(Ciudad de México) – El gobierno mexicano no está protegiendo a personas con discapacidad en México de graves situaciones de abuso y abandono por parte de sus familias, señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy. El gobierno debería proteger a las personas con discapacidad de la posibilidad de violencia, y esto incluye generar servicios para que puedan tener una vida independiente.
El informe de 71 páginas, “‘Es mejor hacerte invisible’: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, documenta el abuso y la desatención que enfrentan muchas personas con discapacidad a manos de sus familiares, con quienes a menudo están obligadas a convivir debido a la falta de apoyo gubernamental para poder vivir de manera independiente. Human Rights Watch también describe los obstáculos, a veces insuperables, que deben sortear las personas con discapacidad para acceder a la justicia y protegerse de sus agresores.
“Muchas personas con discapacidad en México están atrapadas en situaciones de violencia familiar, con pocas posibilidades de escapar u obtener justicia”, indicó Carlos Ríos-Espinosa, investigador sénior de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch y autor del informe.
“El gobierno no solo no las ha protegido sino que, en muchos casos, ha exacerbado la dependencia de estas personas de sus familias, al no darles apoyo para que ejerzan su derecho a vivir de manera independiente”.
Human Rights Watch entrevistó a 140 personas, incluidos 38 adultos con discapacidad, en cuatro estados: Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Entre estas había personas con discapacidad física, personas sordas o ciegas y personas con discapacidades de desarrollo, como el autismo. Las personas entrevistadas se refirieron a abusos físicos, sexuales y emocionales, desatención y confinamiento en habitaciones o camas. Algunas personas adultas que viven con sus padres han sufrido abusos desde la infancia.
Olga, una mujer de 45 años con parálisis cerebral que vive con sus padres y dos hermanos en la Ciudad de México, expresó: “Mis padres me insultan y me regañan. Mi padre me golpea, me arroja a un lado de mi silla de ruedas. Eso me entristece y me hace llorar”.
La falta de políticas gubernamentales para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y elegir dónde y con quiénes desean vivir implica que no tienen muchas opciones más que permanecer con sus agresores, a veces de por vida.
La epidemia de Covid-19 podría agudizar la violencia familiar, puesto que las familias están confinadas en sus casas y muchas atraviesan dificultades económicas por la pérdida de puestos de trabajo. El 27 de mayo, un vocero del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que desde el inicio de la pandemia hubo un aumento en las denuncias por violencia familiar, y anunció una nueva campaña contra ese tipo de violencia.
Muchas de las personas entrevistadas asisten a escuelas especiales para personas con discapacidad. Sin embargo, con el cierre de las escuelas para evitar que se propague la Covid-19, ya no cuentan con un lugar seguro adónde ir, ni siquiera unas pocas horas.
En febrero de 2019, el gobierno federal de México estableció pensiones por discapacidad de 1310 pesos (USD 58) por mes. El programa apunta a beneficiar a apenas 1 millón de los cerca de 7 millones de personas con discapacidad que hay en México. Sin embargo, las pensiones son insuficientes para vivir de manera independiente. La ausencia de otros servicios esenciales, como vivienda y transporte accesibles, y asistentes profesionales que ayuden a las personas con tareas de la vida cotidiana, también impide que muchas personas vivan de manera independiente.
Las leyes de los estados y las prácticas gubernamentales también exacerban la dependencia de las personas con discapacidad respecto de sus familias. En Oaxaca y Ciudad de México, la legislación exige a las familias mantener a familiares adultos con discapacidad, y las autoridades suelen otorgar la pensión a los familiares para que la administren.
Funcionarios del principal organismo de servicios sociales que brinda servicios a las personas con discapacidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), intervienen en algunos casos de violencia familiar. En situaciones de abandono o abuso extremos, a veces realizan gestiones para que las personas con discapacidad vivan en instituciones o con otros familiares, pero no les brindan apoyo para que puedan vivir de manera independiente.
Las personas con discapacidad también pueden tener serias dificultades para acceder a la justicia. Muchas de las fiscalías en las que tendrían que presentar sus casos no son accesibles y no prevén asistencia en las comunicaciones durante los procedimientos. A su vez, muchos fiscales están poco informados sobre los ajustes al procedimiento que deben realizarse para ayudarlas. El acceso a refugios es muy limitado para las mujeres y sus hijos, y no hay albergues de este tipo para hombres.
Una mujer entrevistada, Guadalupe Huerta Mora, que ahora tiene 55 años, presenta una discapacidad como consecuencia de que, en 2010, las hermanas de su esposo la agredieron a puñetazos y puntapiés. En este hecho, sufrió una grave lesión en la columna que le impide caminar. Se vio obligada a mudarse de nuevo con sus agresores, hasta que finalmente huyó de la Ciudad de México con el apoyo de su hijo, que entonces tenía 13 años.
El gobierno federal de México ha empezado a implementar una nueva política para proteger a las mujeres de la violencia llamada Puerta Violeta y está revisando algunas de las políticas vigentes, incluidas las pautas operativas de los refugios de emergencia. El gobierno debería consultar de manera activa a las personas con discapacidad para formular y poner en práctica las políticas.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México ratificó en noviembre de 2007, reconoce el derecho de estas personas a vivir de manera independiente y tener opciones equivalentes a las de las demás personas con respecto a dónde vivir, cómo y con quiénes. No deben ser obligadas a vivir con sus familias o en instituciones segregadas. Las personas con discapacidad también tienen derecho a ser protegidas contra la violencia y la desatención, incluso por parte de familiares, y los gobiernos deben cerciorarse de que puedan acceder a mecanismos de protección y justicia.
Los gobiernos federal y estatales de México deben proteger a las personas con discapacidad de la violencia, cerciorándose de que las leyes y políticas se refieran de manera expresa a las personas con discapacidad y garanticen la accesibilidad y los ajustes al procedimiento a través del sistema de justicia penal, señaló Human Rights Watch. Un paso clave es asegurar que las personas con discapacidad puedan denunciar de manera segura situaciones de abuso y desatención familiar a través de mecanismos de denuncia accesibles. Asimismo, el gobierno debería revisar la forma en que recaba datos sobre violencia y violencia familiar, de modo de incluir información desglosada sobre personas con discapacidad, incluso por tipo de discapacidad.
Los organismos públicos también deberían formular un plan integral y con plazo definido para ampliar el apoyo y los servicios que favorezcan la vida independiente, entre otras cosas, generando más oportunidades de empleo, vivienda y transporte asequibles y accesibles, y la posibilidad de asistentes personales profesionales para las personas que requieren ayuda para tareas cotidianas.
“El gobierno mexicano debe redoblar sus esfuerzos para incluir plenamente a las personas con discapacidad en su respuesta a la violencia familiar, sobre todo en un contexto en el que la Covid-19 amenaza con exponer a muchas más personas a un riesgo mayor”, apuntó Ríos-Espinosa.
