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El gobierno de Cuba acosa a los influencers de las redes sociales

YouTubers han sufrido acoso policial y amenazas de muerte

Ruhama Fernández.  © YouTube/Ruhama Fernández

El gobierno de Cuba es ampliamente conocido por acosar a disidentes, periodistas y miembros de agrupaciones políticas de oposición. En el último tiempo el régimen ha identificado un nuevo objetivo de persecución: los influencers de las redes sociales.

El 14 de octubre, policías llegaron a las casas de cuatro YouTubers que estaban a punto de participar en un foro en línea sobre la política cubana. Dos de ellos, Jancel Moreno y Maykel Castillo, fueron detenidos. A Iliana Hernández y otros activistas les interrumpieron el servicio de internet. Por su parte, la YouTuber Ruhama Fernández, tuvo que huir y esconderse para luego desde un lugar seguro, participar en la discusión por teléfono.

Este incidente es tan solo el último ejemplo del tipo de constante vigilancia y persecución que enfrentan los influencers en Cuba.

Tomemos el caso de Fernández, quien inició su canal de YouTube hace apenas diez meses.

En sus videos, que suelen ser críticos del gobierno, Fernández habla sobre temas de actualidad y entrevista a cubanos sobre su vida cotidiana o sus opiniones políticas.

Fernández le contó a Human Rights Watch que poco después de que comenzara a hacer videos, sus amistades empezaron a recibir citaciones de la policía. La policía se presentaba en las casas de sus amigos o en los sitios donde trabajan sus padres. “Querían saber quién era yo, donde vivía y si tenía pareja”.

Su hermano empezó a ser abordado por desconocidos en la calle; a veces eran policías y otras veces personas vestidas de civil. Siempre el mismo mensaje: “dile a tu hermana que deje de hacer lo que hace o podría desaparecer”.

En abril, recibió su primera citación policial. En la estación de policía, un agente le dijo que le convenía dejar de subir videos o, de lo contrario, iban a procesarla por actividades “contrarrevolucionarias”.

En julio, las autoridades obligaron a su proveedora de internet a interrumpir el servicio en su vivienda. Fernández recibía internet a través de una red informal que gestiona una de sus vecinas—una práctica común en Cuba, donde el acceso a internet es sumamente limitado y costoso. La vecina le contó que la policía la amenazó con cancelar toda la conexión si ella continuaba brindándole internet a Fernández. 

En agosto, las autoridades le negaron un pasaporte para viajar a Estados Unidos a visitar a sus padres. Una funcionaria del Ministerio del Interior le dijo que no podía salir del país por “motivos de interés público”, una medida de justificación que se aplica habitualmente contra disidentes.

En septiembre, tras ser interrogada una segunda vez por la policía, publicó un video en el cual contó la experiencia. Algunos días después, recibió una llamada desde un número anónimo en la cual amenazaron con “acabar” con ella si salía de su casa.

Al igual que otros influencers, Fernández afirma que no piensa claudicar. “Ahora que dije la verdad, no hay vuelta atrás”.

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