La Unión Europea (UE) impuso sanciones individuales el 2 de agosto contra ocho oficiales nicaragüenses acusados de cometer “graves violaciones de derechos humanos” y socavar la democracia, incluida la Vicepresidenta Rosario Murillo.
Las sanciones incluyen congelar sus bienes, prohibir que ciudadanos y empresas de la UE provean fondos a los sancionados, y prohibir su ingreso a la UE. Desde 2020, la UE ha sancionado a un total de 14 funcionarios del gobierno.
Human Rights Watch ha documentado la escalada represiva del régimen de cara a las elecciones presidenciales programadas para noviembre. Desde comienzos de junio, las autoridades han detenido arbitrariamente e iniciado investigaciones penales contra siete candidatos presidenciales opositores y al menos 20 críticos reconocidos del gobierno, como parte de una campaña de persecución política. Esta oleada de detenciones, así como la aprobación de leyes abusivas que limitan derechos civiles y políticos, parecen formar parte de una estrategia más amplia para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Daniel Ortega a un cuarto mandato consecutivo.
Tres de los funcionarios sancionados recientemente por la UE están mencionados explícitamente en nuestro informe:
- La Vicepresidenta Murillo, quien se considera también ejerce facultades presidenciales, ha promovido discursos a favor de la represión contra manifestantes en 2018 por parte de la Policía Nacional de Nicaragua, la cual dejó un saldo de más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de detenciones y procesos judiciales arbitrarios.
- Gustavo Porras, quien, como presidente de la Asamblea Nacional, ha promulgado leyes que debilitan instituciones y procesos democráticos.
- La Fiscal General Ana Guido, quien estuvo a cargo del Ministerio Público cuando se impulsaron procesos penales por motivos políticos contra manifestantes y opositores durante las protestas de 2018, y ha continuado promoviendo investigaciones penales arbitrarias contra críticos.
El resto de los funcionarios sujetos a las nuevas sanciones de la UE incluyen al director de un canal de televisión dedicado a la propaganda oficial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dos altos funcionarios de la Policía Nacional y un asesor económico del presidente. El anuncio de la UE se produjo luego de que Estados Unidos impusiera sanciones contra 100 nicaragüenses implicados en violaciones a derechos humanos y el debilitamiento de la democracia y que Canadá sancionara a 15 personas. Otros gobiernos preocupados por la situación en el país que ya han sancionado a algunos nicaragüenses, como el Reino Unido, deberían redoblar su presión.
Las sanciones individuales, junto con un seguimiento riguroso y un repudio sostenido por parte organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son herramientas valiosas que sirven para elevar el costo de las prácticas represivas. Sin presión firme por parte de la comunidad internacional, el régimen de Ortega no tendrá incentivos para frenar sus abusos ni permitir que eventualmente haya elecciones libres y justas.
