encontraban suspendidos desde octubre de 2021 sin que los tribunales explicaran claramente el motivo.
Entre mayo y noviembre de 2021, el gobierno ha llevado a cabo una ola de detenciones arbitrarias para facilitar la reelección del Presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo en noviembre. Las autoridades nicaragüenses arrestaron a más de 40 críticos del gobierno, entre ellos estudiantes y empresarios, representantes campesinos, abogados defensores, periodistas, activistas y siete candidatos presidenciales. Al menos otras 130 personas percibidas como críticas habían sido detenidas anteriormente y permanecen privadas de la libertad.
Los procesos penales se han llevado a cabo sin garantías básicas de debido proceso. Muchos detenidos estuvieron incomunicados durante semanas o meses en El Chipote, y en algunos casos, en aislamiento prolongado. En los casos en que se permitieron visitas, los familiares describieron condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios constantes y alimentos insuficientes. El 12 de febrero murió en detención Hugo Torres, quien había sido detenido arbitrariamente a comienzos de junio y había sido acusado de “traición a la patria”.
Los fiscales han justificado cargos graves contra los detenidos apoyándose exclusivamente en señalamientos de que los acusados habían dado entrevistas a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, participado en reuniones o firmado cartas en las cuales pedían elecciones libres, exigían la condena internacional de los abusos que comete el gobierno o expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
Estos juicios se suman al extenso récord de graves abusos cometidos por el Presidente Ortega. El 49.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que comienza el 28 de febrero en Ginebra, es una oportunidad para enviarle al gobierno de Ortega y Murillo un mensaje contundente de que estas violaciones de derechos humanos no serán toleradas. Los gobiernos deben adoptar una firme resolución sobre Nicaragua exigiendo la liberación de todas las personas detenidas y procesadas arbitrariamente y el establecimiento de un mecanismo independiente para investigar los abusos. Dada la falta de independencia judicial de los tribunales nicaragüenses, la creación de un mecanismo de estas características permitiría que las víctimas sean escuchadas por un órgano independiente y abriría la puerta para que los responsables rindan cuentas por sus actos.
