Estas acciones por parte de las empresas, que agravan la pérdida de empleos de los trabajadores a través de despidos y ceses temporales, son contrarias a las responsabilidades de derechos humanos de las marcas detalladas en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y en la Guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre debida diligencia para una gestión responsable de la cadena de suministro para las industrias de producción de ropa y calzado. Muchas fábricas proveedoras en Asia tienen problemas de liquidez y no pueden pagar los salarios de los trabajadores y otras compensaciones debido a las acciones de las marcas.
“Estos son tiempos extraordinariamente desafiantes pero, las marcas de ropa que enfrentan decisiones comerciales difíciles para superar la crisis del coronavirus no deberían abandonar a los trabajadores de las fábricas que confeccionan sus productos de marca”, dijo Aruna Kashyap, asesora legal sénior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Todas las marcas deberían adoptar medidas para minimizar las devastadoras consecuencias económicas para los trabajadores del sector textil y sus familias que dependen de estos ingresos para sobrevivir”.
Human Rights Watch entrevistó a 11 fabricantes y expertos de la industria, incluidos representantes de marcas, sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las fábricas en Bangladesh, Myanmar, Camboya y otros países asiáticos; revisó comunicaciones por correo electrónico de representantes de marcas de ropa a sus proveedores globales, y entrevistó a grupos que defienden los derechos de los trabajadores.
La pandemia del COVID-19 ha provocado la caída en picado de las ventas de marcas de ropa y minoristas. Muchos han cerrado sus tiendas minoristas para controlar la propagación del virus. Mientras abordan esta crisis, algunas marcas y minoristas se han aprovechado de prácticas de compra injustas, que Human Rights Watch puso en evidencia en un informe de abril de 2019, “Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly” (“Ambiciones peligrosas”), que propician los abusos laborales.
En marzo de 2020, varios fabricantes de distintos países dijeron a Human Rights Watch que muy pocas marcas asumen alguno de los riesgos comerciales cuando realizan sus pedidos. El ex gerente de una fábrica de ropa en Camboya dijo que, según su experiencia, las marcas generalmente imponen todos los términos y condiciones de pago sin margen de negociación. Las grandes marcas y minoristas no hicieron pagos por adelantado y tenían plazos de pago más amplios después de que los productos fueran enviados.
Por el contrario, las marcas pequeñas y medianas con las que la fábrica trabajaba negociaron mejores condiciones, pagaron hasta el 30 por ciento del precio de la orden de compra en el momento de la adquisición de las materias primas y liquidaron los pagos restantes en un plazo de una semana o 10 días después de la entrega o terminación de la orden.
Los pagos por adelantado y los plazos de pago más reducidos permiten a los proveedores mantener un mejor flujo de caja, lo que afecta su capacidad de pagar los salarios a tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de las marcas y minoristas no ofrecen dichos términos de pago: el informe índice global independiente Better Buying para calificar las prácticas de compra de marcas y minoristas de finales de 2018 mostró que el 73 por ciento de los proveedores que respondieron la encuesta dijeron que las marcas y minoristas con los que hicieron negocios no ofrecían pagos por adelantado ni ofrecían condiciones de pago favorables.
Durante la crisis del COVID-19, muchas marcas y minoristas globales han hecho las siguientes demandas, pidiendo a los proveedores que sean “flexibles” y “comprensivos”:
- Han cancelado pedidos de productos que los trabajadores ya habían terminado.
- Han cancelado pedidos de productos que los trabajadores estaban produciendo en esos momentos.
- Han pedido descuentos para productos ya enviados y cuyos pedidos se remontan a enero.
- No han asumido ninguna responsabilidad financiera ni especificado cuándo se realizarán los pagos, incluso en los casos en que los pedidos ya se habían realizado o estaban en proceso de ser entregados.
Un estudio realizado el 27 de marzo por el Centro para los Derechos Globales de los Trabajadores (CGWR, por sus siglas en inglés) y el Consorcio de los Derechos del Trabajador (WRC, por sus siglas en inglés) sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en Bangladesh informó que de los 316 proveedores bangladesíes que respondieron a la encuesta, los proveedores dijeron que más del 95 por ciento de las marcas y los minoristas se negaron a contribuir al costo de los salarios parciales para los trabajadores que fueron cesados temporalmente, o de las indemnizaciones para los que fueron despedidos.
De acuerdo con los Principios Rectores de la ONU, junto con la Guía de debida diligencia de la OCDE sobre producción de ropa y calzado, las marcas deben cumplir la debida diligencia de derechos humanos para identificar y mitigar los riesgos que puedan causar o contribuir a los problemas de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Esto incluye “evaluar” impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos, “integrar y actuar en función de los hallazgos”, “hacer un seguimiento de las respuestas”, “comunicar cómo se abordan los impactos” y comprometerse externamente a “tomar conciencia y demostrar” que están tomando medidas efectivas.
Hasta ahora, el Grupo H&M, Inditex (Zara y otras marcas) y Target USA han tomado medidas en la dirección correcta. Estas y probablemente otras compañías se han comprometido a recibir los bienes ya producidos o en producción y pagarlos según lo acordado previamente.
Más marcas deberían tomar medidas similares para garantizar un trato justo a los trabajadores, incluido el pago de salarios y otras compensaciones, y minimizar la pérdida de empleo, recomendó Human Rights Watch. Cerca de 200 inversionistas institucionales han instado a las empresas a mantener intactas sus relaciones con los proveedores en la medida de lo posible y a realizar pagos puntuales y fiables a sus proveedores.
Algunas marcas mundiales están transformando sus cadenas de suministro para producir equipos de protección personal, entre ellos guantes y mascarillas, con fines médicos. Las marcas y los gobiernos deberían continuar apoyando a los trabajadores que producen suministros médicos esenciales asegurándose de que también reciban el equipo de protección personal adecuado y sigan las pautas de salud y seguridad ocupacional emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, la producción de equipo de protección personal no generará suficiente empleo alternativo para todos los trabajadores. En Bangladesh, aproximadamente un millón de trabajadores ya han sido despedidos o cesados temporalmente, la mayoría de los cuales no recibió los salarios u otros pagos que se les debía bajo las leyes locales. En Myanmar, 20.000 trabajadores ya han perdido sus empleos y un experto de la industria estimó que hasta 70.000 trabajadores del sector textil podrían quedarse sin trabajo en una semana. En Camboya, una estimación proyectaba que 200.000 trabajadores de la confección podrían perder sus empleos.
Estos gobiernos no tienen la capacidad financiera para proporcionar paquetes de ayuda económica como los anunciados por los gobiernos occidentales. Los donantes y las instituciones financieras internacionales deberían centrarse en desarrollar e implementar planes para aliviar de inmediato la angustia económica y social de los trabajadores, y poner en marcha medidas a más largo plazo para brindar protección social a los trabajadores, señaló Human Rights Watch.
“Las marcas globales de ropa, los donantes y las instituciones financieras internacionales deberían combinar fuerzas y emprender esfuerzos urgentes con grupos de defensa de derechos laborales para ayudar a los trabajadores de bajos ingresos durante la crisis del COVID-19”, dijo Kashyap. “Pero también se necesitan medidas a más largo plazo: esta pandemia ha puesto de relieve que los esquemas de protección social para los trabajadores y las regulaciones obligatorias efectivas para frenar las prácticas comerciales desleales de las marcas en sus cadenas de suministro son un tema pendiente desde hace demasiado tiempo”.
