Si bien las negociaciones destinadas a adoptar una declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas se han visto demoradas a causa de la actual pandemia, el proceso cobra impulso para seguir avanzando cuando se reconoce el sufrimiento que este método bélico causa a las personas. Irlanda mantuvo consultas diplomáticas en noviembre de 2019 y febrero de 2020 y, debido a la postergación de la conferencia de negociaciones, poco tiempo atrás recogió comentarios escritos sobre su declaración preliminar de marzo de 2020. Irlanda prevé divulgar un borrador revisado en junio y finalizar el texto apenas sea posible llevar a cabo un encuentro global con modalidad presencial.
Las consecuencias devastadoras del uso de armas explosivas en zonas pobladas exigen una respuesta internacional oportuna. Esta práctica, sobre todo cuando implica el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance, genera daños inmediatos y a largo plazo para la población civil. Las armas matan y hieren a civiles, infligen un perjuicio psicológico duradero, provocan daños a infraestructura crítica y desplazan a personas dentro de un país y en forma transnacional. Adoptar una firme declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas podría contribuir de manera significativa a prevenir y remediar estos efectos directos, indirectos y de reverberación.
Las declaraciones políticas son documentos en los cuales los Estados se comprometen a alcanzar objetivos políticos a través de acciones individuales y coordinadas. Pese a no tener carácter jurídicamente vinculante, estos compromisos tienen gran significancia. Establecen estándares para la actuación del Estado y precisan con claridad el derecho internacional vigente. En este proceso, delimitan el comportamiento de los Estados y los ayudan a trabajar en pos de objetivos comunes. Al no desacelerar el impulso hacia una declaración política sobre las armas explosivas, los Estados demostrarán su compromiso de proteger a los civiles y mejorar la implementación del derecho internacional.
Human Rights Watch y la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard han participado de manera activa en el proceso orientado a crear una declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Hemos analizado otras declaraciones anteriores que abordan las consecuencias de los conflictos armados y hemos formulado comentarios sobre los dos borradores elaborados por Irlanda[1]. Este documento complementa nuestro trabajo anterior respondiendo a preguntas clave que surgieron en el transcurso del proceso, analizando conceptos centrales que ya estaban presentes en la declaración preliminar de marzo y ofreciendo recomendaciones sobre cómo se podría maximizar la eficacia de la declaración. El documento procura contribuir a definir tanto el proceso en curso para negociar la declaración, como también la interpretación e implementación de la declaración una vez que esta se finalice.
1. ¿Qué estructura debería tener la declaración política?
Al igual que otras declaraciones políticas vinculadas con los conflictos armados, la declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas debería constar de una introducción en la que se presente el tema en su contexto, y una parte dispositiva que contenga los compromisos políticos[2]. La introducción debe incluir una exposición del problema y una explicación del marco jurídico vigente. La exposición del problema debe mostrar claramente la necesidad de que se adopte una declaración y explicar el perjuicio que debe abordarse. Los párrafos sobre el contexto legal deben identificar y reafirmar las normas generales que deberían aclararse e implementarse.
Los compromisos políticos expuestos en la parte dispositiva deben presentar los pasos que los Estados se comprometen a dar para maximizar la protección de los civiles y favorecer el cumplimiento del derecho internacional. Deben aclarar de qué forma los Estados que respaldan la declaración deberían aplicar el derecho internacional al uso de armas explosivas en zonas pobladas, principalmente evitando el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en tales zonas. Asimismo, deben enumerar medidas concretas de implementación, como intercambiar mejores prácticas, establecer capacitaciones, asistir a víctimas y recopilar y desglosar datos[3]. Separar la parte dispositivo de la introducción sobre contexto evita que haya ambigüedad con respecto a los compromisos concretos de la declaración. También destaca la parte más importante de la declaración política.
2. ¿Por qué la declaración debe abordar los efectos directos, indirectos y las repercusiones del uso de armas explosivas en zonas pobladas?
A fin de brindar una respuesta completa y específica al problema del uso de armas explosivas en zonas pobladas, la declaración política debe analizar todas las consecuencias nocivas de la práctica. La introducción de la declaración debe reconocer y explicar los efectos directos, indirectos y de reverberación, y los compromisos deben tener por objeto prevenir y remediar tales efectos[4].
Las consecuencias directas e indirectas del uso de armas explosivas en zonas pobladas son las más evidentes. Las armas matan y hieren a civiles al momento del impacto. Los efectos secundarios, como incendios, la dispersión de escombros y el colapso de edificios generan víctimas civiles adicionales[5].
El uso de armas explosivas en zonas pobladas también genera efectos de reverberación, que duran días, meses o incluso años a partir de un ataque inicial. Las armas explosivas suelen dañar infraestructura crítica, incluidos reservorios y tuberías de agua, plantas de tratamiento de agua, plantas de energía, centros médicos, instituciones educativas, torres de comunicación y otras instalaciones similares. El daño a algún componente de esta infraestructura, a su vez, entorpece la prestación de servicios básicos: la falta de energía afecta la posibilidad de un hospital de brindar atención crítica; las líneas de comunicación averiadas impiden que las personas llamen para pedir ambulancias o bomberos; y la destrucción de escuelas interrumpe la posibilidad de educación. Estos factores generan, en conjunto, desplazamientos generalizados[6].
Los efectos de reverberación se exacerban de manera significativa con los efectos de amplio alcance de algunas armas explosivas. Tales armas explosivas se distinguen por una o más de las siguientes características: tienen un amplio radio de onda expansiva o fragmentación; por su naturaleza, carecen de precisión; o lanzan múltiples municiones al mismo tiempo[7]. Cuando se utilizan armas explosivas en aldeas, poblados y ciudades, sus efectos de amplio alcance prácticamente impiden limitar el daño a objetivos militares, y esto genera riesgos previsibles para los civiles.
3. ¿Por qué los Estados deberían comprometerse a evitar el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas?
Esta declaración política debería tener, como elemento central, un compromiso enérgico de evitar el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas.
El uso de estas armas en zonas pobladas genera un patrón de sufrimiento humano, que ha sido ampliamente documentado, como consecuencia de los efectos directos, indirectos y de reverberación antes mencionados[8]. Incluso cuando se actúa con cautela, la práctica provoca graves perjuicios a los civiles.
Usar armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas también es problemático desde el punto de vista jurídico. Las normas internacionales de derechos humanos exigen que, al planificar y ejecutar ataques, las partes de un conflicto armado distingan entre civiles y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Se prohíbe por ser “indiscriminada” toda arma o método de ataque que no realice o no pueda realizar esta distinción. Los ataques en los que los daños civiles esperados sean excesivos en relación con la ventaja militar que se prevé conseguir resultan desproporcionados y están prohibidos. El uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas resulta contrario a estos principios fundamentales del derecho internacional humanitario[9].
La declaración política procura maximizar la protección civil y promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Para impulsar estos objetivos, debe aclarar de qué forma que las partes deberían aplicar el derecho internacional específicamente al uso de armas explosivas en zonas pobladas. En particular, la declaración debe establecer una presunción contra el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas. La forma más eficaz de asegurar tal presunción sería incluir un compromiso de evitar el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas.
4. ¿Por qué motivo la declaración política debería enfocarse en el uso de armas explosivas en zonas pobladas, en vez de abordar las situaciones de guerra urbana en general?
Si bien una minoría de Estados han sostenido que esta declaración política debería referirse de manera más general a las guerras urbanas, la mayoría de los Estados, los organismos de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las organizaciones de la sociedad civil se han enfocado en la práctica consistente en el uso de armas explosivas en zonas urbanas[10]. La declaración debería mantener ese enfoque, dado que la práctica representa un problema humanitario específico para el que deben definirse soluciones también muy concretas.
El uso de armas explosivas en zonas pobladas es un problema específico y esencial que debe ser abordado por una declaración política. Si los Estados se ponen de acuerdo en contrarrestar esta práctica, la declaración podría contribuir a salvar vidas de civiles. La declaración podría incluso potenciar su efecto si incluye compromisos sobre asistencia a víctimas y recopilación y transmisión de datos pertinentes. En cambio, las guerras urbanas comprenden un amplio abanico de prácticas que plantean diversas consideraciones humanitarias. Una declaración acerca de la guerra urbana debería ocuparse de cuestiones como la selección de los civiles como objetivo de ataque, la ubicación conjunta de combatientes y población civil, los ataques contra hospitales, escuelas u otras estructuras civiles, o el uso de armas indiscriminadas o inhumanas. Sería poco práctico intentar responder de manera adecuada a estos problemas a través de una única declaración política.
Para que su área de enfoque resulte clara, la declaración debería referirse al “uso de armas explosivas en zonas pobladas”, en vez de usar terminología más imprecisa como “guerra urbana” o “conflicto armado en zonas urbanas”. La declaración también debería usar el término “zonas pobladas” en vez de “zonas urbanas”, ya que el primero se refiere a pequeñas concentraciones de civiles, como poblados y aldeas, además de grandes ciudades[11].
5. ¿Por qué la declaración política debería enfocarse en el daño previsible causado por el uso de armas explosivas en zonas pobladas, en vez de abordar el uso indiscriminado de tales armas?
Un número mayoritario de Estados, el CICR y la sociedad civil han instado a que se adopte una declaración política que se refiera al daño previsible que causa el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Como se señaló antes, esta práctica provoca víctimas civiles y otras consecuencias adversas especialmente devastadoras cuando las armas tienen efectos de amplio alcance. Sin embargo, otros Estados han señalado que la declaración política debería enfocarse en el “uso indiscriminado” de las armas explosivas en zonas pobladas[12]. Limitar de esta forma el objeto de la declaración desviaría la atención del problema humanitario de fondo y mellaría la eficacia del instrumento[13].
Hacer hincapié en el uso indiscriminado sería una decisión problemática en muchos sentidos. En primer lugar, el uso indiscriminado ya es una conducta prohibida por el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, una declaración específica sobre eso no sería un aporte significativo a las garantías legales que se han establecido. En segundo lugar, plantear compromisos exclusivamente sobre el uso indiscriminado de las armas explosivas en zonas pobladas deja implícito que otras modalidades de uso son aceptables. No obstante, hay evidencias de que el uso de armas explosivas, sobre todo con efectos de amplio alcance, en zonas pobladas genera un patrón previsible de daños con independencia de la legalidad de la práctica. Por último, el concepto de uso indiscriminado puede adquirir una fuerte carga política, ya que se basa en las determinaciones legales que realizan los Estados sobre sus rivales, incluidos los grupos armados externos al Estado.
Por el contrario, una declaración política debe abordar de manera general las consecuencias humanitarias vinculadas con el uso de las armas explosivas en zonas pobladas. La declaración debe responder de manera integral al daño previsible que motivó a los Estados a iniciar el proceso para la adopción de un nuevo instrumento. Promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario es tan solo una parte de la solución. La declaración debe reforzar la protección de los civiles frente al espectro de múltiples consecuencias adversas, y no solo los efectos asociados con el uso indiscriminado.
6. ¿En qué supuestos la declaración política debería enfocarse en el uso de las armas explosivas con efectos de amplio alcance y cuándo debería abordar el uso de todas las armas explosivas en zonas pobladas?
Dado que los efectos de amplio alcance de ciertas armas explosivas son particularmente preocupantes en términos humanitarios y plantean problemas previsibles conforme a las normas internacionales de derechos humanos, la declaración política debe incluir la consideración de las armas explosivas con estas características. En particular, los compromisos expresados en la declaración de evitar el uso de zonas urbanas y tomar en cuenta los efectos directos, indirectos y de reverberación al planificar operaciones militares debe enfocarse en las armas explosivas con efectos de amplio alcance.
Sin embargo, otras partes de la declaración política deben ocuparse del uso de todas las armas explosivas en las zonas pobladas. Por ejemplo, los Estados deben expresar el compromiso de brindar asistencia a los afectados por el uso de las armas explosivas en zonas pobladas, con independencia de si estas tuvieron efectos de amplio alcance, ya que el sufrimiento causado a los civiles es el mismo. Asimismo, los Estados deben recabar y compartir datos sobre el uso de todas las armas explosivas en zonas pobladas, ya que tal información contribuye a que se sepa más sobre el problema y las formas de enfrentarlo.
7. ¿De qué forma la declaración política debe abordar la asistencia a las víctimas del uso de armas explosivas en zonas pobladas?
Como se señaló antes, el uso de armas explosivas en zonas pobladas tiene consecuencias civiles significativas a corto y largo plazo. A efectos de atender de manera integral el sufrimiento humano que provoca esta práctica, los Estados deben adoptar medidas para remediar la continuidad del daño provocado por el uso pasado, así como realizar acciones para prevenir que haya otros daños en el futuro. En particular, la declaración política debe incluir un compromiso firme de asistir a las víctimas afectadas por los efectos directos, indirectos y de reverberación de las armas explosivas.
En diversos tratados y declaraciones políticas anteriores se encuentran precedentes de compromisos en materia de asistencia a las víctimas. El Tratado Sobre la Prohibición de Minas de 1997 y la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 se refieren, en ambos casos, a la obligación de asistir a las víctimas[14]. La mayoría de las declaraciones políticas que procuran hacer frente a los daños a civiles vinculados con los conflictos armados incluyen también el compromiso de asistir a las víctimas de esos daños[15].
La declaración política sobre el uso de las armas explosivas en zonas pobladas debería requerir a los Estados un compromiso que los obligue brindar asistencia integrada y holística a las víctimas, que presente los elementos expuestos a continuación. En primer lugar, la declaración política debe aclarar que las “víctimas” a quienes les corresponde la asistencia pueden ser personas, familias y comunidades afectadas[16].
En segundo lugar, la declaración debería instar a que se brinde un amplio abanico de modalidades de asistencia. La asistencia debe incluir la asistencia médica permanente y de urgencia, la rehabilitación física, el apoyo psicosocial y medidas orientadas a promover la inclusión socioeconómica. Asimismo, es necesario que responda a las necesidades básicas de las personas sobrevivientes y sus familias, prevea el resarcimiento por la pérdida de viviendas y medios de subsistencia y ayude a la reconstrucción de la infraestructura del lugar[17].
En tercer lugar, la declaración política debe establecer principios que orienten la distribución de la asistencia. La asistencia a las víctimas no debe tener carácter discriminatorio, deben tomar en cuenta factores como la edad y el género y debe estar al alcance del amplio espectro de víctimas que se mencionó antes.
Por último, la declaración política debe destacar la importancia de que las víctimas participen de manera activa en todas las etapas de la planificación y la administración de un programa de asistencia destinado a ellas. Esto empodera a las víctimas y evita que se arraiguen o profundicen prejuicios contra estos grupos. Las víctimas también conocen con grado de expertos su propia situación. Con su participación genuina, habrá más posibilidades de que el programa sea eficiente y eficaz y la ayuda se destine allí donde más se necesite.
8. ¿Por qué una declaración política debería incluir el compromiso de recabar y compartir datos desglosados?
La declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas, como muchas otras declaraciones políticas sobre cuestiones relativas a los conflictos armados, debe estipular un compromiso claro de reunir y compartir datos desglosados[18]. Los datos deben comprender la incidencia de uso, los tipos de armas utilizadas, la naturaleza y el alcance de los daños causados a las víctimas, la destrucción de infraestructura y edificios civiles y otros efectos directos, indirectos y de reverberación.
Los datos recabados y compartidos deben desglosarse adecuadamente. Los datos sobre víctimas y otras formas de daños a civiles deben organizarse, como mínimo, según la edad, el género y el tipo de daño causado. También deberían analizarse según la raza, el origen étnico, discapacidad y condición económica. Desglosar los datos ayudaría a establecer si ciertas categorías de personas sufren perjuicios de manera desproporcionada por el uso de armas explosivas en zonas pobladas y de qué manera ocurre esto. Al identificar esto, se podrían definir respuestas adaptadas a esas categorías específicas, y esto ayudaría a que el mecanismo de asistencia a las víctimas sea más sólido y eficaz.
Los datos reunidos y compartidos podrían aplicarse para definir medidas que respondan a los daños existentes y prevengan otros adicionales. Llevar a cabo un seguimiento de las víctimas y otros impactos sociales ayudaría a conocer más sobre el problema y esto se usaría para desarrollar programas de asistencia a víctimas que sean eficaces. La recopilación y el intercambio de estos datos también servirían para identificar a las víctimas y rendir homenaje a los sobrevivientes reconociendo su sufrimiento. La información con la que se cuente acerca de la naturaleza del uso de las armas explosivas puede dar indicios sobre cómo los Estados podrían optimizar la protección de los civiles al implementar los compromisos de prevención de la declaración política.
A su vez, el compromiso de recabar y compartir información facilitaría el seguimiento de la declaración política y favorecería su cumplimiento[19]. Permitiría que se realice una evaluación genuina de los avances en la implementación y la eficacia de la declaración en el tiempo. Contribuiría a promover la rendición de cuentas entre los Estados, al crear más incentivos para que honren sus compromisos. Podría allanar el camino para que en el futuro se adopten soluciones incluso más eficaces.
9. ¿Cuáles son los beneficios de organizar reuniones anuales de seguimiento para analizar la declaración política?
Asumir un compromiso claro de celebrar reuniones anuales relativas a la declaración política redundaría en varios beneficios[20]. En primer lugar, este sería un foro en el que podrían presentarse y analizarse los datos reunidos sobre la situación del problema y los adelantos conseguidos en el objetivo de abordarlo. Las reuniones brindarían un marco para analizar la pertinencia de la declaración política y de su implementación, así como para evaluar si se requieren medidas adicionales para ponerla en práctica o fortalecerla. Además, los Estados estarían en condiciones de intercambiar mejores prácticas y enseñanzas extraídas con respecto a la eficiencia de otros compromisos.
En segundo lugar, acordar realizar futuras reuniones, al igual que el compromiso de recabar e intercambiar datos, facilitaría las acciones de seguimiento y la implementación. La posibilidad de que haya reuniones periódicas instaría a los Estados que hayan respaldado la declaración a que cumplan algunas metas antes de rendir informes a sus pares. Asimismo, esas reuniones permitirían identificar a los Estados que necesitan asistencia internacional para cumplir los compromisos políticos que asumieron. La continuidad en la colaboración normalizaría los principios expuestos en la declaración.
En tercer lugar, las reuniones de seguimiento brindan a los Estados la posibilidad de atender cuestiones de las que no tuvieron el tiempo ni la voluntad política de ocuparse durante el proceso de redacción de la declaración. Por ejemplo, en futuras reuniones, los Estados interesados podrían analizar la posibilidad de crear otros acuerdos que complementen la declaración.
Por último, celebrar reuniones en lo sucesivo favorecería la universalización, al instar a nuevos Estados a respaldar la declaración política y brindar un ámbito en el que podrían hacerlo.
A fin de que sean lo más provechosas posibles, las reuniones deberían tener una frecuencia anual. Esta periodicidad ayudaría a que el uso de armas explosivas en zonas pobladas siga siendo un tema que despierta interés y se mantenga el ímpetu de las iniciativas orientadas a bordar esta cuestión. Por otra parte, contribuiría a que no haya demoras en la implementación de la declaración, como las que surgen cuando los Estados necesitan asistencia o tienen preguntas sobre aspectos de interpretación o implementación, entre otros.
Las reuniones que se celebren en el futuro deben ser inclusivas, con la participación de actores estatales y no estatales, y tanto de los Estados que han dado su respaldo al instrumento como de los que no lo han hecho. Entre los actores no estatales deben estar presentes organismos de la ONU, el CICR, otras organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y personas sobrevivientes. Esta comunidad de práctica aportaría perspectivas heterogéneas que facilitarían el análisis de datos, el seguimiento de la implementación y el cumplimiento, y el ulterior desarrollo de la declaración.
[1] Para consultar un análisis detenido de los componentes de las declaraciones políticas vinculados con la realización y las consecuencias de los conflictos armados, ver en general Human Rights Watch y Harvard Law School International Human Rights Clinic (IHRC), A Commitment to Civilians: Precedent for a Political Declaration on Explosive Weapons in Populated Areas, noviembre de 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/201911arms_ewipa.pdf. Ver además Human Rights Watch e IHRC, “Analysis of the Draft Elements of a Political Declaration on the Use of Explosive Weapons in Populated Areas”, febrero de 2020, https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/ewipa_pdresponse_feb2020.pdf; Human Rights Watch e IHRC, “Analysis of the Draft Political Declaration on the Use of Explosive Weapons in Populated Areas”, abril de 2020, https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/202004arms_ewipa_pd_accessible.pdf.
[2] Algunas declaraciones políticas relacionadas con los conflictos que tienen una estructura similar son la Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015, la Declaración de Compromiso para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos de 2013 y los Compromisos de París para Proteger a los Niños y Niñas Reclutados o Utilizados Ilícitamente por Fuerzas Armadas o Grupos Armados de 2007.
[3] Para un análisis más detenido de estas medidas, consultar las preguntas 7 a 9 más adelante.
[4] Human Rights Watch y IHRC, A Commitment to Civilians, págs. 1 y 2.
[5] Article 36 y PAX, “Explosive Weapons with Wide Area Effects and Risk to Civilians: A Background Note to the Consultations on a Political Declaration on Explosive Weapons in Populated Areas”, febrero de 2020, http://www.inew.org/wp-content/uploads/2020/02/Wide-area-effects-1.pdf (consultado el 30 de abril de 2020), pág. 2.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
[8] Ver, por ejemplo, “Devastadores efectos de las armas explosivas para los civiles”, comunicado de prensa de Human Rights Watch, 6 de febrero de 2020, https://www.hrw.org/es/news/2020/02/06/devastadores-efectos-de-las-armas-explosivas-para-los-civiles.
[9] Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativos a la Protección de Víctimas de Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), adoptado el 8 de junio de 1977, 1125 U.N.T.S. 3, en vigor desde el 7 de diciembre de 1978, art. 51(4-5).
[10] Ver, en general, Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (Department of Foreign Affairs and Trade), Irlanda, “Protecting Civilians in Urban Warfare, Written Submissions: 10 February 2020 Consultations”, https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/informalconsultationswrittensubmissions/written-submissions---10-february-2020-consultations.php (consultado el 30 de abril de 2020); Ray Acheson, Reaching Critical Will, “Impacts, not Intentionality: The Imperative of Focusing on the Effects of Explosive Weapons in a Political Declaration”, 14 de febrero de 2020, https://reachingcriticalwill.org/news/latest-news/14658-impacts-not-intentionality-the-imperative-of-focusing-on-the-effects-of-explosive-weapons-in-a-political-declaration.
[11] Human Rights Watch e IHRC, “Analysis of the Draft Political Declaration on the Use of Explosive Weapons in Populated Areas”, abril de 2020, https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/ewipa/HRW-IHRC-Written-Submission---17-March-2020.pdf, pág. 8.
[12] Ver, en general, Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (Department of Foreign Affairs and Trade), Irlanda, “Protecting Civilians in Urban Warfare, Written Submissions: 10 February 2020 Consultations”; Acheson, “Impacts, not Intentionality”.
[13] Article 36, “Rejecting Calls to Address Only the ‘Indiscriminate Use’ of Explosive Weapons in Populated Areas”, febrero de 2020, http://www.article36.org/wp-content/uploads/2020/02/A-rejection-of-indiscriminate-use.pdf (consultado el 1 de junio de 2020).
[14] Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, 18 de septiembre de 1997, en vigor desde el 1 de marzo de 1999, art. 6(3); Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada el 30 de mayo de 2008, en vigor desde el 1 de agosto de 2010, pmbl., arts. 5 y 6(7).
[15] Por ejemplo, los Compromisos de Oslo sobre la Violencia Armada de 2010 “reconocen los derechos de las víctimas de la violencia armada de una manera no discriminatoria, lo que supone, entre otras cosas, facilitarles una atención y rehabilitación adecuadas, así como su inclusión social y económica”. A través de la Declaración de Compromiso para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos de 2013, los Estados expresan su determinación de “proporcionar una asistencia y una atención mejores y más completas y oportunas, incluida una atención sanitaria y psicosocial que aborde las consecuencias a largo plazo de la violencia sexual en los conflictos, para las víctimas femeninas, masculinas e infantiles y sus familias, incluidos los niños nacidos a consecuencia de la violencia sexual”. La Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015 incluye el compromiso asociado de “contribuir al restablecimiento de las instalaciones educativas”.
[16] Según Humanity & Inclusion, la declaración política debería referirse de manera expresa a las “personas gravemente heridas, sobrevivientes, familiares de personas asesinadas y/o heridas y comunidades afectadas”. Humanity & Inclusion, “Written Submission on Victim Assistance for Political Declaration on Explosive Weapons”, 6 de diciembre de 2019, https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/ewipa/Humanity-and-Inclusion-Paper-Written-Submission---18-November-2019.PDF (consultado el 30 de abril de 2020), pág. 3.
[17] Ibíd., págs. 3 y 4; ver también Humanity & Inclusion, Victim Assistance in the Context of the Use of Explosive Weapons in Populated Areas: Recommendations for a Future Political Declaration, agosto de 2016, https://hi.org/sn_uploads/document/L-assistance-aux-victimes-dans-le-contexte-de-l-utilisation-d-armes-explosives-en-zones-peuplees_en_1.pdf (consultado el 1 de junio de 2020), págs. 10-12.
[18] Otras declaraciones políticas con compromisos en materia de recopilación de datos son la Declaración de Compromiso para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos de 2013, a través de la cual los Estados se comprometieron a “[a]lentar y mejorar la reunión segura y ética de datos y pruebas en relación con los actos de violencia sexual cometidos en los conflictos, para su utilización en las respuestas nacionales e internacionales”, y los Compromisos de Oslo sobre la Violencia Armada de 2010, en los cuales los Estados acordaron “trabajar con transparencia en la medición y el monitoreo de la incidencia y el impacto de la violencia armada a nivel nacional y subnacional”.
[19] Para un análisis más profundo sobre seguimiento y control del cumplimiento, ver la pregunta 9 más abajo.
[20] Además de esta, hay varias declaraciones políticas que han incluido el compromiso de celebrar reuniones de seguimiento. La Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015 establece que la respalden deben “reunirse en forma periódica, invitando a organizaciones internacionales y de la sociedad civil relevantes, a fin de examinar la implementación de esta declaración y el uso de las directrices”. En la Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo de 2006, los Estados se comprometen a “continuar apoyando esta iniciativa en todos los foros que resulten apropiados y a volver a reunir[se] a más tardar en 2008 para evaluar nuestro progreso en la consecución de estas metas”. La Declaración del G9 sobre la Prevención de la Violencia Sexual en los Conflictos de 2013 indica que “los ministros reconocieron la necesidad de que se insista en esta cuestión y se realice un examen atento de la implementación de los compromisos anteriores”.
