Previamente este mes, empecé a colaborar como becaria Aryeh Neier Fellow en Human Rights Watch. Siento que finalmente estoy muy próxima a cumplir mi sueño. Pero desde que mi familia me trajo a Estados Unidos durante la infancia, nunca he tenido acceso al estatus legal permanente. Mi permiso de trabajo conforme a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Child Arrivals, DACA) vence en mayo de 2022, y a menos que el Congreso actúe, no podré completar esta pasantía.
Soy una de las millones de personas en Estados Unidos cuyas vidas están en juego, mientras los líderes en el Congreso deciden si incluirán una vía de acceso a la ciudadanía para las comunidades de inmigrantes en el actual proyecto de conciliación presupuestaria, cuya aprobación en el Congreso solo requiere de mayoría simple.
El 75% de los adultos estadounidenses están a favor de ofrecer a las personas como yo una vía de acceso a la ciudadanía. Sin embargo, a principios de este mes, la parlamentaria del Senado, que asesora oficialmente a esa institución en la interpretación de sus normas internas, emitió un dictamen que desfavorece el primer intento de los legisladores de introducir en el proyecto un lenguaje para que esto ocurra.
Sin embargo, los legisladores todavía tienen varias opciones. Una posibilidad es actualizar el registro inmigratorio, que en el marco de la Ley de Registro de 1929 ha brindado un medio legal para que los inmigrantes indocumentados obtengan estatus legal en virtud de que tienen presencia desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. El Congreso ha actualizado el registro en varias oportunidades para cerciorarse de que se aplique a personas que llegaron más recientemente. En este momento, la ley exige que los inmigrantes elegibles hayan estado presentes en EE. UU. desde 1972 para obtener estatus legal. El Congreso podría modificar esta fecha para ayudar a las personas que han forjado sus vidas aquí en la última década, una medida que permitiría regularizar la situación de millones.
Los inmigrantes indocumentados son un componente vital del tejido social de EE. UU. Muchos de nosotros arriesgamos nuestras vidas para mantener activa la economía, garantizar la seguridad de nuestras comunidades y preservar la salud de otras personas durante la pandemia de Covid-19. Si bien quienes lo hicieron fueron designados trabajadores “esenciales” y aclamados como héroes, desde el punto de vista legal seguimos siendo prescindibles y estamos relegados a una categoría marginada sin vías de acceso a la ciudadanía. Este trato no debería continuar. Es fundamental que el Congreso aproveche esta oportunidad de aprobar una reforma inmigratoria, transformar nuestro sistema de inmigración perimido e inhumano y brindar a los inmigrantes que tienen vínculos arraigados en el país —que incluyen no solo a los beneficiarios de la DACA como yo, sino también a trabajadores esenciales, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras personas que tienen lazos estrechos con Estados Unidos— una vía para acceder a la ciudadanía, a través de la conciliación o por otros medios. De ello dependen nuestras vidas, y mi propio futuro.
