(Washington D.C.) – Los países deben responder al llamado del Secretario general de las Naciones Unidas para que se adopte una nueva declaración política que proteja a los civiles de los bombardeos aéreos y de artillería contra ciudades y poblados, señaló hoy Human Rights Watch al presentar un informe sobre el tema en conjunto con la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard.
El documento de 13 páginas analiza la importancia de que se adopte un compromiso político y explica qué disposiciones debería contener. El uso de armas explosivas en zonas pobladas ha causado sufrimiento inmediato e incluso tiempo después a civiles en Siria, Libia, Yemen y otras zonas donde hubo conflictos recientes.
“Los países deben consensuar una declaración política para prevenir el sufrimiento que causa a las personas el uso de las armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas”, apuntó Bonnie Docherty, investigadora sénior sobre Armas de Human Rights Watch. “La declaración debe establecer que este método de guerra es inadmisible. Hay vidas de civiles en juego”.
En el informe anual del secretario general António Guterres sobre “La protección de los civiles en los conflictos armados”, que presentó al Consejo de Seguridad la semana pasada, se destacó que “sigue siendo fundamental” contar con una nueva declaración política. A través del documento, los países deben comprometerse a evitar el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas, afirmo el Secretario General en el documento.
Si bien los países iniciaron el proceso para crear una declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas en 2019, las negociaciones se han pospuesto debido a la pandemia de Covid-19. Pese a no tener carácter vinculante, las declaraciones políticas contribuyen a orientar el comportamiento de los Estados al establecer estándares para las políticas y prácticas nacionales y explicar con claridad qué establece el derecho internacional vigente.
Un grupo minoritario de países, entre ellos Estados Unidos, han intentado que se adopte una versión más atenuada de la declaración, al recomendar compromisos menos enérgicos con respecto al tema general de las guerras urbanas.
“Una declaración política tendrá mayores probabilidades de asegurar resultados eficaces si propone una solución específica para un problema específico”, destacó Docherty, que es además directora asociada de Conflictos Armados y Protección de Civiles de la Clínica de Harvard. “Las partes negociantes no deben perder de vista el imperativo humanitario de abordar el daño a los civiles que causa el uso de las armas explosivas en zonas pobladas, y sobre el cual se han documentado abundantes pruebas”.
La declaración política debe abordar los efectos directos, indirectos y de reverberación del uso de armas explosivas en las zonas pobladas, señalaron Human Rights Watch y la Clínica. Las armas explosivas, como las bombas aéreas, los proyectiles y los misiles, no solo matan y hieren a civiles en el momento del ataque, sino que, además, producen graves efectos en cadena. La destrucción de centrales de energía, plantas de tratamiento de agua, hospitales, escuelas y otra infraestructura obstaculiza la provisión de servicios básicos, como la atención de la salud y la educación. El daño también provoca desplazamientos forzados, y la presencia de restos explosivos impide que las personas puedan volver en condiciones seguras.
Los efectos de amplio alcance de algunas armas explosivas —originados en que tienen un gran radio de onda expansiva y fragmentación, su poca precisión y/o el lanzamiento de varias municiones al mismo tiempo— agudizan de manera significativa las consecuencias humanitarias.
A fin de prevenir el perjuicio asociado con esas armas, la declaración debe contener el compromiso de los países de no usar estas armas en zonas pobladas. Asimismo, deben considerar el daño previsible causado por esa práctica al evaluar la proporcionalidad del ataque que se pretende ejecutar.
Además, la declaración debe expresar un firme compromiso de asistir a las personas, familias y comunidades afectadas. Debe incluir disposiciones acerca de la necesidad de recabar y compartir datos, un proceso indispensable para documentar el problema y aplicar esta información a la respuesta.
Por último, la declaración debe lograr que los países se comprometan a reunirse en forma anual para analizar la implementación y la eficacia de la declaración. Estos encuentros deben celebrarse con la participación de organizaciones internacionales y no gubernamentales.
En octubre, Austria inició el proceso para formular un compromiso político de reducir el perjuicio causado por el uso de armas explosivas en zonas pobladas. En dos encuentros organizados por Irlanda en el ámbito de la ONU en Ginebra, más de 70 países analizaron los elementos de la declaración y empezaron a evaluar cuáles podrían ser sus disposiciones específicas. Aunque en este momento no pueden llevarse a cabo negociaciones presenciales, Irlanda ha invitado a que se formulen observaciones a un texto preliminar que ha circulado, y tiene previsto reanudar el proceso apenas estén dadas las condiciones de seguridad.
Human Rights Watch es una de las partes cofundadoras de la Red Internacional contra las Armas Explosivas, una coalición formada en 2011 por organizaciones de la sociedad civil del ámbito humanitario, jurídico y otras áreas en reclamo de acciones inmediatas para prevenir el sufrimiento que causa a las personas el uso de armas explosivas en zonas pobladas.
