Venezuela: Declaración conjunta de Amnistía Internacional y Human Rights Watch ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Sra. Presidenta:

Amnistía Internacional y Human Rights Watch agradecen el informe y la presentación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Tanto la Misión como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han producido informes documentando abusos sistemáticos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno, incluidas violaciones del derecho a la vida, la integridad física y la libertad.

La Misión identificó patrones de violaciones de derechos humanos y crímenes que formaban parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático que, según concluyó, constituyen crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional señaló que, según la información disponible, habían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela[1].

Es profundamente preocupante que no parece haber perspectivas de investigaciones o medidas de justicia genuinas a nivel nacional, dado que las autoridades siguen permitiendo y favoreciendo la impunidad.

El informe de la Misión destaca que el sistema de justicia ha sido utilizado en contra del pueblo de Venezuela y la protección de sus derechos[2]. Señala que jueces y fiscales “en lugar de haber garantizado, han denegado el goce de derechos [...] por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público […]”[3] y, en algunos casos, facilitaron las detenciones arbitrarias[4]. Muestra que actores del sistema de justicia han privado a personas detenidas de su derecho a una representación legal[5]. Explica que, en muchos casos, en lugar de proteger a las víctimas, las autoridades que investigaban violaciones de derechos humanos participaron en la represión[6].

La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para llenar este perjudicial vacío en la rendición de cuentas y enviar un mensaje inequívoco de que los responsables de delitos previstos en el derecho internacional serán sancionados por sus acciones. Las víctimas y sobrevivientes necesitan medidas contundentes para que haya justicia, incluyendo el apoyo político y práctico tanto a la Misión como a la Corte Penal Internacional y el ejercicio de la jurisdicción universal por otros Estados. Instamos al Consejo a seguir de cerca la situación y a darle seguimiento a las recomendaciones de la Misión. Nos gustaría preguntarle a la Misión, ¿cómo puede la sociedad civil contribuir a su importante labor de seguimiento a la situación en Venezuela?

Muchas gracias, Señora Presidenta.