El 14 de agosto, Ecuador conmemoró el primer día nacional contra la violencia sexual en las escuelas. Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador era responsable por violaciones contra los derechos de Paola Guzmán Albarracín. Paola, que tenía 14 años cuando el vicerrector de su escuela la violó y abusó de ella, se quitó la vida en 2002. Entre otras medidas, la corte estableció que Ecuador debía declarar y conmemorar esta fecha nacional.
La violencia sexual es un problema extendido en las escuelas de Ecuador. Docentes, personal administrativo y conductores de autobuses han violado, abusado sexualmente y hostigado a miles de estudiantes, a menudo sin consecuencias. Muchos estudiantes también han perpetrado actos de abuso sexual contra pares, incluso a través de internet. Las personas jóvenes sobrevivientes enfrentan hostigamiento, acoso escolar e intimidación por parte de enseñantes y compañeros. Muchas experimentan consecuencias profundas para su salud física y mental a lo largo de su vida, con frecuencia sin ningún apoyo.
Cabe señalar que, desde fines de 2017, el Ministerio de Educación de Ecuador adoptó políticas vinculantes orientadas a prevenir y erradicar la violencia sexual relacionada con el ámbito escolar, y tomó medidas para la denuncia obligatoria de estos hechos. A su vez, en 2018 presentó una base de datos integral destinada al registro de instancias de abuso en las escuelas.
Pero si bien se trata de medidas muy importantes, Ecuador enfrenta serias dificultades en el modo en que las escuelas y los funcionarios educativos responden a la violencia sexual, incluidas las escuelas privadas, y en cómo los fiscales y los tribunales manejan los casos relacionados con niños y niñas sobrevivientes. El enfoque que ha adoptado sigue siendo deficiente en lo que respecta a la prevención y los servicios de apoyo para las personas sobrevivientes.
Durante la primera conmemoración de este año —decretada por el expresidente Lenín Moreno— diversos funcionarios públicos de alto nivel expresaron el compromiso de adoptar una estrategia nacional para erradicar la violencia sexual relacionada con el ámbito de las escuelas en menos de 180 días. Este es otro paso importante. En los próximos meses, Ecuador debería cumplir plenamente con todas las medidas dispuestas por la corte orientadas a que se aborde este problema persistente en su sistema educativo. Como parte de esto, Ecuador debería publicar datos sobre la violencia relacionada con las escuelas, capacitar al personal educativo sobre cómo manejar y prevenir situaciones de violencia sexual, y asistir a las víctimas de violencia sexual relacionadas con el ámbito escolar y a sus familias.
El gobierno debería establecer una estrategia a largo plazo, basada en la prevención y la garantía de los derechos de los y las estudiantes a no sufrir violencia, a recibir educación integral en sexualidad y acceder a servicios de apoyo y medidas de justicia cuando se produzcan abusos. A fin de dar cumplimiento a esta estrategia, el gobierno debería asignarle un presupuesto que sea acorde con la obligación que tiene de proteger a cada estudiante en Ecuador de la posibilidad de abusos.
