(Washington, D.C.) – Revertir los cambios adoptados por el gobierno del Presidente Barack Obama a la política estadounidense respecto de Cuba no contribuirá a un mayor respeto de los derechos humanos en la isla, señaló hoy Human Rights Watch.

El Presidente Donald J. Trump aparentemente anunciará una nueva política hacia Cuba durante su visita a Miami el viernes, 16 de junio, según ha trascendido en numerosos medios de comunicación. Los críticos de la política actual señalan la persistencia de la represión en Cuba como evidencia de que la estrategia fue errada.

“El gobierno de Obama hizo lo correcto al abandonar una política que perjudicaba a la población cubana y no contribuía en absoluto a promover los derechos humanos”, opinó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Que la estrategia de Obama no haya logrado reformas políticas en Cuba luego de apenas unos pocos años no es motivo para reinstaurar una política que, por muchas décadas, demostró ser un grave error”.

En diciembre de 2014, el entonces Presidente Obama anunció que EE. UU. normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba y moderaría las restricciones a los viajes y al comercio con la isla, e instó al Congreso a considerar la posibilidad de levantar el embargo económico impuesto a la isla por Washington hace varias décadas. A cambio de esto, el gobierno del Presidente Raúl Castro otorgó la libertad condicional a 53 presos políticos.

Los dos gobiernos restablecieron relaciones diplomáticas en julio de 2015. En marzo de 2016, Obama visitó Cuba, donde se reunió con Castro y también con defensores de derechos humanos y periodistas independientes cubanos. Obama pronunció un discurso, que se trasmitió por televisión a todo el país, en el cual instó al gobierno cubano a acabar con las restricciones a las libertades políticas.

Cuba sigue siendo un país sumamente represivo. Si bien hubo mejoras en varias áreas en los años posteriores a 2014 —incluida la reducción de restricciones a los viajes y una disminución en el número de presos políticos— no hubo cambios en las demás prácticas represivas del gobierno. Se reprime el disenso y se persigue la crítica pública.

Hoy el gobierno cubano recurre en una medida menor, en comparación con épocas anteriores, a penas de prisión prolongadas para castigar a sus críticos. Pero las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas han aumentado en los últimos años. Otras tácticas represivas incluyen golpizas, denigración pública y el despido.

Sin embargo, es improbable que restablecer las restricciones a los viajes y al comercio redunde en mejoras, señaló Human Rights Watch. Durante más de medio siglo, el embargo ha impuesto privaciones indiscriminadas a la totalidad de la población cubana. Le ha proporcionado al gobierno cubano una excusa para justificar las deficiencias del país, un pretexto para sus abusos y una forma de cosechar, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar las prácticas represivas de ese régimen.

Y es poco probable que insistir en que haya adelantos en materia de derechos humanos, como condición previa para una nueva política, genere algún cambio concreto, apuntó Human Rights Watch. Considerando que el gobierno de Castro ha estado siempre decidido a controlar prácticamente toda la actividad política en la isla, es muy improbable que este tipo de estrategia quid-pro-quo pudiera reportar resultados mejores que los conseguidos en el pasado. En cambio, lo único que habría hecho es impedir el acercamiento y no habría modificado en absoluto la dinámica geopolítica que ha resguardado al gobierno cubano de la presión internacional durante décadas.

“Se necesita ejercer presión internacional sobre el gobierno cubano para contribuir a que se generen las condiciones para el cambio”, señaló Wilkinson. “Sin embargo, para que sea efectiva, debería tratarse de presión multilateral ejercida junto con otros gobiernos de la región”.