(Nueva York) – La propuesta de las Naciones Unidas y la Unión Africana de limitar el papel de protección de la ONU en Sudán amenaza la seguridad de los civiles en Darfur, señaló hoy Human Rights Watch. En un nuevo informe del Consejo de Seguridad que se espera se de a conocer el 17 de marzo de 2020, el secretario general de la ONU y el presidente de la Comisión de la UA propusieron que se excluyera la “protección física” de los civiles del mandato para una misión política y de consolidación de paz de relevo en Sudán.

Al autorizar una nueva misión de país para Sudán, el Consejo de Seguridad debería incluir unidades de policía armada que estén preparadas para proteger a los civiles, fuerzas de mantenimiento de la paz de reacción rápida que puedan responder de inmediato a las amenazas a medida que se presenten y equipos móviles de seguimiento de los derechos humanos que operen desde en Darfur, señaló Human Rights Watch.

“Darfur no es como el resto de Sudán”, expresó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad de la ONU debería reconocer que Darfur requiere una retirada más gradual y mantener en el terreno la presencia de seguridad de la ONU para proteger de manera activa a los civiles. Debido a violencia pasada y actual, los civiles allí no pueden confiar solamente en las fuerzas de seguridad sudanesas y siguen esperando protección de las fuerzas de mantenimiento de la paz”.

Está previsto que la actual misión de mantenimiento de la paz de la ONU/UA en Darfur, la UNAMID, se retire de Sudán para octubre de 2020, tras años de reducción progresiva como resultado de la presión del anterior gobierno de Sudán y de gobiernos occidentales deseosos de bajar costos. La misión cerrará las últimas 14 bases que le quedan y tiene previsto retirar a los 4040 militares y 2500 policías que todavía hay allí para el 31 de octubre.

Tras la destitución de Omar al-Bashir de la presidencia en abril de 2019, el nuevo gobierno de Sudán pidió a la ONU que postergara el retiro de la UNAMID. A comienzos de 2020, el gobierno envió dos cartas al Consejo de Seguridad pidiendo que autorizara una nueva misión política y de consolidación de la paz “de relevo” con alcance en todo Sudán. Aunque esas cartas sugerían que la nueva misión debería autorizarse conforme al Capítulo VI de la Carta de la ONU, también pidieron que la gestión “apoye la repatriación y reintegración de desplazados internos y refugiados”, la “protección de los civiles” y “el seguimiento de la situación de los derechos humanos y el incremento de las capacidades de las instituciones nacionales”.

Sin embargo, la propuesta planteada en el informe del Secretario General no incluye ningún tipo de personal uniformado para proteger a los civiles en Darfur, donde los riesgos siguen siendo significativos. El informe sugiere únicamente que haya algunos asesores policiales individuales que capaciten y apoyen a las autoridades sudanesas, e indicó que “[la protección de los civiles es] una responsabilidad del Sudán, si bien un mecanismo posterior a la UNAMID podría proporcionar apoyo en materia de asesoramiento y capacitación a las autoridades que tuvieran asignada dicha responsabilidad”. El informe sugiere que estos asesores deberían trabajar con “las fuerzas policiales sudanesas, los voluntarios de la policía de proximidad, las redes de protección de mujeres y otros asociados”.

Una versión anterior del informe del Secretario General reflejaba con mayor claridad las amenazas a la población civil, conforme lo indicaron a Human Rights Watch fuentes creíbles de la ONU. Los párrafos supuestamente eliminados reconocían de manera expresa que sería beneficioso para los focos de tensión en Darfur que siguieran teniendo presencia “unidades de policía constituidas” (fuerzas de policía armada que están autorizadas a responder a amenazas inminentes contra civiles) y “fuerzas de reacción rápida” (una fuerza de protección ligera integrada por agentes de mantenimiento de la paz). Los expertos plantearon estos elementos como la manera más adecuada de brindar protección en focos de tensión, incluso en el marco de una misión más general de apoyo a la transición política.

Persisten las amenazas a la población civil en todo Darfur, donde en 2003 se iniciaron ataques masivos dirigidos por el gobierno. Fuerzas gubernamentales y rebeldes han seguido combatiendo en la zona de Jebel Marra, donde la UNAMID centró sus actividades de protección desde 2018. El Grupo de Expertos sobre Sudán informó que las personas desplazadas en esa zona se han visto reiteradamente obligadas a abandonar sus hogares buscando seguridad y resguardo ante los enfrentamientos, y destacó que estos “múltiples desplazamientos” agudizaban los riesgos de agresión y violencia sexual.

Las fuerzas de mantenimiento de la paz en la base operativa temporal de UNAMID en Golo, establecida en 2018, han brindado albergue a personas desplazadas por los combates y en la zona de Jebel Mara en general. Desde noviembre de 2019, han realizado miles de patrullas para acompañar a organismos humanitarios y brindar mayor seguridad, incluso a campamentos para personas desplazadas, puntos de distribución de agua, áreas agrícolas y rutas migratorias.

Si bien el informe del Secretario General reconoce que el “continúan produciéndose nuevos desplazamientos en la zona de Golo”, no formula recomendaciones para dar una respuesta efectiva a esas necesidades una vez que se retire la UNAMID.

La violencia intracomunitaria, que suele verse exacerbada por la intervención de fuerzas gubernamentales, ha provocado decenas de muertes en los últimos meses. El 8 de marzo, elementos árabes nómades armados atacaron y quemaron gran parte de una aldea étnica zaghawa en la zona de Hijir Tonjur, lo cual obligó a huir a miles de pobladores, señalaron testigos. Muchos heridos no pudieron acceder a una atención médica adecuada, y según la UNAMID fueron asesinadas al menos una decena de personas.

En Al Geneina, Darfur Occidental, se desataron combates entre comunidades árabes y masalit en diciembre de 2019, seis meses después de que las fuerzas de la UNAMID se hubieran retirado de la base que tienen allí. Grupos árabes armados, incluidos miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido, de índole paramilitar, atacaron un campamento para desplazados internos y mataron a decenas de personas, incluidos niños, violaron a mujeres y niñas, destruyeron escuelas y quemaron casas, obligando a miles a huir. Hasta marzo de 2020, todavía había personas desplazadas alojadas en escuelas en Al Geneina. Residentes de Darfur Occidental dijeron a Human Rights Watch que creían que la presencia en el lugar de fuerzas de mantenimiento de la paz podría haber prevenido los hechos de violencia.

La propuesta destaca que estos “enfrentamientos entre comunidades en Darfur Occidental han puesto de relieve la preocupación por los problemas de seguridad que persisten en las

zonas de las que se ha retirado la UNAMID”.

 

Hemedti, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, se ha convertido en jefe adjunto del Consejo Soberano de Sudán, y esto podría hacer que los miembros de sus fuerzas se sientan alentados a atacar a civiles, apuntó Human Rights Watch. Miembros de la fuerza de Hemedti han estado implicados en la masacre del 3 de junio de 2019 en Khartoum y en numerosos ataques feroces contra civiles ocurridos en Darfur en los últimos cinco años, incluida una serie de violaciones sexuales en masa en la localidad de Golo, en Jebel Mara, durante 2015. Los responsables no han sido juzgados por estos delitos.

Los civiles que viven en campamentos de personas desplazadas en toda la región o en la periferia de emplazamientos de la UNAMID, como en Sortony, son particularmente vulnerables a los ataques de grupos armados debido a que no hay una presencia disuasiva de fuerzas internacionales, explicó Human Rights Watch.

En noviembre de 2019, mil personas desplazadas en Sortony expresaron su temor por la posibilidad de que tuvieran que regresar a su lugar de origen. El Grupo de Expertos sobre Sudán informó que “en muchos casos, los desplazados internos que reclamaban la legítima propiedad de sus tierras e intentaban volver a ellas fueron hostigados, amenazados, ahuyentados, agredidos y, a veces, asesinados, y las mujeres y las niñas fueron objeto de agresiones sexuales y violaciones”.

En el campamento Kalma en Darfur Meridional, la policía de la UNAMID ha sido la única fuerza en condiciones de patrullar la zona. En abril de 2019, intercedió entre facciones armadas rivales en el campamento y ayudó a apaciguar las tensiones latentes que ya habían provocado 16 muertos y 17 heridos.

En su communicado más reciente, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA instó a “extremar la cautela en la retirada de la UNAMID, a fin de dar continuidad a los logros conseguidos y evitar una recaída y un vacío de seguridad”.

“El Consejo de Seguridad de la ONU no tiene por qué aceptar las opciones limitadas que se proponen”, sostuvo Roth. “En vez, el Consejo de Seguridad debería establecer una misión de relevo que acompañe la transición en todo el país hacia un orden civil respetuoso de los derechos de las personas y la consolidación de la paz, y al mismo tiempo reconozca la necesidad de seguir protegiendo a los civiles en Darfur.”