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Cuba: Régimen suprime protesta en contra de violencia policial

El Covid-19 no es excusa para realizar detenciones arbitrarias y restricciones a las comunicaciones

Un hombre es detenido en el lugar donde iba a ocurrir una protesta en contra del asesinato de un hombre negro por la policía en La Habana, Cuba, el 30 de junio de 2020. © 2020 Alexandre Meneghini/Reuters

(Washington, DC) – El gobierno cubano cometió numerosas violaciones a los derechos humanos para impedir protestas contra la violencia policial organizadas a fines de junio, señaló hoy Human Rights Watch.

Muchos cubanos tenían previsto manifestarse el 30 de junio en La Habana y otras partes de Cuba para protestar en contra del asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano, cometido por policías el 24 de junio en La Habana. Las autoridades cubanas señalaron que policías habían encontrado a Hernández Galiano, de 27 años, cuando estaba cometiendo un robo y le dispararon mientras huía y arrojaba piedras a los agentes. Para impedir las protestas, las autoridades cubanas hostigaron y detuvieron a muchas personas, incluyendo a varias que fueron acusadas del delito de “propagación de la epidemia”. Algunos disidentes denunciaron que los datos de internet en sus teléfonos celulares y su servicio telefónico se vieron interrumpidos a partir de la mañana del 30 de junio, en lo que parecen ser medidas de restricción de comunicaciones dirigidas específicamente en contra de disidentes. Debido a las medidas tomadas por el régimen, las protestas no tuvieron lugar.

“Detener arbitrariamente para impedir que la población proteste de forma pacífica es un ejemplo de las muchas medidas represivas que el régimen cubano está dispuesto a tomar para impedir que se manifiesten voces críticas al gobierno”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas medidas forman parte de un patrón general según el cual las autoridades cubanas apelan a cualquier excusa —en este caso, la pandemia— para tratar al disenso como un crimen, en vez de garantizar que las protestas pacíficas puedan transcurrir de manera segura”.

Human Rights Watch entrevistó telefónicamente a 15 personas en Cuba, incluidas víctimas de abusos y acoso, periodistas y defensores de derechos humanos locales. Human Rights Watch también analizó y corroboró videos subidos a las redes sociales, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes periodísticos.

El 30 de junio, fecha en que estaba previsto que se realizaran las manifestaciones, fue uno de los últimos días de cuarentena en contra del Covid-19 en La Habana. En otras partes del país donde no regía la cuarentena, como Santiago de Cuba, también se produjeron detenciones relacionadas con las protestas, según indicaron víctimas a Human Rights Watch.

El 29 de junio y la mañana del 30, policías cubanos ordenaron a personas que tenían previsto asistir a las protestas que no debían participar. En algunos casos, los agentes se presentaron en las viviendas de quienes pensaban manifestarse y les dijeron que debían quedarse allí, según indicaron a Human Rights Watch algunas víctimas de este acoso. En otros casos, las personas recibieron llamadas telefónicas anónimas en las cuales les ordenaban no participar. Organizaciones cubanas de derechos humanos informaron que el 30 de junio al menos 84 personas fueron obligadas a permanecer en sus casas o fueron hostigadas de otras formas por fuerzas de seguridad del régimen.

Once personas informaron a Human Rights Watch que los datos de internet de sus teléfonos celulares y su servicio de internet se vieron interrumpidos durante la mañana del día en que estaban programadas las protestas, así como el día siguiente. En otros casos, se limitaron los servicios de líneas telefónicas. Quienes intentaron comunicarse con estos números escucharon un mensaje que indicaba “el número que usted llama tiene restricción temporal de llamadas”, según trascendió a medios de prensa. Varias personas afectadas por estas medidas dijeron a Human Rights Watch y a la prensa que habían sufrido restricciones similares al acceso a internet durante protestas anteriores. Cuando sufren estas restricciones, los manifestantes piden prestados teléfonos a amigos y familiares que no son críticos del gobierno y cuyo servicio no es interrumpido, según contaron a Human Rights Watch.

La policía arrestó a muchas personas mientras se dirigían a los lugares donde se iban a desarrollar las manifestaciones y las mantuvo detenidas durante varias horas. Según organizaciones cubanas de derechos humanos, 52 personas fueron detenidas en relación con las protestas.

La artista Tania Bruguera manifestó a Human Rights Watch que varios policías se presentaron en su casa en La Habana el 29 de junio y le advirtieron que no debía acudir a la protesta. Al salir de su casa la mañana siguiente, fue detenida por agentes que la llevaron hasta una estación de policía. No le indicaron por qué la detenían. Al ser llevada a un calabozo, escuchó a un agente decir “a esa no le hagas nada”, contó Bruguera a Human Rights Watch.

Algunas horas después, un teniente coronel la interrogó sobre su papel en la organización de la protesta. Según Bruguera, el oficial hizo comentarios sobre detalles de su vida privada, incluida la muerte de su madre y cómo estaba compuesta su familia. Cerca de las 2 p.m., un policía le pidió que firmara un documento en el cual indicaba que había sido detenida por “alteración de orden público”. Bruguera se negó a firmarlo. Fue liberada cerca de las 4 p.m.

Tres hombres de civil permanecieron por horas cerca de la vivienda de Oscar Casanella en La Habana el 29 de junio, según contó a Human Rights Watch. Al salir de su casa el 30 de junio, los hombres se le acercaron y le dijeron que ya “sabía” que no podía salir. Casanella grabó esta interacción con su teléfono celular. Se negó a volver a entrar y les preguntó si eran policías. Los hombres no respondieron. En su lugar, le quitaron su teléfono, lo arrestaron y lo trasladaron en un automóvil policial con dos policías y dos militares hasta una estación policial cercana.

En el lugar de detención, los agentes no le permitieron hacer una llamada telefónica, Casanella afirmó a Human Rights Watch. Lo mantuvieron incomunicado aproximadamente desde las 11:30 a.m. hasta su liberación, a las 7:30 p.m. Durante su detención, lo interrogó una teniente coronel, contó Casanella. La teniente coronel le pidió que aceptara los cargos de “propagación de epidemia” y “escándalo público”, pero Casanella se negó. La teniente coronel lo amenazó con la posibilidad de una causa penal y una larga pena de prisión. Durante gran parte del primero de julio, los datos de internet del teléfono celular de Casanella no estuvieron activos, según indicó a Human Rights Watch.

Juan Osorio (pseudónimo) dijo a Human Rights Watch que en la mañana del 30 de junio cuatro policías se presentaron en su vivienda en La Habana. Le dijeron que sería detenido si salía. “No podía ni siquiera botar la basura o pasear a mis perros”, expresó Osorio a Human Rights Watch. Los agentes se quedaron frente a su casa todo el día, mientras otros dos esperaban en un auto estacionado cerca de allí, afirmó. Osorio y su esposa dijeron que los datos de sus teléfonos celulares no funcionaron ese día, aproximadamente hasta las 5 p.m.

El 30 de junio, el artista Luis Manuel Otero fue detenido por policías cuando se dirigía a la manifestación en La Habana. Lo retuvieron en una estación policial entre las 10 a.m. y las 6 p.m., contó Otero a Human Rights Watch. Nadie le explicó por qué estaba detenido. Los datos de su teléfono celular no funcionaron desde las 9 a.m. de ese día hasta el día siguiente, contó Otero. Otero enfrenta cargos penales por “ultraje a los símbolos patrios” por haber usado la bandera cubana en su performance llamada “Drapeau”, en la cual vistió la bandera cubana o la llevó consigo las 24 horas del día durante un mes.

El acceso a internet se encuentra sumamente limitado en Cuba. El servicio de internet es muy costoso y su precio es prohibitivo para muchos cubanos. Los servicios de telecomunicaciones son ofrecidos de forma exclusiva por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), de propiedad estatal, y se encuentran bajo el control del gobierno cubano, el cual emplea sus facultades y su mandato legal para limitar la conectividad a internet de formas que son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos.

En su informe de 2020 sobre Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que las autoridades realizaron “reiteradas detenciones arbitrarias como método de hostigamiento por parte de policías y agentes de seguridad del Estado”. Según la Comisión, estas detenciones “procuran desalentar las manifestaciones críticas al gobierno, obstaculizar la libre expresión de las opiniones e ideas”, así como “impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales”. La Comisión reportó que el acceso a internet en la isla se encuentra “seriamente obstaculizado” por la “limitada conectividad de la población cubana”, “el bloqueo y [la] censura” y “las vigilancias en la red”.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos están obligados a respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación, incluso durante manifestaciones pacíficas. Toda restricción a esos derechos, incluso en el contexto del Covid-19, debe ser necesaria y proporcional para lograr un objetivo legítimo, como la protección de la salud pública. Los gobiernos también tienen la obligación de asegurar que cualquier limitación en el acceso a la información en internet sea dispuesta por ley y resulte necesaria y proporcionada.

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