La Comisión de Derechos Inalienables del Departamento de Estado de los Estados Unidos debería reafirmar los compromisos internacionales de derechos humanos y abstenerse de invocar la libertad de religión como justificativo para permitir violaciones de los derechos de mujeres, niñas y personas LGBTQ, señalaron 167 importantes activistas y organizaciones de derechos humanos de 28 países en una carta enviada hoy a la Comisión.
La Comisión de Derechos Inalienables es un órgano consultivo creado por el secretario de Estado Mike Pompeo en julio de 2019 para brindar asesoramiento sobre derechos humanos en la política exterior de Estados Unidos. Ha concitado la preocupación de muchos expertos, que creen que Estados Unidos pretende reescribir de manera unilateral obligaciones de derechos humanos que ya han sido acordadas y establecer una jerarquía de derechos.
El Center for Reproductive Rights, Human Rights Watch, International Women’s Health Coalition y otras organizaciones y activistas de todo el mundo expresaron que la Comisión debería priorizar los derechos de todas las personas a la salud y el bienestar, sin discriminación, y reconocer que los derechos reproductivos se encuentran claramente establecidos en el derecho internacional. Estos derechos son esenciales para la dignidad y el bienestar de las personas y no debe considerarse que merecen menos protección que otros derechos humanos.
“El gobierno de Trump ha empleado habitualmente la libertad de religión como herramienta de discriminación contra mujeres, niñas y personas LGBTQ”, expresó Françoise Girard, presidenta de la International Women’s Health Coalition (IWHC). “La Comisión de Derechos Inalienables es un intento nefasto de crear una jerarquía de derechos y negar derechos fundamentales a las personas más marginadas del mundo. Esta politización de los derechos humanos internacionales genera un peligroso precedente y empodera a los gobiernos regresivos de todo el mundo a elegir selectivamente qué obligaciones de derechos humanos cumplir según su ideología política, un cambio que tiene graves consecuencias para mujeres y niñas”.
En palabras del secretario Pompeo, el objeto de la Comisión es distinguir entre los derechos “inalienables” y los denominados derechos ad hoc, una señal alarmante de lo que se propone la Comisión. Estos temores se ven confirmados por el nombramiento de comisionados que, en su trayectoria anterior, se han opuesto al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a los derechos humanos de las mujeres y a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero y queer. Las audiencias públicas de la Comisión tampoco han disipado los temores, ya que los comisionados se han referido reiteradamente a la primacía de la libertad de religión por sobre otros derechos.
“La Comisión se creó indebidamente como otro intento vergonzoso de este gobierno de eliminar las garantías establecidas en las normas internacionales de derechos humanos a los derechos sexuales y reproductivos”, expresó Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights. “Los derechos reproductivos son derechos humanos. Estos intentos del Departamento de Estado de EE. UU., a través de la Comisión, de escoger discrecionalmente qué derechos Estados Unidos está dispuesto a reconocer y priorizar, amenazan con menoscabar las garantías para las mujeres, las personas LGBTQ y otras comunidades marginadas y vulnerables en todo el mundo”.
Los instrumentos y mecanismos de derechos humanos, muchos de ellos ratificados por EE. UU., consagran claramente derechos fundamentales que son universales, interdependientes e indivisibles. Al sembrar dudas sobre décadas de avances en el derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Trump encubre a quienes pretenden que haya un retroceso en las garantías esenciales para mujeres, niñas, personas LGBTQ y minorías en todo el mundo, señaló la carta, por lo que se insta a Estados Unidos a defender todos los derechos humanos, y no solo aquellos que concuerdan con una ideología política muy restrictiva.
Si bien es un derecho fundamental, la libertad de religión se ha usado cada vez más como pretexto para discriminar, en particular con graves consecuencias para mujeres, niñas y personas LGBTQ. Por ejemplo, en todo el mundo hay proveedores de atención de la salud que se niegan sistemáticamente a brindar servicios de salud críticos —como la atención del aborto, anticoncepción y servicios que reafirman la identidad de género— al sostener que va en contra de sus convicciones personales. Con este objetivo, el gobierno de Trump promueve el derecho de libertad de religión en el ámbito de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en un intento por seguir limitando los derechos sexuales y reproductivos.
“Han sido muchas las oportunidades en las que el gobierno de Trump actuó para cercenar los derechos de la mujer, y esta Comisión pretende disimular la discriminación insidiosa que existe en todo el mundo contra mujeres y niñas que pretenden ejercer sus derechos humanos y acceder a los servicios de salud que necesitan”, señaló Amanda Klasing, codirectora interina de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Redefinir algunos derechos y, por consecuencia, a algunas personas como ‘menos iguales’ no hace más que acentuar la desigualdad, la inseguridad la injusticia”.