Sin embargo, pese a esta disposición, los Estados miembros de la UE no defendieron de manera consistente los valores de los derechos, especialmente en la política migratoria, y como resultado, los inmigrantes y refugiados pagaron el precio más alto. Algunos estados miembros también trataron de bloquear la defensa de los principios fundamentales del derecho en el ámbito de la política exterior. Por otra parte, Human Rights Watch recomendó que es necesario tomar medidas más contundentes para afrontar los problemas de discriminación e intolerancia.
“Hemos visto signos positivos en 2019 de que la UE está dispuesta a poner en práctica los valores de derechos humanos en los que se fundamenta el bloque”, dijo Benjamin Ward, subdirector de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero el compromiso de la UE con los valores universales será poco convincente mientras sus gobiernos e instituciones sigan dando la espalda al sufrimiento de los inmigrantes y los solicitantes de asilo”.
En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.
En su capítulo sobre la Unión Europea, Human Rights Watch destaca la evolución de los derechos humanos en 10 Estados miembros y la trayectoria de los derechos sindicales en relación con la migración y el asilo, la discriminación y la intolerancia, el Estado de derecho, el terrorismo y el contraterrorismo, así como la política exterior del bloque.
Las instituciones de la UE y los Estados miembros prestaron mayor atención durante 2019 a las conductas que amenazan el Estado de derecho. La Comisión Europea tramitó causas contra Polonia y Hungría en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los ministros de la UE celebraron audiencias para evaluar un proceso de sanciones políticas contra ambos gobiernos. Los Estados miembros de la UE abordaron propuestas para fortalecer las garantías y la rendición de cuentas, incluso la posibilidad de vincular del acceso de los gobiernos miembros a los fondos de la UE en el próximo ciclo presupuestario con el respeto por el Estado de derecho.
A pesar de las divisiones internas y la obstrucción por parte de algunos Estados miembros, la UE y otros Estados desempeñaron un papel importante en el patrocinio y el apoyo a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para garantizar un monitoreo independiente sobre las crisis de derechos humanos en distintos países. La Comisión Europea mostró su disposición a utilizar los acuerdos comerciales para presionar por reformas de derechos humanos, y los ministros de Asuntos Exteriores de la UE mantuvieron sanciones específicas para pedir una rendición de cuentas a los responsables de abusos en varios países. Tanto antes como después de las elecciones de mayo de 2019, el Parlamento Europeo pidió que se reaccionara enérgicamente contra las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.
Por el contrario, el trato por parte de la UE y los Estados miembros a los inmigrantes y solicitantes de asilo en y dentro de las fronteras de la UE, así como el fuerte enfoque de la política exterior en contener la migración, corren el riesgo de socavar la credibilidad de la UE como defensor de los derechos humanos. Algunos países miembros llevaron a cabo devoluciones ilegales, y a veces violentas, en las fronteras exteriores de la UE y cooperaron con países como Libia para evitar que potenciales solicitantes de asilo llegasen a Europa, a pesar de la abrumadora evidencia de la brutalidad que enfrentan los inmigrantes, y su falta de capacidad para proteger a los refugiados o procesar las solicitudes de asilo.
Las instituciones de la UE y los Estados miembros no instituyeron operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo ni lograron acordar el plan de desembarque y reubicación promovido por Francia, Alemania, Italia y Malta. Algunos Estados miembros procesaron y vilipendiaron a organizaciones e individuos que brindan asistencia a los inmigrantes, incluso en el mar. Varios Estados, incluidos Alemania, Francia, Italia y Grecia, adoptaron medidas más restrictivas sobre el asilo y manifestaron su intención de aumentar la detención para facilitar el retorno de las personas a quienes se les negó el asilo.
Los partidos populistas de derecha radical lograron un discreto avance en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, subrayando las preocupaciones sobre la xenofobia dirigida a inmigrantes y refugiados. Judíos, musulmanes, romaníes y miembros de otras comunidades minoritarias son blanco de la intolerancia, violencia y discriminación en algunos Estados de la UE, con evidencia de un creciente antisemitismo. La discriminación también afecta a las mujeres, personas con discapacidad y personas transgénero y otros miembros de la comunidad LGBT en muchas partes de la UE. Una reacción violenta contra la igualdad de género y los derechos de la mujer en varios Estados amenazó los derechos reproductivos y los esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres.
Entre los acontecimientos específicos de cada país en la UE en 2019 cabe destacar las violentas devoluciones de inmigrantes por parte de la policía croata a Bosnia y Herzegovina; las desproporcionadas restricciones a la libertad de reunión pacífica y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes en Francia; los ataques contra refugiados y solicitantes de asilo en Alemania; y las condiciones inhumanas y degradantes en los campamentos de refugiados en las islas griegas, así como la detención de niños migrantes no acompañados en Grecia.
Otras preocupaciones incluyen la prohibición de taparse la cara en lugares públicos de los Países Bajos, que afecta a las mujeres musulmanas que usan velos completos; las medidas regresivas sobre los derechos de las mujeres y los ataques patrocinados por el gobierno contra las personas LGBT en Polonia; el derecho penal retrógrado en España, que permite a los violadores enfrentar cargos menores de abuso sexual si no hubo violencia o intimidación en el acto; e inquietudes entorno al impacto negativo y los riesgos para los derechos humanos derivados del proceso Brexit.
