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No hay refugio seguro para las personas LGBT en El Salvador

Es necesario reforzar las protecciones y terminar el pacto de asilo con EE. UU.

Una mujer transgénero muestra una fotografía de Camila Díaz, a quien conoció mientras migraba a los Estados Unidos, donde ambas se entregaron a las autoridades de inmigración. Ambas mujeres fueron deportadas. © 2020 AP Photo/Salvador Melendez

El presidente salvadoreño Nayib Bukele aceptó el 15 de diciembre implementar un Acuerdo de Cooperación sobre Asilo con el Gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo habilita a las autoridades inmigratorias estadounidenses a transferir a los solicitantes de asilo no salvadoreños a El Salvador, en vez de permitirles pedir asilo en EE. UU.

El presidente entrante de EE. UU., Joe Biden, se ha comprometido a poner fin a este acuerdo defectuoso, que presupone que El Salvador está en condiciones de ofrecer un procedimiento de asilo completo y justo y proteger a las personas refugiadas. Pero para algunos grupos, como las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), El Salvador no ofrece un refugio seguro. Sus propios ciudadanos LGBT no tienen protección frente a la violencia y la discriminación.

Un informe reciente de Human Rights Watch confirma el reconocimiento del propio gobierno de El Salvador de que las personas LGBT en ese país enfrentan “actos de tortura, trato inhumano o degradante, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso; muchos de estos actos cometidos por agentes de seguridad pública”. La marginación social y económica agudiza el riesgo de violencia. Muchas personas LGBT huyen de su hogar.

Entre enero de 2007 y noviembre de 2017, más de 1.200 salvadoreños pidieron asilo en EE. UU. por temor ser perseguidos por motivos de orientación sexual o identidad de género. En un pronunciamiento histórico, un tribunal del Reino Unido otorgó asilo recientemente a una persona no binaria salvadoreña, y concluyó que su expresión de género la exponía a la violencia policial y a situaciones de abuso y degradación a diario.

Hace cinco años, El Salvador parecía dispuesto a defender los derechos de las personas LGBT. Se unió al Core Group LGBTI de la ONU. Estableció penas más severas para los delitos motivados por prejuicios. Su Dirección de Diversidad Sexual capacitó a empleados públicos y dio seguimiento a políticas gubernamentales para la inclusión de personas LGBT.

Bukele, que en ese entonces era un funcionario local, se comprometió a estar “al lado correcto de la historia” en lo que respecta a los derechos de las personas LGBT pero cuando se postuló a la presidencia, sus promesas se desvanecieron. Bukele se opuso al matrimonio igualitario, concluyó en la práctica el trabajo sobre diversidad sexual que llevaba adelante el gobierno y se negó a apoyar el reconocimiento legal del género de las personas trans. Pese a la condena histórica que se impuso en julio contra tres policías por el homicidio de una persona trans, la violencia sigue siendo algo común para muchas personas LGBT y la justicia sigue estando fuera de su alcance.

El gobierno salvadoreño debe apoyar una ley de identidad de género y leyes civiles integrales contra la discriminación, juzgar los delitos de odio contra las personas LGBT y restablecer una institución que cuente con los recursos suficientes para promover la inclusión y erradicar la violencia anti LGBT. También debe eliminar el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo.

En la situación actual, El Salvador no brinda protección efectiva a sus propios ciudadanos LGBT, ni mucho menos a las personas LGBT que huyen de otros contextos de persecución.

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