El Salvador: Condenan a policías por el asesinato de una mujer transgénero

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(Washington D.C.) – Un juez de San Salvador ha declarado culpables a tres policías por el homicidio de Camila Díaz Córdova en enero de 2019, una mujer transgénero, y ha condenado a cada uno a penas de 20 años de cárcel, señaló hoy Human Rights Watch. La sentencia del 28 de julio de 2020 es crucial para la protección de los derechos de las personas salvadoreños transgénero, ya que se trata de la primera condena por el homicidio de una persona transgénero en el país.

“Este fallo histórico es extremadamente necesario en un país en donde las personas LGBT y sus familias casi nunca obtienen justicia por delitos violentos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El resultado del caso de Camila envía un potente mensaje de que la violencia contra las personas LGBT no será tolerada”.

En las primeras horas de la mañana del 31 de enero de 2019, en respuesta a una denuncia por altercados en la vía pública, tres policías se llevaron en un vehículo policial a Díaz Córdova, de 29 años. La fiscalía manifestó que los agentes la agredieron con ferocidad y la arrojaron del vehículo en movimiento. Díaz Córdova falleció el 3 de febrero en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador a causa de las lesiones sufridas. El juez determinó que la evidencia, incluidos el registro del dispositivo GPS del vehículo, el sitio donde se halló a Díaz Córdova y el informe de la autopsia, establecían la responsabilidad penal de los agentes.

Tan solo entre octubre de 2019 y abril de 2020, al menos siete mujeres trans y dos hombres gais fueron asesinados en El Salvador, y las características de los casos sugieren que los agresores actuaron motivados por el odio en razón de la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.

Victoria Pineda, una de las mujeres trans incluidas entre las víctimas, fue hallada con el cuerpo desnudo y el rostro desfigurado en Ahuachapán en noviembre de 2019, debajo de troncos y un neumático. Bianka Rodríguez de COMCAVIS, una organización que promueve los derechos de las personas transgénero, afirmó que creía que Victoria había sido “crucificada”, y que el neumático simbolizaba una corona de espinas y los troncos representaban una cruz de madera. Tita Andrade, otra mujer transgénero, fue encontrada con el 90% del cuerpo cubierto por quemaduras en marzo de 2020 en La Unión. Estos homicidios brutales, con componentes simbólicos, suelen cometerse contra personas acusadas por “delitos morales”.

En 2015, la Asamblea Legislativa de El Salvador reconoció la gravedad de los homicidios motivados por el odio en razón de la orientación sexual o la identidad de género de una persona, y reformó el Código Penal para elevar las penas previstas para estos delitos a un máximo de 70 años de cárcel y tipificar estos hechos como homicidios agravados. Un representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador señaló a Human Rights Watch que, hasta el momento, los fiscales solo han intentado encuadrar como delitos motivados por el odio tres asesinatos de personas LGBT, incluido el homicidio de Díaz Córdova. La Procuraduría señaló que en los tres casos los jueces desestimaron los cargos por delitos de odio, alegando que la evidencia era insuficiente. Aunque en el caso de Díaz Córdova finalmente no medió una acusación por delito de odio, se trata del primero en el cual se obtuvo una condena por el homicidio de una persona transgénero.

El caso de Díaz Córdova también pone de manifiesto los riesgos que entrañan las actuales políticas de Estados Unidos que limitan los pedidos de asilo. Díaz Córdova intentó en varias oportunidades huir de la violencia que enfrentaba en El Salvador debido a su identidad de género, incluso por parte de la criminalidad organizada. Finalmente llegó a Estados Unidos en agosto de 2017, pero allí las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) la detuvieron y la deportaron en noviembre del mismo año. De acuerdo a sus amigas, los funcionarios del ICE hicieron que firmara engañosamente una orden de deportación. Fue asesinada en El Salvador apenas un año después de su regreso, y tuvo allí el mismo destino que muchos otros salvadoreños deportados recientemente de Estados Unidos.

“Las personas LGBT tienen derecho a vivir en un país que respete y proteja su derecho fundamental a la vida”, expresó Vivanco. “El sistema judicial debe asegurar que los responsables de actos de violencia contra la comunidad LGBT respondan por sus acciones, incluso impulsando cargos por delitos de odio cuando sea pertinente”.