(Nueva York, 14 de abril de 2020) – Los gobiernos deben adoptar medidas urgentes para prevenir la propagación de la COVID-19 y cuidar de los más afectados sin sacrificar los derechos humanos en ese proceso, señaló hoy Human Rights Watch. En su nueva lista de verificación de 40 preguntas sobre la crisis de COVID-19, Human Rights Watch busca orientar a los gobiernos en su respuesta a los desafíos que plantea la pandemia.
La propagación del nuevo coronavirus, identificado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China, ha afectado salud, las libertades y los medios de subsistencia de las personas, y ha dado lugar a una crisis de derechos humanos de alcance global. La nueva lista brinda un marco para que las políticas que se adopten en respuesta reconozcan la necesidad de mitigar el perjuicio causado por el confinamiento y otras disposiciones de “distanciamiento social” y abordar las secuelas económicas de la pandemia para los más necesitados.
“La COVID-19 plantea un inmenso desafío para la salud pública y, al mismo tiempo, una oportunidad de abordar cuestiones de derechos humanos que llevan mucho tiempo postergados”, apuntó Akshaya Kumar, directora de incidencia en contextos de crisis de Human Rights Watch. “Para atender la crisis, las políticas deben reconocer que la salud de nuestras comunidades depende de cuál sea la situación de sus miembros más vulnerables”.
La lista de verificación, elaborada a partir de las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en todo el mundo, establece la estructura básica de una respuesta a la que se ha dado un enfoque deliberadamente intersectorial, y aborda las necesidades de los grupos más expuestos a riesgos, incluidas las personas que viven en situación de pobreza, minorías étnicas y religiosas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGBT, migrantes, refugiados y niños y niñas.
Al 13 de abril de 2020, 210 países y territorios han confirmado casos del virus. Asimismo, hay dos millones de casos confirmados a nivel mundial y se sabe que 119 000 personas han muerto por la enfermedad.
Las respuestas de los gobiernos a la crisis han incluido restricciones generalizadas a derechos como las libertades de circulación, expresión y reunión. Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que en situaciones de graves riesgos para la salud de la población y emergencias públicas que amenazan la vida de una nación, pueden estar justificadas las restricciones a algunos derechos. Pero deben tener un fundamento legal, ser estrictamente necesarias, basarse en evidencias científicas, no aplicarse de manera arbitraria ni discriminatoria, tener una duración limitada, respetar la dignidad humana, ser susceptible de revisión y resultar convenientes para lograr su objetivo.
La eficacia de las medidas para prevenir la propagación del virus requiere que los gobiernos mantengan informado al público y reduzcan los obstáculos a las pruebas, el tratamiento y la atención. Mientras algunos gobiernos han negado que exista una crisis, otros han ampliado el acceso a la información y la atención de la salud.
Ante las indicaciones de que las restricciones establecidas por el país obstaculizarían la respuesta a la COVID-19, Etiopía desactivó la cancelación indiscriminada del servicio telefónico y de internet en la región occidental de Oromía y, de este modo, puso fin a un corte masivo que llevaba ya tres meses y posibilitó que las comunidades accedieran a información indispensable para preservar la vida. En Portugal, el gobierno ha anunciado que atenderá a las personas con solicitudes de residencia y asilo en trámite en igualdad de condiciones con los residentes permanentes hasta el 30 de junio, y esto les permitirá recibir atención de la salud en el sistema nacional. Un funcionario en Pakistán se comprometió públicamente a ayudar a las personas transgénero durante la pandemia, con el fin de eliminar los obstáculos a la atención.
Las medidas de gestión de crisis que respeten los derechos deben tomar en cuenta las consecuencias económicas de la COVID-19, y las acciones que resulten necesarias deben adoptarse en forma acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Si bien muchos de los programas económicos adoptados a raíz de la COVID-19 han dejado de lado a los trabajadores del sector informal, algunos países han dado pasos importantes para asegurar alimentos, agua y vivienda a las poblaciones en riesgo.
En Sudáfrica, el gobierno nacional ha reclamado a los municipios que dejen de cortar el suministro de agua por falta de pago y distribuye agua con camiones cisterna en asentamientos informales y otras comunidades necesitadas. Al reconocer el papel de la vivienda en la respuesta a la crisis response, Argentina, Australia, Irlanda y muchos otros gobiernos han anunciado medidas para frenar los desalojos.
Aunque algunos gobiernos han impuesto políticas abusivas, otros han procurado definir una respuesta equilibrada y proporcionada a la crisis. Debido a las restricciones a la circulación, las autoridades de salud de Inglaterra y Escocia han permitido el uso domiciliario de una píldora abortiva para las etapas iniciales de la gestación.
Aunque algunos gobiernos no han actuado para contrarrestar abusos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad que supervisan el cumplimiento de las medidas de cuarentena o confinamiento, otros han respondido imponiendo medidas adecuadas a los responsables. En Uganda, policías obligaron a mujeres a desnudarse supuestamente por haber incumplido el toque de queda. En Sudáfrica, varios niños resultaron heridos cuando policías que vigilaban que se cumpliera el confinamiento dispararon a un hombre frente a su vivienda. En ambos casos, las autoridades se comprometieron a procesar y castigar a los agentes responsables.
El distanciamiento social ha sido reconocido ampliamente como un factor clave para combatir la rápida propagación de la COVID-19. Sin embargo, los gobiernos necesitan políticas para abordar los perjuicios que traen aparejados las medidas de confinamiento y las órdenes de permanecer en casa, como extender el apoyo psicosocial (de salud mental), asegurar la continuidad del aprendizaje de niños y niñas pese al cierre de escuelas, y contrarrestar al agravamiento de la violencia en el hogar y contra las minorías.
Francia ofrece 20 000 noches de alojamiento gratuito a víctimas de violencia en el hogar y está alentando a las personas a pedir ayuda de manera discreta usando una palabra clave en las farmacias. En Italia, el epicentro del brote en Europa, el gobierno creó un programa de apoyo psicosocial de alcance nacional. Australia anunció una línea específicamente para ayudar a las personas a “mantenerse saludables durante el coronavirus”. Ante una retórica progresivamente xenófoba en relación con la transmisión de la COVID-19, se ha señalado que las fuerzas policiales del Reino Unido comenzaron a investigar presuntos esfuerzos por difamar a la comunidad musulmana alegando que propagan de manera deliberada la COVID-19.
Los ejemplos de políticas positivas en la lista de verificación no son prescriptivos, sino que tienen por propósito mostrar opciones que siguen abiertas y disponibles para los gobiernos en su lucha contra la pandemia, destacó Human Rights Watch.
“Aunque ninguna respuesta ha sido perfecta, es importante reconocer que los gobiernos de todo el mundo están actuando para proteger la salud pública y respetar los derechos humanos”, opinó Kumar. “De todas maneras, si no media un esfuerzo meticuloso para mejorar la situación de quienes están más en riesgo, a las sociedades no les resultará sencillo recuperarse una vez contenida la enfermedad”.
