Carta de Human Rights Watch al Presidente Sánchez de España

9 de junio de 2021

S.E. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España

La Moncloa

Avenida Puerta de Hierro

Madrid, 28071

España

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a S.E., en representación de Human Rights Watch, con el propósito de solicitarle que, durante su próximo viaje a Centroamérica, inste a los presidentes de la región a respetar los derechos humanos, el Estado de derecho y la independencia judicial, así como a adoptar medidas para poner fin a la violencia y la discriminación contra grupos marginados.

La ausencia de un Estado de derecho, la corrupción, la impunidad, la discriminación y la violencia llevan a cientos de miles de personas a huir de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cada año. A pesar de ello, quienes gobiernan en Centroamérica continúan adoptando medidas que concentran el poder aún más en sus manos y demuestran escaso interés en proteger a los más vulnerables.

Su viaje ofrece una oportunidad única para abordar las causas que producen el desplazamiento forzado en América Central. Esta carta incluye un resumen de las conclusiones del trabajo de Human Rights Watch sobre la situación de derechos humanos en los países del Triángulo Norte y en Nicaragua, que esperamos sean útiles para sus próximas reuniones.

El Salvador

Desde que asumió la presidencia, Nayib Bukele ha procurado concentrar el poder en el ejecutivo socavando las instituciones democráticas. El 1 de mayo de 2021, el primer día que el partido gobernante obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, los aliados de Bukele votaron a favor de remover sumariamente y reemplazar a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, así como al Fiscal General, lo que constituyó un ataque frontal a la independencia judicial[1]. Durante el último año, Bukele había cuestionado públicamente resoluciones de la Sala de lo Constitucional, incluso sobre el cumplimiento de normas relacionadas con la pandemia[2].

El presidente Bukele parece recurrir cada vez más a la politización de las fuerzas de seguridad para adoptar medidas que distorsionan los procesos legales ordinarios. En febrero de 2020, irrumpió en una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa escoltado por soldados armados con la intención de intimidar a los legisladores para que aprobaran un préstamo destinado a las fuerzas de seguridad[3]. Algunos meses después, envió a policías a que bloquearan el acceso de fiscales a las oficinas del Ministerio de Salud, en el marco de una investigación sobre corrupción durante la pandemia[4].

El gobierno de Bukele ha limitado la transparencia y la rendición de cuentas pública; entre otras cosas, al debilitar el Instituto de Acceso a la Información Pública y disolver uno de los organismos que se ocupaban de monitorear el gasto público[5]. El 5 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que otorga “inmunidad” a quienes podrían enfrentar cargos penales y administrativos por compras durante la pandemia de Covid-19[6]. El acceso público a la información también está en riesgo por la actitud hostil del gobierno hacia la prensa independiente, que incluye haber iniciado investigaciones penales contra periodistas[7].

A su vez, el 4 de junio, el nuevo fiscal general manifestó que finalizaría los acuerdos de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, un órgano que desde 2019 combate la corrupción con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)[8]. El anuncio parece estar orientado a frenar las investigaciones contra altos funcionarios públicos por presuntas irregularidades en la compra de equipos que se usaron para responder a la pandemia.

También genera preocupación que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sigan siendo objeto de violencia homofóbica y transfóbica por policías, pandillas y otros actores[9], lo cual contribuye al desplazamiento interno forzado y la migración internacional. A pesar de ello, el presidente Bukele ha revertido varias iniciativas implementadas por el gobierno anterior para promover la inclusión de personas LGBT. En junio de 2019, Bukele disolvió la Dirección de Diversidad Sexual, que realizaba investigaciones sobre este tema y capacitaba a funcionarios públicos, incluyendo policías, sobre orientación sexual e identidad de género.

Esperamos que durante su visita inste al gobierno salvadoreño a que respete la independencia judicial y la separación de poderes, realice investigaciones creíbles sobre corrupción, cese sus ataques a la libertad de expresión y proteja los derechos de grupos marginados.

Guatemala

Desde que el expresidente Jimmy Morales se rehusó a prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, el ritmo de las investigaciones ha disminuido y esto ha limitado la posibilidad de rendición de cuentas. El gobierno del presidente Alejandro Giammattei no ha asegurado que los fiscales, incluyendo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tengan recursos suficientes para realizar investigaciones oportunas y exhaustivas para avanzar en los juicios de casos de alto perfil y aquellos relacionados con ataques contra periodistas.

El presidente Giammattei y su coalición en el Congreso están trabajando para destituir a los últimos jueces independientes que quedan y reemplazarlos con aliados, en una maniobra aparentemente orientada a frenar los esfuerzos anticorrupción en los que muchos políticos de alto rango están implicados. En 2020, legisladores oficialistas intentaron infructuosamente que se presentaran cargos penales contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad debido a que les disgustaban sus decisiones[10]. En abril de este año, cuando se eligieron nuevos miembros de la corte en un proceso que incluyó nombramientos propuestos por académicos y sociedad civil, los congresistas se negaron a confirmar la elección de la respetada activista contra la corrupción Gloria Porras, cuya reelección fue propuesta por un grupo de académicos[11].  Los nuevos miembros de la corte (entre los cuales no figura Porras) se pronunciarán pronto acerca de si la FECI, que investiga casos de corrupción y que ha sido blanco de críticas por parte de Giammattei, será disuelta por completo[12].

Los legisladores también están intentando bloquear el financiamiento del Procurador de los Derechos Humanos, a cuyo titular han intentado destituir en varias oportunidades[13] como represalia por promover los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de las personas LGBT. Al no garantizar los derechos ni la seguridad de grupos vulnerables, incluyendo de las personas LGBT, Guatemala contribuye a su sufrimiento y a que muchos se vean obligadas a irse del país por ser víctimas de delitos de odio y otras formas de persecución[14], además de la violencia relacionada con pandillas.

El presidente Giammattei ha perseguido a la prensa independiente con retórica beligerante y acusaciones falsas sobre la cobertura periodística de la pandemia[15]. A su vez, el Congreso aprobó una ley que le permite al gobierno limitar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y disolver a aquellas a las que acuse de “alteración del orden público”[16]. Los nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad han rechazado intentos de anular dicha ley.

Esperamos que durante su visita inste al presidente Giammattei a respetar la independencia judicial, el papel fundamental que tienen los medios de comunicación independientes y los defensores de derechos humanos en las sociedades democráticas y la importancia de abordar la violencia y la discriminación contra grupos marginados.

Honduras

En Honduras, cuyo presidente Juan Orlando Hernández ha sido acusado por fiscales estadounidenses de colaborar con organizaciones de narcotráfico, el partido oficialista ha estado trabajando para tomar control del sistema de justicia desde que obtuvo la mayoría en el Congreso y la presidencia en 2009. En 2012, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció contra un plan del gobierno para reformar a la Policía, los legisladores oficialistas removieron indebidamente y reemplazaron a cuatro de los cinco magistrados de la sala. Desde entonces, la sala reiteradamente ha emitido pronunciamientos a favor del gobierno. En 2015, la corte votó a favor de derogar la prohibición constitucional a la reelección y permitió que el presidente[17]. Luego, en 2016, la Corte Suprema disolvió al Consejo de la Judicatura, el organismo que regulaba al sistema judicial hondureño. Desde entonces, el titular de la Corte Suprema tiene poder absoluto para seleccionar, nombrar, destituir o aplicar medidas disciplinarias a todos los jueces en Honduras[18].

Es habitual que las personas LGBT en Honduras enfrenten violencia y discriminación por parte de pandillas, policías civiles y militares, ciudadanos de a pie e incluso sus propias familias[19]. También son víctimas de extorsión por pandillas y de discriminación en las escuelas y en el trabajo. Estos abusos obligan a muchas personas LGBT a huir de sus hogares, tanto para desplazarse dentro del país como para intentar obtener asilo en el extranjero. Hasta la fecha, Honduras no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitidas en 2018, sobre la protección de los derechos y la seguridad de personas LGBT[20].

Lo instamos a que interpele al presidente Hernández para que respete la independencia del poder judicial y proteja a las personas LGBT hondureñas.

Nicaragua

Daniel Ortega, quien está en el poder desde 2007 y busca la reelección para un cuarto mandato, ha intensificado la represión estatal de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021. Durante la última semana, la policía ha arrestado a cuatro candidatos opositores sobre la base de investigaciones penales sumamente cuestionables[21]. Estos arrestos de líderes opositores y otras graves violaciones de derechos humanos documentadas por Human Rights Watch, incluyendo la detención arbitraria y persecución de críticos del gobierno, parecen ser parte de una estrategia más amplia orientada a reprimir el disenso, infundir temor y limitar la participación política.

El presidente Ortega, quien controla todos los poderes del Estado, en los últimos meses también se ha aprovechado de su mayoría en la Asamblea Nacional para adoptar leyes represivas que socavan gravemente derechos fundamentales y el Estado de derecho[22]. Estas leyes vulneran las garantías de debido proceso que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos y se prestan al abuso, ya que pueden disuadir expresiones críticas, limitar la libertad de reunión, dar un falso tinte de legalidad a las detenciones arbitrarias, inhibir la participación de opositores en las elecciones y mantener encarcelados a críticos sin presentar cargos formales con el objetivo de impedir o limitar su participación política.

Además, el 4 de mayo la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral que consolida el control del ejecutivo sobre el sistema electoral y parece orientada a seguir favoreciendo al presidente Ortega; entre otras cosas, al no exigir observación electoral internacional y codificar nuevos supuestos bajo los cuales se podría excluir a candidatos[23]. Ese mismo día, la Asamblea Nacional nombró a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), designando a individuos que habían sido nominados por el partido de gobierno y sus aliados. La Asamblea no nombró a ninguno que hubiera sido nominado por los partidos de oposición o por la sociedad civil[24] ni consultó a la sociedad civil sobre el proceso de nombramiento, a pesar de que este último es un requisito establecido por la ley. Poco después, el CSE adoptó una resolución por medio de la cual canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), el vehículo electoral para la participación de la Coalición Nacional de oposición. El PRD no podrá participar en las próximas elecciones presidenciales.

En estas circunstancias, es imposible que los nicaragüenses ejerzan sus derechos políticos en elecciones libres y justas.

La brutal arremetida contra opositores por la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno en 2018 dejó un saldo de más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas. El gobierno de Ortega ha seguido iniciando causas penales contra manifestantes y críticos, y la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por policías es la regla[25].

Solicito respetuosamente que inste a las autoridades de Nicaragua a no violar los derechos fundamentales de opositores, liberar a líderes de la oposición y a quienes fueron detenidos por criticar pacíficamente al gobierno, derogar leyes abusivas y permitir que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos políticos plenamente en elecciones libres y justas, con la debida observación internacional.

Para concluir, quisiera transmitirle a S.E. que confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo con líderes centroamericanos sobre estos asuntos de suma importancia. Estamos a su disposición para mantener una conversación fluida sobre las condiciones en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch