(Washington D.C.) – El proyecto legislativo para regular redes sociales que propuso el líder de la mayoría en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, podría limitar gravemente la libertad de expresión en México, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto exigiría a las empresas censurar categorías amplísimas de contenidos en línea, lo cual contraviene las normas internacionales actualmente en vigencia. El senador Monreal debe desistir de su propuesta.
El 8 de febrero, pocas semanas después de que redes sociales como Twitter y Facebook suspendieran las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump, el senador Monreal, quien lidera el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, en el Senado, publicó un proyecto legislativo en su página web que propone imponer reglas a las redes sociales que tengan usuarios en México. En enero, el Presidente López Obrador había expresado su desacuerdo con el poder de las redes sociales para suspender las cuentas de Trump.
“Este proyecto impondría las restricciones más severas a la libertad de expresión que México ha visto en décadas y allanaría el camino para que se prohíba la operación de las redes sociales y para que el gobierno pueda censurar contenido con el cual esté en desacuerdo”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Aunque el Senador Monreal sostenga que su intención es proteger la libertad de expresión en México, este proyecto haría exactamente lo contrario”.
El proyecto convertiría al regulador de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el árbitro final en cuestiones de moderación de contenido, habilitándolo a anular las decisiones de operadores de redes sociales sobre cómo y cuándo eliminar las publicaciones de un usuario o suspender o cancelar su cuenta. Asimismo, le permitiría al IFT sancionar a operadores de redes sociales con multas de hasta 4,4 millones de dólares si incumplen sus normas o si el IFT está en desacuerdo con sus decisiones sobre moderación de contenidos. Esto podría agudizar aún más la concentración de los medios al obligar a empresas más pequeñas a dejar de operar en México para evitar cuantiosas multas.
También conforme al proyecto, toda red social con al menos un millón de usuarios deberá obtener permiso del IFT para operar en México. El IFT podría establecer normas sobre cómo deben operar las redes. Estaría facultado para revisar y modificar los términos de servicio de las redes; es decir, las reglas que deben cumplir los usuarios.
En la práctica, esto le permitiría al IFT prohibir la operación de cualquier red social en México o impedir que usuarios en México se unan a una red no autorizada, lo cual impone limitaciones significativas a la libertad de expresión. Esto podría alentar a los operadores de redes sociales a bloquear usuarios en México para evitar ser sometidos al proceso de revisión del IFT.
El proyecto también exigiría que las redes sociales censuren algunos tipos de expresiones, como “mensajes de odio” y “noticas falsas”, así como cualquier otro tipo de expresión cuando el IFT lo considere necesario para proteger el “orden e interés público”. Sin embargo, el proyecto no ofrece parámetros claros sobre qué implican estos términos, lo cual obligaría a los operadores de redes sociales o al IFT a determinar si un enunciado es verdadero o falso. Estos requerimientos podrían llevar a la censura previa de contenidos legítimos, lo cual permitiría que el gobierno obligue a las redes sociales a censurar contenidos con los que esté en desacuerdo. Lo anterior es incompatible con la prohibición de la censura previa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por último, el proyecto prohibiría que las redes sociales moderen el contenido en sus plataformas por motivos no mencionados explícitamente en el texto, como para evitar el spam. Esto limitaría la capacidad de las redes sociales para tomar decisiones razonables acerca de qué contenidos permitir. En efecto, las redes sociales centradas en grupos, materias o intereses específicos, como cuestiones ambientales o la cultura indígena, no podrían operar.
Proteger la libertad de expresión en internet, asegurar que las entidades privadas no interfieran con esa libertad y permitir que los usuarios apelen restricciones a su expresión son objetivos legítimos. Sin embargo, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, México tiene la responsabilidad de promover un “entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso” y la obligación de cerciorarse de que cualquier restricción a la libertad de expresión resulte necesaria y proporcionada para alcanzar un fin legítimo. Esto incluye la regulación de expresiones por “vías o medios indirectos”, como la regulación de empresas de medios de comunicación.
De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, México no debe aprobar leyes contra las llamadas “noticias falsas” u otros “conceptos imprecisos y ambiguos”, o establecer restricciones innecesarias o desproporcionadas a las redes sociales o los contenidos en línea. En cambio, debería promover la diversidad de los medios y la consciencia digital. Asimismo, debería incentivar a las empresas a ser transparentes sobre sus políticas de moderación de contenido y a ofrecer recursos a los usuarios cuyas cuentas sean suspendidas, a fin de que puedan tomar sus propias decisiones respecto a qué plataformas usar y cómo.
“La propuesta del senador Monreal no es más que pura y simple censura, y contradice las normas jurídicas internacionales al habilitar al gobierno mexicano a restringir el acceso a algunos sitios web y a decidir qué contenidos pueden o no pueden difundir los usuarios de redes sociales”, destacó Vivanco. “Establecer estas severas regulaciones terminaría por asfixiar la libertad de expresión, en vez de protegerla”.
