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El Reino Unido está fallando a las víctimas de violencia doméstica en la pandemia

Debe promulgar medidas legislativas para proteger a las personas más vulnerables

(Londres) – El gobierno del Reino Unido está estancado en el establecimiento de un sólido marco legal para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, a pesar de haberse registrado picos de abuso doméstico durante la pandemia, señaló hoy Human Rights Watch.

Las insuficientes medidas para garantizar apoyo y servicios críticos para las sobrevivientes de violencia doméstica, especialmente las que tienen menos probabilidades de obtener asistencia, antes y durante la pandemia de COVID-19 han dejado a las organizaciones que ayudan a algunas de las mujeres más vulnerables en una situación muy debilitada para satisfacer sus necesidades.

“La pandemia ha puesto en evidencia defectos de larga data en el enfoque del gobierno del Reino Unido hacia la violencia doméstica”, dijo Hillary Margolis, investigadora principal de derechos de la mujer en Human Rights Watch. “La erosión del apoyo a los servicios especializados en violencia doméstica ya constituía una crisis nacional, así que este es un momento crítico para que el gobierno demuestre su compromiso con la inversión a largo plazo en estos servicios para todas las mujeres y niñas”.

El gobierno ha asegurado repetidamente que prioriza la protección y el apoyo a las mujeres y las niñas que sufren violencia, pero aún no ha ratificado un emblemático tratado europeo sobre la violencia de género firmado por el gobierno hace hoy ocho años. El Proyecto de Ley de Abuso Doméstico ante el Parlamento no garantiza la protección de todas las mujeres y niñas.

Los proveedores de servicios afirman que la crisis del COVID-19 ha exacerbado la falta de acceso a servicios para las mujeres inmigrantes, negras, asiáticas y de minorías étnicas (BAME, por sus siglas en inglés). Representantes de las organizaciones que prestan servicios a estas comunidades dicen que la persistente desigualdad genera dificultades adicionales para proporcionar servicios de forma remota. “El 25 ciento de las mujeres a las que asistimos ni siquiera tienen un teléfono, y mucho menos un teléfono inteligente”, señaló Rosie Lewis, del Centro Angelou, un proveedor feminista de servicios a personas negras en Newcastle. “[Los servicios digitales] dan por hecho una base de referencia de acceso”.

Las barreras lingüísticas pueden excluir a las mujeres de estas comunidades de obtener información sobre los servicios. La campaña #YouAreNotAlone (#NoEstásSola) presentada por la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, durante la respuesta al COVID-19 tenía como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la violencia doméstica y alentar a las personas que sufren abusos a buscar ayuda, pero los mensajes solo están disponibles en inglés.

Los servicios están pasando apuros por permanecer completamente operativos durante la pandemia. Una encuesta de Women’s Aid mostró que, hasta el 6 de abril, 38 de 45 proveedores de servicios habían reducido o suspendido al menos un servicio debido al COVID-19. Estos incluyen servicios que brindan refugio, que ya no alcanzaban los estándares marcados por el Consejo de Europa. Los espacios de refugio designados para mujeres en grupos marginados son especialmente limitados: Women’s Aid descubrió que desde mayo de 2019 solo había 418 espacios de refugio específicos en Inglaterra para mujeres BAME, 4 espacios dedicados para mujeres mayores de 45 años, 12 para mujeres con discapacidades de aprendizaje y ninguno para mujeres sordas.

Durante la pandemia, representantes de organizaciones que brindan servicios a mujeres que sufren violencia de género aseguraron que algunos refugios habían tenido que dejar espacios sin ocupar debido al distanciamiento social o medidas de cuarentena.

Las mujeres inmigrantes enfrentan barreras específicas para obtener servicios fundamentales. Sus maltratadores usan su estado migratorio para controlarlas o impedir que busquen ayuda, y pueden temer recurrir a las autoridades debido al riesgo de detención, deportación o separación de sus hijos. Las personas con visas como las de cónyuges o prometidos, no tienen recursos a los fondos públicos en virtud de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999, por lo que no son elegibles para la mayoría de las prestaciones del gobierno.

Debido a que los refugios a menudo dependen de los pagos de las prestaciones de vivienda del gobierno como sustento económico, muchos no pueden aceptar a sobrevivientes sin recursos a los fondos públicos. La política diseñada para abordar esta brecha aún excluye a las mujeres con este estatus que carecen de visas de cónyuge. Si bien Gales y Escocia dieron instrucciones a las autoridades locales para garantizar un refugio seguro para todas aquellas personas con este estatus y que huyen de la violencia doméstica durante la pandemia, Inglaterra e Irlanda del Norte no han emitido instrucciones explícitas similares.

Los proveedores de servicios también dijeron a Human Rights Watch que están incurriendo en costos iniciales –que pueden ser prohibitivos para organizaciones más pequeñas— para establecer con urgencia servicios remotos debido al COVID-19. Semanas después de declararse la crisis, el 2 de mayo, el gobierno anunció £76 millones para apoyar a “las personas más vulnerables” durante la pandemia, incluidos £28 millones para servicios de violencia doméstica.

Sin embargo, los proveedores de servicios expresaron su preocupación de que esto es insuficiente para cubrir las necesidades, que no se designan fondos para organizaciones “dirigidas por y para” grupos marginados como las mujeres inmigrantes, negras, asiáticas o de minorías étnicas o mujeres con discapacidad, y que el proceso para acceder a los fondos sigue siendo engorroso y requiere mucho tiempo.

“Somos una pequeña organización que está lidiando con un mayor número de casos, con casos complejos y con [mujeres que enfrentan] desigualdad digital, y además de todo esto tenemos que completar complejas solicitudes de financiación”, dijo Elizabeth Jiménez-Yáñez, de Latin American Women’s Rights Service. “El hecho de que organizaciones como la nuestra no tengan acceso a fondos significa que las mujeres más marginadas no tendrán acceso a servicios fundamentales”.

La ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica –conocido como “Convenio de Estambul”— obligaría al gobierno a establecer normas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, apoyar a las sobrevivientes y asegurar la rendición de cuentas de los maltratadores, independientemente de la edad de las sobrevivientes, su origen étnico, orientación sexual o estatus migratorio.

El gobierno ha atribuido los retrasos en la ratificación a la necesidad de adaptar la legislación nacional al convenio, incluida la aprobación de la tan esperada Ley de Abuso Doméstico. El proyecto de ley, presentado nuevamente ante el Parlamento en marzo, establecería una definición jurídica de violencia doméstica. Pero no incluye medidas fundamentales para proteger a las mujeres y niñas inmigrantes, una necesidad para el cumplimiento del convenio, que exige que los servicios y el apoyo a las sobrevivientes no sean discriminatorios y no tengan en cuenta la situación de residencia o migratoria.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en la etapa de comité en la Cámara de los Comunes, con un informe del Comité de Proyecto de Ley Pública programado para el 25 de junio. El gobierno debería aprovechar esta oportunidad para abordar las brechas restantes en la legislación, incluso mediante la introducción de enmiendas que garanticen protecciones para inmigrantes y otras mujeres y niñas marginadas, y el avance hacia la ratificación del Convenio de Estambul.

Como en muchos países, los informes de violencia doméstica han registrado un alarmante aumento en el Reino Unido desde que se instituyeron las medidas de cuarentena en marzo. La organización benéfica Refuge informó el 27 de mayo que el promedio de llamadas y contactos semanales a la Línea Nacional de Ayuda contra el Abuso Doméstico de Inglaterra y Gales habían aumentado un 66 por ciento y las visitas al sitio web, donde las personas pueden solicitar un momento seguro para ser contactadas, habían aumentado un 950 por ciento en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

Como señalaron la Comisionada de Abuso Doméstico Nicole Jacobs y la Comisionada para las Víctimas Vera Baird en una declaración del 3 de marzo: “Para que el Proyecto de Ley de Abuso Doméstico sea transformador, debe enviar un mensaje claro de que la violencia doméstica es inaceptable, sea quien sea la víctima”.

El proyecto de ley debería enmendarse urgentemente para garantizar el acceso a servicios esenciales, incluido el alojamiento, para las mujeres inmigrantes, dijo Human Rights Watch. También debería establecer sistemas de denuncia seguros y reflejar el llamamiento de los grupos de mujeres inmigrantes de unos “cortafuegos” entre las autoridades de inmigración y la denuncia y servicios de violencia doméstica. El gobierno debería tomar estas y todas las demás medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley cumpla plenamente con el Convenio de Estambul para facilitar la ratificación urgente.

Más de 30 organizaciones, incluida Human Rights Watch, firmaron una carta del 2 de junio instando al gobierno a ratificar el Convenio de Estambul. El 20 de abril, el Comité de las Partes en el Convenio de Estambul brindó directrices sobre los pasos que los gobiernos pueden tomar para cumplir con su obligación de prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de acuerdo con el convenio durante la pandemia. Estas  directrices incluyen “reforzar” los recursos financieros y humanos para los proveedores de servicios, implementar campañas específicas de información y comunicación en varios idiomas, y asegurar que los servicios continúen disponibles mientras se respetan las pautas de salud pública.

“La atención prestada a las denuncias de violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19 debe verse respaldada por una acción concertada para proteger y apoyar a las víctimas de la violencia ahora y después de la crisis mundial”, dijo Margolis. “Puede que las medidas de cuarentena se estén relajando, pero la responsabilidad del gobierno no, y algunas de las mujeres y niñas más vulnerables del Reino Unido cuentan con este gobierno para que protejan sus vidas”.

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