Los hechos que terminaron con 47 muertos y 75 heridos el 1° de mayo en la cárcel Los Llanos en Guanare, en el estado Portuguesa, son otro alarmante recordatorio de las nefastas condiciones carcelarias que las autoridades venezolanas siguen sin resolver.
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, el hacinamiento, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de los guardias permiten que los líderes de pandillas armadas, llamados pranes en Venezuela, ejerzan habitualmente el control efectivo de las cárceles. Las Naciones Unidas han informado que la infraestructura carcelaria está plagada de ratas e insectos, y que los detenidos no siempre tienen acceso a luz natural, comida ni agua. El uso excesivo de la prisión preventiva —que representa el 63 % de la población penitenciaria del país— agrava la sobrepoblación, que ahora expone a numerosos detenidos al riesgo de contraer Covid-19.
La cárcel Los Llanos, donde actualmente hay 2500 personas a pesar de tener capacidad para 750, no es ninguna excepción.
La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, afirma que el gobierno está investigando señalamientos de que un pran de la cárcel obligó a otros reclusos a atacar los puestos de seguridad del penal. Los presos habrían sido abatidos al ingresar irregularmente a una zona controlada por la Guardia Nacional Bolivariana, afirmó la ministra. En los sucesos resultaron heridos el director del centro penitenciario y una teniente de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sin embargo, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que las muertes ocurrieron luego de que los presos protestaron porque no les entregaban los alimentos que sus familias les llevaban, que es la forma en que se alimentan habitualmente los internos. En Venezuela hay niveles crecientes de desnutrición, también entre la población penitenciaria.
Hasta el 4 de mayo, las autoridades venezolanas no habían dado un recuento definitivo sobre cuántas personas murieron ni habían informado sobre el estado de las investigaciones para determinar qué ocurrió exactamente durante el motín. Apenas 26 familias habían recibido los cuerpos de sus seres queridos, según el OVP. Muchas familias no pueden desplazarse hasta la morgue por la falta de combustible, las restricciones a la circulación debido a la Covid-19 y el elevado costo que supone ese traslado.
Las autoridades venezolanas son responsables por lo que ocurre dentro de las cárceles, donde los reclusos se encuentran bajo su custodia. Tienen la obligación de tratar a los detenidos con dignidad, usar la fuerza de manera proporcional como último recurso y solo recurrir a la fuerza letal cuando sea absolutamente necesario para evitar la muerte o graves lesiones. Los responsables de abusos deben ser llevados ante la justicia.
En Venezuela, donde las autoridades actúan como si fueran impunes ante la falta de independencia judicial del país, es muy difícil imaginar que pueda haber justicia para estas víctimas y tantas otras que murieron en centros penitenciarios en los últimos años. Justamente por ello, es indispensable que la sociedad civil y los organismos internacionales que se ocupan de investigar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela sigan documentando los hechos, estableciendo qué ocurrió efectivamente y exigiendo justicia. De lo contrario, los responsables de estas muertes nunca responderán por sus actos.
