(Washington D.C.) – El Congreso de México debería modificar el proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis a fin de despenalizar por completo la sola posesión de marihuana, señaló hoy Human Rights Watch. El Congreso debería aprobar el proyecto modificado antes de que termine el actual período de sesiones el 30 de abril de 2021. La aprobación del proyecto representaría un avance muy importante para los derechos humanos en México.
El 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que en su versión actual legalizaría parcialmente y regularía la producción, distribución y posesión de marihuana para uso personal, y la envió al Senado para su aprobación final. El 8 de abril, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que tenía previsto posponer su debate hasta septiembre, después de las elecciones intermedias, para realizar cambios que no detalló al actual proyecto.
“La prohibición de la marihuana ha tenido costos devastadores para los derechos humanos en México, dejando a miles de personas encarceladas inútilmente por el simple hecho de poseer marihuana y exponiendo a muchos otros a graves abusos por parte de la policía”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Legalizar la marihuana sería un paso enorme a favor de los derechos humanos y el Congreso debe dejar de posponer esta reforma urgente”.
La Suprema Corte de México determinó en 2018 que era inconstitucional prohibir el uso recreativo de la marihuana, y ordenó al Congreso que aprobara una reforma legalizando el uso recreativo en un plazo de 90 días. Sin embargo, desde entonces, los líderes en el Congreso han pospuesto reiteradamente la votación de la reforma sobre marihuana y han obtenido múltiples prórrogas por parte de la corte. La actual fecha límite está fijada para el 30 de abril. El senador Monreal manifestó su intención de pedir una prórroga que se extienda hasta fines de 2021.
El proyecto actual permitiría a cualquier persona mayor de 18 años consumir marihuana, poseer hasta 28 gramos de marihuana, o solicitar una licencia para cultivar hasta seis plantas en el hogar para su uso personal o una licencia para formar una “asociación de cannabis” de hasta 20 miembros para cultivar y compartir marihuana para el uso personal de los asociados. Permitiría asimismo que las empresas o personas soliciten licencias para cultivar, procesar, o comercializar marihuana.
Sin embargo, el proyecto incluye disposiciones innecesarias que podrían exponer a las personas a abusos, incluso en el marco del nuevo sistema, explicó Human Rights Watch. El proyecto establece que la simple posesión de más de 28 gramos de marihuana —es decir, la posesión para uso personal, sin fines de distribución— seguiría siendo un delito, y todo aquel que tenga más de 28 gramos de marihuana, incluso si es para uso personal, podría enfrentar una multa de hasta USD 22.000 o hasta tres años de cárcel, dependiendo de la cantidad de marihuana que tenga.
Si la policía sospecha que una persona tiene más de 28 gramos de marihuana, puede detenerla hasta por 48 horas y llevarla ante el Ministerio Público. A su vez, para obtener una licencia que permita cultivar marihuana en el hogar o formar una “asociación de cannabis”, los usuarios deben permitir que funcionarios públicos ingresen e inspeccionen sus viviendas para constatar que cumplen con los términos de la licencia.
La policía mexicana suele torturar, cometer abusos y extorsionar a las personas que intercepta y detiene, independientemente de si han delinquido o no. De la encuesta más reciente de personas detenidas que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en 2016, surge que casi dos tercios habían sido golpeadas durante la detención, más de un tercio habían sido estranguladas o sometidas a simulacros de ahogamiento y un quinto habían recibido descargas eléctricas.
Criminalizar el consumo y la posesión de drogas para uso personal viola los principios de autonomía que subyacen todos los derechos y constituye por sí misma una respuesta desproporcionada a comportamientos privados, apuntó Human Rights Watch. El Congreso debe modificar el proyecto para así eliminar por completo del derecho mexicano el delito de posesión simple de marihuana, a fin de reducir el riesgo de que los usuarios sufran abusos por parte de la policía. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe garantizar que las normas de inspección se apliquen de forma que no conduzcan a un castigo innecesario o desproporcionado ni propicien nuevas violaciones de derechos.
Al 2019, había más de 24.000 personas encarceladas por delitos vinculados con drogas en México, cerca del 12% de la población penitenciaria total, según el INEGI. Aproximadamente el 40% de ellas habían sido acusadas o condenadas por posesión simple de drogas. Es común que las personas detenidas en cárceles mexicanas enfrenten violencia, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, falta de atención médica y abusos por parte del personal penitenciario.
El proyecto contiene una disposición que permitiría a los funcionarios penitenciarios federales y estatales liberar a quienes hayan sido acusados o condenados por un delito que haya sido despenalizado por la reforma. Una vez que el proyecto se convierta en ley y entre en vigor, las autoridades deben identificar sin demora a todos aquellos que se vean beneficiados por la normativa y disponer de oficio su liberación automática e inmediata, sin exigir que los detenidos o sus familias soliciten formalmente la liberación, indicó Human Rights Watch.
El sistema de otorgamiento de licencias propuesto para la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de marihuana podría generar nuevas oportunidades económicas. El presidente López Obrador debe garantizar que las disposiciones se implementen de manera inclusiva y permitan que las comunidades económicamente marginadas, incluidas las comunidades rurales localizadas en zonas donde tradicionalmente se ha cultivado marihuana, participen de forma plena y se beneficien del sistema regulado, expresó Human Rights Watch.
Human Rights Watch ha instado anteriormente a gobiernos de todo el mundo a reconsiderar sus políticas sobre drogas, debido al alto costo que tiene para los derechos humanos la “guerra contra las drogas”. En México, la guerra contra las drogas ha incrementado la rentabilidad de las drogas ilícitas, favoreciendo el crecimiento del crimen organizado violento y la corrupción generalizada, menoscabando el Estado de derecho, y propiciando violaciones de derechos humanos en forma generalizada. La legalización de la marihuana, por sí sola, no resolvería estos problemas, pero representa un primer paso crucial para la adopción de políticas alternativas sobre drogas, señaló Human Rights Watch.
“Las políticas sobre drogas que se enfocan en la criminalización han dado lugar a innumerables violaciones de derechos humanos y corrupción generalizada en México”, explicó Vivanco. “Este proyecto debe servir como una primera medida fundamental en el camino hacia una reconsideración global de la postura de México en materia de políticas sobre drogas”.
